Un mínimo ejercicio de honestidad y coherencia ideológica debería hacer que el Gobierno apure el cambio de nombre de la plaza ubicada en el kilómetro 0, hasta hoy conocida Pedro Domingo Murillo.
Sub editorial La Razón
La constatación de que en aquel punto del territorio boliviano no se cumple la CPE, lleva a plantear tal extremo. Veamos.
El artículo 21 de la Nueva Constitución Política del Estado, aquella por la que hizo campaña el Gobierno, señala, en sus parágrafos 4 y 5, que “las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos; a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano”. Son dos derechos civiles.
Además, el inciso III del artículo 14, de la misma CPE, establece que “el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”.
Más allá de las leyes, el Gobierno se muestra en el mundo como un auténtico defensor de los derechos humanos y un férreo crítico de la discriminación.
Sin embargo, los hechos demuestran de que en el corazón del poder político, aquello no se cumple, porque el Gobierno ha convertido a la plaza Pedro Domingo Murillo en un espacio al que sólo pueden acceder únicamente los militantes del oficialismo. Nadie que tenga la apariencia de un disidente puede expresar sus ideas en aquel espacio de los bolivianos; en cambio, los dirigentes de los sindicatos, del partido de gobierno o de los pueblos originarios, tienen licencia para expresarse como consideren ellos.
Y, claro, la Policía Boliviana es el instrumento de los gobernantes para que aquella instrucción se cumpla sin falla alguna.
Ayer, por ejemplo, un aspirante a la presidencia quiso expresar su homenaje al Bicentenario del Grito Libertario de 1809; pero no se lo permitieron, lo echaron con uso de la violencia.
Como la plaza Murillo es prohibitiva para quienes no sean masistas desde hace mucho; el Gobierno debería cambiarlo de nombre, en medio de un ritual andino. Si no lo va a hacer, entonces, que cumpla la CPE.