La juez Betty Yañíquez traslada obrados a Porvenir. Dice que esto no beneficia al ex prefecto Fernández. Diputados del MAS la amenazan con proceso.
LA DETENCIÓN • El ex prefecto Leopoldo Fernández en la audiencia del 18 de septiembre del 2008 en la Anapol.
La juez Betty Yañíquez traslada obrados a Porvenir. Dice que esto no beneficia al ex prefecto Fernández. Anuncian juicios y un conflicto.
La Razón
La juez Betty Yañíquez dividió el caso de la masacre de Porvenir en dos jurisdicciones al establecer que su determinación de trasladar obrados del caso a Cobija beneficia a tres imputados y no al ex prefecto Leopoldo Fernández, quien —en su criterio— debe asumir defensa de las acusaciones en su contra, en La Paz.
Según la juez, los ex funcionarios de la Prefectura Hugo Mopi, Edwin Ventura y el oficial mayor del municipio de Porvenir, Roberto Rea Ruiz, podrán asumir defensa en Porvenir. “El recurso sólo se aplicaría para Mopi, Ventura, Rea Ruiz y no para Fernández, porque su defensa no presentó este recurso”, aclaró.
Para el abogado de la defensa de los tres imputados beneficiados y de Fernández, Jhonny Castelú, la decisión de la juez Yañíquez también debe beneficiar a Fernández, quien —dijo— debería ser trasladado a Pando para asumir defensa en el juzgado de la población de Porvenir.
El constitucionalista Carlos Alarcón explicó que una situación de estas características genera un conflicto jurisdiccional de competencia. No es posible, precisó, que “una jurisdicción (juez) quiera imputar a unos acá (La Paz) y a otros allá (Porvenir)”.
Yañíquez aclaró que esta decisión se enmarca dentro de sus atribuciones y respondió a una resolución de la Corte de Distrito de Pando. No obstante, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el oficialista René Martínez, anunció un juicio contra la juez si se confirma que ordenó el traslado de obrados.
En esta misma línea, el fiscal del caso, Félix Peralta, aseguró que el proceso continuará radicando en La Paz.
La defensa de las víctimas de los hechos de violencia de Porvenir, Mary Carrasco, denunció que el traslado del expediente carece de legalidad, pues fue sacado del Juzgado fuera de los horarios de trabajo y sin la autorización de la juez Betty Yañíquez.
Carrasco inició un juicio al secretario del Juzgado, José Luis Quiroga, por robo y traslado de los expedientes. La audiencia de medidas cautelares será hoy.
Castelú aseguró que no se vulneró las normas vigentes.
ANTECEDENTES
Juicio • El 11 de septiembre del 2008 se registró, en Porvenir (Pando), hechos de violencia que terminaron con la muerte de al menos 13 personas, la mayoría campesinos. Se inició un juicio que radica en La Paz.
Detención • Se detuvo al entonces prefecto Leopoldo Fernández, quien es acusado de ser parte de los hechos de violencia y sus consecuencias. Fernández se encuentra detenido en el penal de San Pedro.
Diputados investigará a juez Yañíquez por enviar obrados
LOS ARCHIVOS DEL CASO PORVENIR ESTÁN EN PANDO
Un secretario judicial está detenido porque supuestamente llevó las fojas sin seguir las normas.
La Prensa
La Comisión de Constitución de Diputados iniciará una investigación sobre la supuesta remisión irregular de los obrados de la masacre del 11 de septiembre a Porvenir por instrucción de la juez Betty Yañíquez, quien ayer reconoció haber autorizado esa transferencia. Un secretario judicial está detenido porque supuestamente hurtó esos documentos.
El presidente de la Comisión de Constitución, René Martínez, proporcionó la información y advirtió que, de encontrarse “fallas” en el trámite de remisión, la juez Séptima de Instrucción en lo Penal, Yañíquez, se “expondría a sufrir un proceso”.
El legislador consideró además que cualquier “anormalidad en el proceso daría paso a solicitar, desde La Paz, la devolución de los obrados a la Corte de Distrito de Pando”. El caso fue abierto hace diez meses, tras la muerte violenta de al menos 12 personas afines al oficialismo (nueve campesinos y tres normalistas) en la localidad de Porvenir.
Entre los sospechosos de haber organizado esa masacre están el ex prefecto pandino Leopoldo Fernández, detenido el 16 de septiembre y recluido preventivamente en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.
Yañíquez instruyó el envío de los documentos porque el 9 de abril la defensa del ex alcalde de Porvenir Edwin Ventura y otros dos detenidos en febrero, Vilma Venegas y Dilson da Silva, presentaron en el Juzgado de Porvenir una petición de libertad. Por ello, el caso fue radicado en ese distrito judicial. Según la defensora de los normalista muertos junto con los campesinos el 11 de septiembre, Mary Carrasco, el traslado de los obrados “es una jugada de Fernández para evitar que el juicio sea en el distrito de La Paz”.
El reconocimiento
Por su parte, Yañíquez reconoció este miércoles que el 24 de abril autorizó el traslado de los siete obrados del caso de la masacre del 11 de septiembre, incluido el de Fernández, pero negó haber autorizado al secretario del Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar, José Luis Quiroga, que lleve los obrados a Pando.
Este funcionario está detenido y comparecerá en las siguientes horas en una vista judicial en la que se determinará su libertad o si será enviado preventivamente a la cárcel de San Pedro.
Quiroga aseguró que Yañíquez le había dado la autorización para viajar a Pando con los obrados. Es más, sostuvo que la Juez le ayudó la noche del jueves a precintar los documentos y que salió con ella y una secretaria del edificio de la Corte de Distrito para tomar un taxi que los llevaría a sus respectivas casas.
Carrasco dijo que Quiroga y la secretaria (cuyo nombre se desconoce) viajaron a Cobija el viernes y que el fin de semana estuvieron en Brasilea (ciudad brasileña ubicada el frente de la capital pandina) y que el lunes entregaron los obrados.
Según la Red Erbol, la juez de Instrucción de Porvenir, María Eugenia Romero, confirmó ayer que las carpetas procesales del caso de la masacre fueron remitidas a su despacho en las horas precedentes por determinación de su colega de La Paz, Betty Yañíquez.
Mary Carrasco acusa a Castelú
La defensa de los normalista muertos en la masacre de Porvenir, del 11 de septiembre de 2008, Mary Carrasco, acusó ayer al abogado de Leopoldo Fernández, Jhonny Castelú, de haber pagado los pasajes de avión y la estadía del secretario judicial que llevó los obrados de ese caso a la Corte de Distrito de Pando, con sede el Cobija.
De acuerdo con esa versión, el secretario del Juzgado Séptimo, José Luis Quiroga, y una secretaria (no identificada) hurtaron los documentos la madrugada del sábado y luego se fueron a Cobija en avión, cuyos pasajes los pagó Castelú, quien además “canceló (la cuenta de) el hotel en Cobija”. El abogado no pudo ser contactado por este medio porque tenía el celular apagado.