La autocrítica es siempre saludable, especialmente cuando la ineficiencia gubernamental se ve desnudada por una institución como el Banco Mundial, que es de la más alta credibilidad.
Editorial La Prensa
El Banco Mundial ha emitido recientemente “Los indicadores mundiales de buen gobierno” sobre el comportamiento de las administraciones gubernamentales en seis áreas fundamentales de cada uno de los países.
En lo que a Bolivia se refiere, estos indicadores son mayoritariamente desfavorables. Han caído de forma alarmante con relación a los años anteriores. Sólo en dos, participación y lucha contra la corrupción, han aumentado, aunque sin llegar a los mejores niveles que se registraron hace diez años y están todavía muy lejos de ser satisfactorios.
En normas y leyes, interpretado también como derechos, por ejemplo, nuestro país ha registrado una caída en picada. En 1998 estábamos por encima del 45 por ciento y diez años más tarde estamos en sólo el 12 por ciento. En estabilidad política el descenso fue también vertiginoso en una década: de 35 o 40 por ciento al 14,8 por ciento en 2008. En eficiencia gubernamental las cosas no son mejor. En diez años se bajó de 50 por ciento a sólo el 19 por ciento. En calidad reguladora, la situación bajó también como por un tobogán, de más de 60 por ciento en 1998 al 15,9 por ciento en 2008.
Los indicadores son altamente críticos. La lucha contra la corrupción, ese mal endémico de nuestra sociedad, tuvo un repunte en los tres o cuatro últimos años. Pero el índice sigue diciendo que estamos todavía aplazados, aunque se anuncia como consuelo que estamos en los mismos rangos de Perú, Argentina, la India o China. En Bolivia estamos en poco más del 38 por ciento y Argentina, por ejemplo, en poco más del 40 por ciento.
El Gobierno no debería estar satisfecho con esos indicadores que hablan mal de su gestión en dos terceras partes de su actividad. Muchos de los ministros creen que lo están haciendo muy bien, pero las encuestas reflejadas en el informe del Banco Mundial no son nada halagadoras. Ello debe llevar al Gobierno a una profunda reflexión sobre la forma en la que está administrando el país.
La autocrítica es siempre saludable, especialmente cuando la ineficiencia gubernamental se ve desnudada por una institución que es de la más alta credibilidad. Es posible que la reacción de las autoridades sea adversa. Que pongan a esta entidad como pusieron a otras en la otra orilla del río, acusándola de estar socavando su credibilidad.
Pero es hora de que el Gobierno se dé cuenta de que hay cosas que no las está haciendo bien. Que no está aislado del mundo donde se advierte, como ahora, que hay ojos puestos en su gestión. Que la crítica que se le hace no es por maldad, por oposición política o por restarle credibilidad de la sociedad civil, sino para que se corrijan ciertas políticas erradas que no hacen otra cosa que dañar al país y empañar su propia imagen.
Una mirada hacia atrás sobre lo que se hizo mal, sobre lo que se debe enmendar, Una revisión de todos los campos, le haría muy bien al Gobierno y, sobre todo, al país.