La complicidad de los pobladores en los pasos de frontera es otro inconveniente para quienes deben cumplir esta misión. Las extensas fronteras, casi todas desguarnecidas, y la falta de medios y de voluntad gubernamental hacen que el contrabando golpee la economía.
Editorial La Razón
El contrabando es uno de los males endémicos que en Bolivia no ha podido ser controlado por ningún gobierno, aunque todos se han puesto como meta —y como oferta electoral — acabar con ese mal que nos convierte en un paraíso para adquirir bienes de consumo baratos y enseres de todo tipo, además de vehículos, pero que afecta el prestigio nacional por el lavado de dinero sucio que campea en ese negocio. Por si fuera poco, el contrabando provoca una competencia desleal con el comercio legalmente establecido en el país y acaba matándolo.
El tráfico ilegal de vehículos, principalmente desde el puerto chileno de Iquique, y el de ropa usada, por citar dos ejemplos emblemáticos, ha hecho que se constituyan verdaderos gremios de contrabandistas que adquieren cada día mayor poder económico y, desde hace un tiempo, están logrando el respaldo de comunidades enteras en el altiplano del país.
Según una investigación realizada por La Razón, sólo en el año 2008, comerciantes bolivianos compraron 867,3 millones de dólares en mercadería en la Zona Franca Industrial de Iquique. La mayoría de esa inversión ingresó de forma ilegal a Bolivia. Esto difiere con informaciones que se han obtenido de ex altos funcionarios de la Aduana Nacional que hablan de 900 millones de compras en diversas zonas francas o de fuentes de la Cámara de Despachantes de Aduana que opinan que la suma llega a 700 millones de dólares.
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La mencionada investigación periodística revela que los contrabandistas reciben el respaldo de las comunidades, cuyos pobladores conocen de artimañas para alertas a los contrabandistas. Detrás de éstos se encontrarían incluso alcaldes y dirigentes.
Sea como sea, es evidente que el contrabando se ha ido incrementando en el último tiempo, aunque también se debe reconocer que la Aduana Nacional ha multiplicado sus esfuerzos para mejorar las recaudaciones que son consecuencia del pago de obligaciones por parte de los importadores legales, como por los operativos realizados a los contrabandistas.
Algunos expertos sostienen con datos objetivos que las importaciones legales y el comercio de productos internos han sido afectados severamente por los contrabandistas, quienes son responsables de las grandes pérdidas de empleos y naturalmente de recaudaciones para el Estado. Opinan estas fuentes que sin una “voluntad política” firme el contrabando no se va a detener y esa voluntad no se la percibe.
Aparentemente, los esfuerzos que realiza el Control Operativo Aduanero (COA) no son suficientes, por su escasa dotación de efectivos y de recursos con los que debe enfrentar a avezados contrabandistas que ingresan al territorio nacional amparados en la oscuridad de la noche y dispuestos a cometer cualquier atropello o delito para no ser interceptados por el COA. Los contrabandistas burlan los caminos apartándose de ellos, y se lanzan a campo traviesa haciendo posible que la mayoría de los vehículos puedan sortear a los controles. La complicidad de los pobladores en los pasos de frontera es otro inconveniente para quienes están encomendados a cumplir con su difícil misión.
Las extensas fronteras, casi todas desguarnecidas, y la falta de medios y de voluntad gubernamental hacen que el contrabando golpee la economía nacional y que su solución esté lejana.
