Encuesta sobre el consumo de coca

laRazon Si el Gobierno quiere preservar a la coca como patrimonio natural y cultural, debe llevar adelante una encuesta amplia, seria y técnica, para contar con una fotografía completa, una que permita reducir drásticamente el desvío de la hoja al narcotráfico.

Editorial La Razón

Desde el primer día de agosto se realiza una encuesta para establecer la cantidad de hoja de coca que consume la población boliviana. La investigación estadística se prolongaría por un año y abarcará a 11.000 hogares elegidos aleatoriamente en todo el país. Según las declaraciones del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, el trabajo será ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La directora de este organismo, Martha Oviedo, dijo en aquella oportunidad que previamente se identificará el número de hogares urbanos y rurales donde se consume coca. “Será por muestreo, se elegirá aleatoriamente los lugares para (efectuar) la encuesta”, expuso la autoridad.

Desde entonces, no se conocieron más datos técnicos de la encuesta que tiene el objetivo de sentar las bases para la política sobre la coca, protegida por la Constitución Política del Estado aprobada en enero de este año.

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Dicha encuesta es parte del llamado Estudio del Mercado de la Hoja de Coca, con el que el Gobierno pretende, finalmente y al cabo de varios intentos fallidos, definir los límites para su cultivo legal en diversas zonas del país. No es un trabajo más. Es, por el contrario, fundamental para la nueva realidad cocalera.

Hoy, la coca es sinónimo de extrema sensibilidad. Veamos: el Gobierno la defiende como un patrimonio de las naciones originarias, pero entre sus bases son más evidentes las discrepancias. Los cocaleros de Yungas critican a los del Chapare y éstos a aquéllos. Esta hoja es esencial en los rituales andinos, pero también es materia prima de la cocaína. Y en el contexto político internacional, el Estado Plurinacional de Bolivia tiene posición opuesta a la que la ONU mantiene hasta ahora sobre la coca.

Por todo aquello llama la atención el cómo se está realizando dicha encuesta. No se conoce el cuestionario que se aplicará ni la población consultada, ni el área geográfica en que será ejecutada.

Lo que sí se sabe es que las entrevistas se harán, como lo ha dicho la directora del INE, en los hogares donde se consume coca. Es decir, con aquello se puede dar por seguro que tendrá un resultado favorable para los fines que persigue el Gobierno. Hasta por sentido común, esta investigación debe ampliar su universo hacia la población boliviana joven y adulta, sin discriminación.

A diferencia de un trabajo cuando menos decente, la encuesta parte de dos premisas: el estudio del mercado legal de la coca debe legalizar la producción de la hoja en 20 mil hectáreas, para cambiar la Ley 1008 que permitía sólo 12 mil hectáreas.

El otro prejuicio es que el 62,2% de la población boliviana “tiene la costumbre de acullicar coca”. Esto, según el viceministro Cáceres, significa que si un estudio hecho en 1976, cuando la población rondaba los 4 millones de habitantes, permitió fijar el tope de 12 mil hectáreas, el que se realiza ahora dará aval a 20 mil.

Según un reciente informe del organismo especializado de la ONU, los cultivos de coca en Bolivia aumentaron a 30.500 hectáreas, aunque circulan versiones que indican cifras más altas.

Si el Gobierno quiere preservar a la coca como patrimonio, debe llevar adelante una encuesta amplia, seria y técnica, para contar con una fotografía completa, que permita reducir drásticamente el desvío de la hoja al narcotráfico.