Ya hay un borrador de informe de unas 2.500 páginas. Soza anuncia aprehensión de ex dirigentes unionistas. Cívicos de Beni y Santa Cruz alientan a los citados a no presentarse en la ciudad de La Paz.
Llegada. Marco Antonio Herrera, gerente general de la Fexpo, fue recibido por sus familiares, que lo llevaron a su domicilio
El Deber
Marco Chuquimia/Pablo Ortiz
Investigación. Ya hay un borrador de informe de unas 2.500 páginas. Ayer, dos ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista piden que el fiscal se aparte del caso para que vuelva a la jurisdicción de Santa Cruz
La Comisión Especial que investiga el supuesto caso de terrorismo en Santa Cruz llegó al final de su trabajo y el presidente de la misma, César Navarro, afirmó que ya tiene un proyecto de informe final que contiene las declaraciones de 25 personas que acudieron a esta instancia y el resumen de 2.500 páginas de documentos que fueron enviadas a la misma desde la Fiscalía, las instituciones y las propias personas que declararon. El anuncio coincidió con el traslado a Santa Cruz de los personeros de Fexpocruz que están imputados por este supuesto hecho y con la recusación del fiscal que investiga el caso, Marcelo Soza, por parte de ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista.
Según Navarro, hay elementos para empezar a elaborar el informe final. Añadió que Soza debió enviar ayer los correos electrónicos de las personas con las que Eduardo Rózsa, presunto líder de la supuesta célula terrorista, se comunicaba en Bolivia. Sin embargo, el criterio de la oposición no es el mismo. Bernardo Montenegro advirtió que Navarro habla a título personal y que debe ser el pleno de la comisión la que defina este hecho. Su colega Marisol Abán (MNR) advierte que llevan dos semanas esperando que la Fiscalía les remita los archivos informáticos y que considera que aún no hay elementos para elaborar el informe. Navarro, por su parte, aclaró que no le han enviado los archivos porque la Cámara de Diputados no compró los dos discos duros de un terabytes que le pidió la Fiscalía.
Para el diputado oficialista, resta convocar a declarar al denominado consejo supremo de la defensa autonómica, cuyos nombres ya están en poder de los miembros de la Comisión y que falta la reunión para definir estos temas.
Por otro lado, Francisco Echazú, abogado de los ex dirigentes de la UJC David Sejas y Alfredo Saucedo, presentó una recusación contra Soza ante la Fiscalía de La Paz. Argumentó que existe conflicto de competencias y que el proceso debe ventilarse en Santa Cruz.
“Hemos presentado la impugnación al Fiscal de Distrito y hasta que no se defina pedimos la nulidad de las citaciones. El fiscal tenía el domicilio procesal y no nos comunicó nada y nosotros creemos que la jurisdicción para tratar este tema es Santa Cruz porque allá se produjeron los hechos y los implicados también están allá”, dijo el abogado defensor.
Sin embargo, la Fiscalía de Distrito no comunicó esta recusación al fiscal Soza, que aseguró que seguirá con las investigaciones.
Echazú admitió que Sejas conoció a Rózsa, pero no como líder de un presunto grupo, sino como corresponsal de la BBC.
Añadió que hasta el momento, de las declaraciones que revisó, ninguna de las personas los menciona a sus defendidos como los reclutadores del grupo de Eduardo Rózsa, y que incluso Ignacio Villa Vargas, el testigo clave de la Fiscalía, ni siquiera lo menciona.
El letrado aseveró que sus defendidos respetan la norma y según su criterio las personas deben declarar y ser investigadas en Santa Cruz y no renunciará a esta decisión. Adelantó que la defensa “tiene una estrategia definida” y que la aplicará en todo el proceso. Para el profesional, el proceso es más político que jurídico y por eso se producen las aprehensiones sin mayores justificaciones.
Soza no descartó, nuevamente, citar al prefecto Rubén Costas y al ex líder cívico Branko Marinkovic, pero reconoció que fue un error de su parte anunciar la convocatoria del titular de la Federación de Empresarios Privados de Bolivia, Gabriel Dabdoub, de quien no tiene ningún indicio.
Apelarán la detención domiciliaria
El abogado Abel Montaño, que representa a los tres funcionarios de Fexpocruz que están imputados por supuesta colaboración al presunto grupo terrorista abatido el 16 de abril en el hotel Las Américas, señaló que presentará una apelación ante la Corte Superior de Distrito de La Paz para conseguir la libertad irrestricta de Marco Antonio Herrera, gerente general; y de Roberto Justiniano, gerente de Operaciones, que tienen arresto domiciliario ordenado por la juez Betty Yañíquez.
Ambos ejecutivos llegaron anoche a Santa Cruz junto a Eduardo Sosa, ayudante de campo de la Fexpo, a quien Yañíquez le permitió defenderse en libertad, con la condición de que el primer día de cada mes se presente a firmar el libro de la Fiscalía de La Paz.
Los detenidos tuvieron que esperar más de una hora en el aeropuerto Viru Viru hasta que sus escoltas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen llegaron para conducirlos a su domicilio.
Montaño aseguró que esperará a que pase la vacación judicial para presentar su apelación, ya que considera que se están violando los derechos fundamentales de sus defendidos a la libre locomoción y al trabajo.
Por su parte, el fiscal Soza se confesó satisfecho con la sentencia de Yañíquez, ya que considera que sus imputados no están libres. Para Montaño, sus defendidos demostraron que quieren cooperar con la investigación al presentarse a declarar pese al conflicto de competencias que existe y deben quedar en libertad.
Oficializan convocatoria a Asamblea
El Comité pro Santa Cruz oficializó la convocatoria para la Asamblea Extraordinaria de la Cruceñidad que se celebrará el 7 de julio. Según el gerente del Comité, José Orlando Moro, la máxima instancia cívica tiene como objetivo defender los derechos de los ciudadanos a la libertad y denunciar ante el país y la comunidad internacional las reiteradas violaciones a los derechos humanos contra algunos ciudadanos cruceños.
Por otro lado, ayer David Sejas y Alfredo Saucedo se refugiaron en la sede de la Unión Juvenil Cruceñistas, situada en el mismo inmueble del Comité pro Santa Cruz, y aseguraron que si el fiscal Marcelo Soza quiere citarlos o tomarles declaraciones deberá concurrir a ese lugar.
Voceros del Comité aclararon que ambos ex dirigentes están refugiados en la Unión Juvenil Cruceñistas y no en el Comité Cívico.
Por su parte, Soza los amenazó con mandarlos a detener si no se presentan a declarar en La Paz, ya que se trataría de su tercera citación. «Toda persona tiene la obligación de cooperar con la justicia como señala la ley. Por consiguiente, como esos señores no acataron la citación, se emitirá (un mandamiento de) aprehensión para que no se rehúsen a la justicia”, anunció Soza.
Soza anuncia aprehensión de ex dirigentes unionistas
CÍVICOS • De Beni y Santa Cruz alientan a los citados a no presentarse en la ciudad de La Paz.
La Razón
El fiscal Marcelo Soza, que investiga el caso terrorismo, anunció ayer que en las próximas horas emitirá mandamientos de aprehensión contra los ex miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, David Sejas y Alfredo Saucedo, debido a que no se presentaron a declarar en La Paz por el caso Rózsa.
En tanto que los ex dirigentes pidieron que sus declaraciones sean tomadas en instalaciones del Comité Cívico pro Santa Cruz, en la capital cruceña, donde dijeron que se encuentran.
“Las personas que no se presenten van a ser aprehendidas porque es un mandato de la ley, no lo digo yo, lo dice la ley”, sostuvo Soza, quien añadió que no conoce la recusación que habrían presentado en su contra los ex dirigentes unionistas.
“Hemos tomado la firme decisión de no asistir a La Paz a prestar nuestras declaraciones, de ahora en adelante si el gobierno de Evo Morales y si Soza quieren conocer nuestras declaraciones, quieren saber la verdad, que venga aquí a la casa de los cruceños, aquí lo vamos a esperar; no nos estamos declarando en la clandestinidad, no nos vamos a declarar refugiados políticos, pero estamos acá en la casa moral de los cruceños”, dijo Sejas.
Sejas y Saucedo estaban convocados para declarar ayer sobre una supuesta implicación en el reclutamiento de gente para el presunto grupo de terroristas liderado por Rózsa; ambos enviaron a su representante legal para informar que no se presentarían mientras no se resuelva el conflicto de competencia que se planteó sobre este caso.
En horas de la noche, la jueza Betty Yañíquez determinó el arresto domiciliario de los gerentes de Comercialización de la Fexpocruz, Mario Herrera, y del General, Roberto Justiniano, en la capital cruceña; el asistente de campo ferial, Eduardo Sosa Chávez, recibió libertad con medidas sustitutivas y garantes. Volvieron a Santa Cruz vía aérea.
Los cívicos del oriente se unen
Los presidentes del Comité Cívico del Beni, Jorge Llapiz, y del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Núñez, instruyeron ayer a los supuestos involucrados en el caso terrorismo a no trasladarse a la ciudad de La Paz.
“No debieran ir ninguno de los que están perseguidos, por dos motivos: la comisión multipartidaria que investiga el caso, no es cabeza del Ministerio Público y existe un paralelismo con la investigación que realiza el fiscal (Marcelo) Soza”, expresó Llapiz. Núñez dijo que las declaraciones del vicepresidente Álvaro García “evidencian la injerencia que tiene en el fiscal Soza asignado a este caso”.
García pidió ayer en Santa Cruz “colaboración a los dirigentes en un tema que tienen que esclarecer, quien no estuvo involucrado (…) no tiene que temerle a nada, no tiene por qué estar preocupado de nada´.
En La Paz, el viceministro de Coordinación, Sacha Llorenti, pidió a Núñez no impedir las declaraciones porque “incurre en el delito de encubrimiento”.