La propia Constitución reconoce que sólo el Poder Judicial es el facultado para imponer sanciones a cualquier delito. La función castrense comienza en defender al país de una agresión externa y termina en su respaldo al mantenimiento del orden constitucional.
Editorial La Razón
No pueden pasar inadvertidas las disparidades que hubo en los discursos que el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, almirante José Cabas, pronunciaron a su turno en la sesión de honor del Congreso por los 184 años de la Independencia de Bolivia, que se desarrolló en Sucre el 6 de agosto, y en la parada cívico-militar que se realizó en homenaje a la institución castrense en Oruro, un día después.
En Sucre, la capital, se vieron las dos caras de la moneda. En principio un Vicepresidente aguerrido, amenazante, implacable y devastador frente a la oposición. “Quiero que sepan, los hemos derrotado, y los vamos a derrotar las veces que sea necesario”, proclamó. Minutos después, un Presidente conciliador alentaba a la unidad entre bolivianos. “Mi convocatoria a los sectores opositores a trabajar juntos para garantizar este proceso de cambio”. Llamó a terminar con el egoísmo y sectarismo y confesó que siente que en el país “no estamos preparados para trabajar igual entre todos”, para lo que invitó al diálogo.
Un día después, en Oruro, el almirante Cabas dejó en claro que la institución bajo su mando es parte del proceso que está liderado por el Gobierno. Sin embargo, estableció que las FFAA tienen como principio de que “en esta época de cambio es necesario unir la esencia boliviana, haciendo conciencia de que cambiar no es destruir; todo lo contrario, es ejercitar el esfuerzo para fortalecer esa esencia para que así, los actos individuales y colectivos aseguren como norma la supervivencia y desarrollo del país”.
A diferencia del jueves, en Oruro el presidente Morales pidió al Alto Mando castrense que las FFAA “no pueden perdonar a grupos separatistas, a la cabeza de algunos cívicos en Bolivia, a la cabeza de algunos prefectos”.
En 24 horas el Jefe de Estado pasó de la conciliación al enfrentamiento. Mencionó que las FFAA, según la Constitución Política del Estado, tienen la misión fundamental de “defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido…”.
Desde estos puntos de vista, el Mandatario instó a las FFAA a “poner (en) orden” a quienes estarían en afanes separatistas. Y fue más allá al expresar: “Comandante de las tres fuerzas de las Fuerzas Armadas… a quien piensa dividir Bolivia: castigo severo. Está en manos de ustedes, comandantes, y, si no lo hacen, el pueblo los juzgará”. No es misterio que en Bolivia existe fuerte polarización cívico-política, realidad que seguramente es la que induce a los militares a que demanden la “unidad”.
Tiene también relevancia el hecho de que el Comandante en Jefe hubiera advertido que “cambiar no es destruir”. La constatación diaria es que la institucionalidad del Estado —con el debilitamiento del Poder Judicial y de la fiscalización legislativa y de la Contraloría General de la República— se halla desfalleciente.
En cuanto a que el Presidente pida a las FFAA que procedan al “castigo severo” de los presuntos actos separatistas, la propia Constitución reconoce que sólo el Poder Judicial es el facultado para imponer sanciones a cualquier delito. La función castrense comienza en defender al país de una agresión externa y termina en su respaldo al mantenimiento del orden constitucional.