El prefecto Costas le recordó su pasado terrorista a García Linera, que había llamado pillos a los involucrados. Postergan audiencia de los tres funcionarios de Fexpo para hoy.
Reunión. Los directores deliberaron por más de tres horas sobre la fecha de convocatoria a la máxima instancia cívica
Pablo Ortiz | El Deber
Politización. El prefecto Rubén Costas le recordó su pasado guerrillero a García Linera, que había llamado pillos a los involucrados. Rada pidió al fiscal que haya más detenciones. Exigen no ir a declarar a La Paz
El caso Rózsa se convirtió ayer en el centro de la arena política del país. El Comité pro Santa Cruz decidió convocar una Asamblea de la Cruceñidad para el martes 7 de julio por lo que considera ‘una práctica abusiva’ del fiscal que investiga el supuesto terrorismo en Santa Cruz, Marcelo Soza, que mandó a detener a tres funcionarios de la Fexpo, pese a que hay un conflicto de competencias entre jueces de Santa Cruz y La Paz. A esto se suma el cruce de declaraciones entre el vicepresidente, Álvaro García Linera, y el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y pronunciamientos sectoriales sobre este caso judicial que van desde exigencias de más detenciones hasta alusiones sobre la presunta opción sexual de las autoridades.
La noche del lunes, en la entrega de cheques a empresarios cruceños, García Linera aseguró que las personas que se involucraron en la preparación de ‘grupos separatistas que querían ensangrentar Santa Cruz’, iban a ser detenidas. Añadió que querían convertir los anillos uno y dos en trincheras armadas, de civiles enfrentándose a civiles cruceños. Acotó que Santa Cruz no necesita de cobardes que se escudan detrás de la institucionalidad para esconder sus aventuras personales. “Pero esta pequeña pandillita de vivos que quiere esconderse detrás de Santa Cruz no tiene derecho a levantar el nombre de Santa Cruz. Esos pillos no son Santa Cruz”, añadió.
Consultado al respecto, el prefecto Costas calificó de apresuradas las declaraciones de García Linera. Aseguró que las realizó porque el Gobierno está desesperado y nota que las encuestas muestran que su popularidad ha descendido. “El Vicepresidente es el único terrorista comprobado, que ha volado torres de energía eléctrica, gasoductos, robó la remesa de la Universidad de Cochabamba, además de cometer otros atracos a mineros en el altiplano paceño; pero no nos vamos a referir al historial de este tipo que lo que busca es seguir enfrentando», dijo. Añadió que si hoy está libre es porque hubo retardación de justicia.
Hace una semana, en una entrevista concedida a EL DEBER, el Vicepresidente, que reivindica su participación con el Ejército Guerrillero Túpac Katari, señaló que ‘son las paradojas de la vida’ que los que lo tildan de terrorista ahora estén bajo sospecha de haberse involucrado en terrorismo. “En todo caso me tienen sin cuidado sus críticas e intentan encubrir un hecho de involucramiento de ellos”, agregó.
Este cruce verbal desató una espiral de declaraciones de uno y otro bando. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, afirmó que García Linera no forma parte del Poder Judicial para ordenar la detención de nadie y que el fiscal Soza era un operador político-judicial del Gobierno.
El ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista David Sejas, que debía declarar ayer ante Soza, indicó que nadie debe comparecer ante el fiscal en La Paz y aseguró que quien lo haga será declarado ‘enemigo de Santa Cruz’.
Por su parte, el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Óscar Urenda, aseveró que los ‘únicos pillos’ son los del Gobierno y recordó la vinculación de Santos Ramírez con la corrupción en YPFB.
Por su parte, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Guido Nayar, que presentó un memorial para no declarar ante Soza hasta que se resuelva el problema de jurisdicción entre Santa Cruz y La Paz, manifestó que no había garantías para comparecer en La Paz, que la investigación está digitada por el Gobierno y que los que se presentan a declarar lo hacen porque temen a las amenazas de Soza de mandarlos a detener si no están en la indagatoria.
Desde La Paz, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, exigió al fiscal Soza que haga más detenciones. Calificó de insuficientes los arrestos de ‘algunos funcionarios’ y pidió atrapar a los supuestos cabecillas.
Por su parte, el diputado Gustavo Torrico (MAS), que forma parte de la comisión parlamentaria que investiga los supuestos hechos, aseveró que ya conocen los nombres de los presuntos ideólogos del grupo y que si aún no los han hecho público es porque están reuniendo las pruebas para solicitar su detención.
Bajo este contexto comenzó la reunión del directorio ampliado del Comité. Pese a que ya estaba anunciado que la principal medida iba a ser la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad (leer: Resolución cívica), los directores tardaron en ponerse de acuerdo en la fecha.
Un grupo numeroso quería llamarla para el jueves 2 de julio, mientras que otro más cauto prefería que sea el miércoles 8. Al final se acordó que sea el martes 7, para poder organizarla mejor y ‘controlar que no haya infiltrados’.
Durante la reunión, se pudo escuchar frases tales como “el pueblo está decidido si ve que nosotros estamos decididos” y “no estamos defendiendo personas, sino principios, pero si es necesario defender personas, lo haremos, porque este Gobierno odia a los autonomistas”.
También se pidió tener una coordinación más cercana con los grupos de barrio para asegurar su participación.
Resolución cívica
Considerando:
– Que el Gobierno naciona, a través de su operador político-judicial, el fiscal Marcelo Soza, sigue ejecutando acciones al margen de la nueva CPE y de las leyes, con el claro propósito de perseguir y encerrar a ciudadanos cruceños de forma abusiva por el solo hecho de pensar diferente.
– Que esta práctica abusiva conlleva a una indefensión total, provocando la ruptura del estado de derecho y las garantías constitucionales del país.
– Que al ser la libertad el bien jurídico más preciado por el ser humano, principio que está protegido por la Carta Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la declaración de Derechos Humanos de la ONU, por el pacto de San José de Costa Rica y todos los organismos internacionales, no puede ser vulnerado por decisiones políticas unilaterales.
– Que, según la nueva CPE, se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero contrariamente, el Gobierno central se ha dedicado a desarrollar una estrategia de terrorismo de Estado a través de algunos fiscales y jueces, que lo único que hacen es hostigar judicialmente al pueblo con el fin de acallar sus voces.
Resuelve:
1. Convocar la Asamblea Extraordinaria de la Cruceñidad, que se llevará a cabo el 7 de julio, a las 18:30.
2. Reafirmar nuestra indeclinable voluntad de defender los derechos humanos de los ciudadanos que están siendo perseguidos por el Gobierno centralista.
3. Manifestar nuestro repudio al constante abuso político judicial que promueve el Gobierno centralista contra los autonomistas.
Se afectan los derechos fundamentales
Manfredo Menacho / Subdecano de Derecho
En caso de que la jueza paceña acepte celebrar la audiencia cautelar de los funcionarios de Fexpocruz, este hecho ameritaría un amparo constitucional que debería ser presentado por sus abogados. Sucede que se está violentando la ley y el Código Penal con la celebración de esta audiencia. Las investigaciones de un supuesto hecho delictivo, según el Código de Procedimiento Penal y las leyes insternacionales, tienen que realizarse en los lugares donde sucedió el presunto delito. Sólo en segunda instancia, es decir una apelación, se puede llevar a otra jurisdicción.
En Santa Cruz, el juez Tapia Pachi ha asumido competencias para conocer los supuestos casos delictivos que cometieron Eduardo Rózsa y su presunto grupo, y lo mismo ha sucedido en La Paz con la jueza Betty Yañíquez. Por ello, cuando ambos admiten competencia para procesar el caso y remiten el conflicto a la Corte Suprema de Justicia para que ésta decida, ambos pierden su competencia sobre el caso hasta que salga una decisión. El fiscal puede seguir investigando, pero no puede detener, porque no está definida la competencia. Lo que veo es que esta investigación se está apartando de la legalidad y, con ello, se están afectando los derechos fundamentales de las personas.
Cívicos alistan protestas por las detenciones
Dirigentes cívicos no descartan movilizaciones y un proceso al fiscal Soza por abusos.
El Día
El Comité pro Santa Cruz en una reunión de directorio realizada anoche decidió convocar de emergencia a los dirigentes y representantes de las instituciones de Santa Cruz a la Asamblea extraordinaria de la cruceñidad, que se llevará a cabo este martes 7 de julio, a las 18.30 horas, en protesta por las detenciones vinculadas con el caso de presunto terrorismo.
Después de tres horas, el presidente cívico, Luis Núñez, leyó las conclusiones sin anunciar el tipo de medidas que se van a tomar, sin embargo, algunos dirigentes se inclinaron por realizar marchas de protestas, movilizaciones y acciones de tipo legal contra el fiscal que lleva adelante el caso, Marcelo Soza, por violentar el ordenamiento jurídico.
En el preámbulo de la declaración, los cívicos consideraron que las denuncias de violaciones a los derechos humanos formuladas ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas no han tenido ningún eco y por eso van a exigir que se respeten los derechos, como el del debido proceso y la jurisdicción y competencia pues los hechos ocurrieron en Santa Cruz y es aquí donde deben ser investigados.
Sobre el tema, el diputado de Podemos, Luis Vásquez, dijo ayer que el Gobierno está convirtiendo a La Paz en una especie de “Guantánamo”, una isla donde Estados Unidos tiene a sus prisioneros de guerra sin proceso legal.
Señaló que precisamente en La Paz, con la complicidad de fiscales de dudosa procedencia y jueces serviles han llevado a todos los opositores desde Pando, Tarija, Chuquisaca, Beni y Santa Cruz, tal vez con el único delito de ser opositores al Gobierno de Morales.
Asimismo, se anunció desde Ginebra, Suiza, el viaje de Estela Fernández, una delegada de la Asociación Boliviana de Derechos Humanos a fin de recibir la documentación sobre las violaciones a los derechos humanos, la persecución de la que son objetos en el oriente boliviano.
Postergan audiencia de los tres funcionarios de Fexpo para hoy
Politización. El fiscal Marcelo Soza decidió convocar nuevamente a Guido Nayar y Mauricio Roca, pese a que éstos observaron que hay un problema de jurisdicción
Negativa. La sala penal rechazó el recurso de cesación de detención, planteado por la defensa de Tadic (centro)
El Deber
Marco Chuquimia. La Paz
El fiscal que investiga el caso de presunto terrorismo en Santa Cruz, Marcelo Soza, imputó ayer a Mario Herrera Sánchez, Roberto Justiniano Áñez y Eduardo Sosa Chávez, todos funcionarios de la Fexpo, por supuesto terrorismo y su futuro será resuelto hoy por la juez Betty Yañíquez antes del mediodía. Esta determinación fue tomada pese a que el ayudante de campo de la Fexpo Eduardo Sosa accedió a declarar y aseguró que el que autorizó el traslado de los equipos del supuesto grupo terrorista presuntamente liderado por Eduardo Rózsa del stand de Fegasacruz a Cotas, fue Enrique Vaca Pedraza, que actualmente es buscado por la Fiscalía.
También prestó su declaración el empresario Asaad Daher, que fue visitado en su oficina por Rózsa ‘hace seis meses’. En dicho encuentro, el hombre abatido en el hotel Las Américas el 16 de abril le pidió ‘colaboración’ para la defensa de Santa Cruz. “Hubo un solo encuentro. Mi cliente recibió la visita y el señor Rózsa le pidió apoyo para la defensa de Santa Cruz. El señor Daher le dijo que Santa Cruz no necesitaba defenderse de nada ni de nadie y lo mandó a sacar con dos de sus empleados”, explicó el abogado Derrick Monroy al abandonar las oficinas del fiscal Soza.
Luego, el fiscal dijo que el Ministerio Público no encontró ‘suficientes elementos de convicción’ para instruir la detención. Admitió que lo único que tenía contra Daher era la declaración de Ignacio Villa Vargas, el delator del grupo de Rózsa, que afirmó que Rózsa le solicitó a Daher $us 150.000 para pagar el asesinato del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Soza dijo que esta declaración y ‘unos apuntes’ no alcanzan para cautelar a una persona, por lo que le informó a Daher de que debe asistir a cualquier otra convocatoria.
Los empresarios Mauricio Roca y Guido Nayar enviaron memoriales a Soza para hacer conocer que no declararán hasta que se defina la competencia jurisdiccional de este caso, que se disputan los jueces David Tapia Pachi (Santa Cruz) y Betty Yañíquez (La Paz) y que debe ser resuelto por la Corte Suprema. Pese a los memoriales, Soza los convocará para el 8 de julio.
Rechazan petición de libertar a Mario Tadic
La presidenta de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Distrito de La Paz, Blanca Alarcón, decidió rechazar el recurso de cesación de detención que había planteado la defensa del acusado de terrorismo Mario Francisco Tadic.
La presidenta del Juzgado y el vocal Ángel Aruquipa argumentaron que la defensa organizada por el abogado Gianni Prado fue ‘insuficiente’ y que se ‘extralimitó’ en los argumentos que expuso para lograr la libertad de su defendido.
Prado solicitó incluso la anulación de las pruebas que obtuvieron los organismos de seguridad del Estado del hotel Las Américas. Afirmó que los derechos de su cliente fueron violentados por las autoridades policiales y enumeró las mismas.
El allanamiento del hotel se produjo sin autorización judicial, ya que explicó que la Fiscalía afirma en su memorial de detención que ya había una denuncia el 14 de abril y por lo tanto debió haber un control jurisdiccional cuando se produjo el operativo el 16 de ese mes en el mencionado hotel.
Luego dijo que su cliente fue interrogado sin la presencia del cónsul de su país, puesto que Tadic tiene doble nacionalidad.