El Ejecutivo formalizó el pedido para procesar a tres magistrados y cuatro conjueces para destrabar la investigación del caso de supuesto terrorismo.
Anuncio: los ministros Héctor Arce, Alfredo Rada, Walker San Miguel y Celima Torrico, ayer en el Palacio
Gobierno busca destrabar caso Rózsa con un juicio a supremos
DIPUTADOS ANALIZAN AUTORIZAR PROCESO A TRES MAGISTRADOS Y CUATRO CONJUECES
Beatriz Sandoval y Rosario Canedo dijeron que la Suprema no consideró el conflicto de competencia.
La Prensa
En procura de que el proceso se destrabe y continúe en La Paz, el Gobierno solicitó autorización a la Cámara de Diputados para someter a juicio de responsabilidad a tres magistrados y cuatro conjueces de la Corte Suprema por haber dispuesto que Santa Cruz resuelva el conflicto de competencia por el caso Rózsa.
El Órgano Ejecutivo presentó ayer la demanda correspondiente ante la Cámara de Diputados para procesar a Beatriz Sandoval, Rosario Canedo y José Luis Baptista, así como los conjueces Elizabeth Maldonado, Daysi Careaga, Fernando Cuéllar y Eduardo Arteaga.
Los siete son acusados de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
Los ministros de Justicia, Celima Torrico; Defensa, Walker San Miguel; Gobierno, Alfredo Rada, y Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y los viceministros de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, y Justicia, Cecilia Rocabado, hicieron el anuncio ayer en el Palacio Quemado.
El origen del conflicto de competencia es un recurso planteado por el ex presidente cívico de Santa Cruz Branko Marinkovic para que la investigación por el caso de presunto terrorismo separatista sea llevada a efecto por un “juez natural”, que sea de Santa Cruz, donde perpetró acciones la célula irregular liderada por Eduardo Rózsa Flores.
Rocabado explicó que la demanda responde a la “solicitud ilegal que hiciera Branko Marinkovic sin ser imputado dentro de la denuncia presentada por Saúl Ávalos por un atentado contra su domicilio”.
Añadió que “el juez Luis Hernando Tapia Pachi admitió esta solicitud y pidió a la Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz su alejamiento e inhibitoria del caso en la investigación que sigue por el atentado a la residencia del Cardenal”.
La Viceministra expuso así una de las razones en las que se fundamenta la acusación, admitir un recurso presentado por una persona ajena al proceso, para que la juez Betty Yañíquez ceda la causa a Tapia Pachi.
La administradora de justicia, dijo Rocabado, “se declaró competente para el conocimiento de la causa y remitió los obrados a la Corte Suprema, cuando por mandato del artículo 311 del Código de Procedimiento Penal debieron ser enviados a la Corte Superior de La Paz”.
La magistrada Rosario Canedo retrucó ese argumento al afirmar que “la juez Yañíquez debió haber entregado el expediente a la Corte de Santa Cruz, acogiéndose al artículo 311 del Código de Procedimiento Penal, que es el distrito donde el juez ha prevenido”, o sea que conoció en primer término la investigación.
El Gobierno aduce que la investigación de Tapia Pachi se refiere al atentado perpetrado contra el actual viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos, el 29 de marzo, y no a la explosión del 15 de abril en la residencia del cardenal Julio Terrazas.
En forma coincidente con Canedo, la presidenta en funciones de la Suprema, Beatriz Sandoval, indicó: “Tenemos la tranquilidad y la seguridad de que hemos actuado de acuerdo a ley. El caso en el fondo no ha sido analizado en la Corte Suprema, porque en realidad nos ha llegado por una mala actuación de la juez Betty Yañíquez que sin ninguna necesidad lo deriva a la Corte Suprema, cuando ella debía aplicar el artículo 311 y derivarlo a la Corte del juez que previno primero”, que en su opinión debe ser el de Santa Cruz.
Cecilia Rocabado enumeró las que, en su criterio, son otras irregularidades. “No convocaron a los conjueces en el plazo establecido en el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil. Antes de tres días se debió convocar a conjueces y notificar a las partes”.
Además, indicó, “se llamó a un conjuez más, haciendo un total de 13 magistrados para el conocimiento de la causa, pero el número de miembros de la Suprema es de 12 y se resolvió una recusación a la magistrada Rosario Canedo con sólo seis votos, cuando deberían ser siete votos”.
Cívicos cruceños demandan a 2 vocales paceños
El Consejo de Defensa de los Derechos Humanos y la Libertad, un organismo afín al Comité pro Santa Cruz, anunció que promoverá un proceso penal contra los jueces William Alave y Blanca Alarcón, vocales de la Corte Superior de La Paz.
Los cívicos cruceños entienden que ambos magistrados cometieron los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes, al haber dado curso a la solicitud de medidas cautelares en la acción de amparo constitucional planteado por el fiscal paceño Marcelo Soza.
Los demandantes entienden que el representante del Ministerio Público, según un comunicado público, “carece de la debida legitimación activa para seguir conociendo y desarrollando actividades procesales en el caso del supuesto terrorismo”.
Soza presentó un recurso de amparo constitucional para denunciar un proceso indebido a partir de un pedido de inhibitoria que fue planteado por Branko Marinkovic al juez Octavo de Instrucción Cautelar en lo Penal de Santa Cruz, Luis Hernando Tapia Pachi, sin ser parte de la investigación, y el magistrado dio lugar a la mencionada solicitud.
Los activistas cívicos de Santa Cruz afirman que “la resolución de dichos jueces contribuye a los intentos de politizar el conflicto de competencia en el supuesto caso de terrorismo, comprometiendo una vez más la independencia del Poder Judicial”.
Sejas enjuicia a fiscal Soza
David Sejas, ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, presentó ayer una querella por prevaricato contra el fiscal Marcelo Soza, quien dirige las investigaciones por el caso de Eduardo Rózsa Flores.
“Estamos presentado una querella por prevaricato y vamos a llegar ante un tribunal internacional para decir al mundo cómo el Gobierno está atropellando la libertad de las personas del Comité (pro Santa Cruz), de las instituciones que no están con el proceso de cambio”,
El activista sostuvo que mientras no exista un pronunciamiento de la Sala Tercera Penal de La Paz, la actuación de Soza es ilegal.
“Hasta el momento esa sala no se ha pronunciado, ha omitido la demanda, no pueden ir contra las normas, seguro es por la presión que tienen ellos del Gobierno”.
Sejas fue mencionado por Ignacio Villa Vargas como parte de la célula de Rózsa.
Ministro hace denuncias
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, denunció ayer que dos de los conjueces y una magistrada de la Suprema debieron excusarse de conocer el conflicto de competencias entre La Paz y Santa Cruz por la investigación del caso Rózsa.
La autoridad dijo que la conjuez Daysi Careaga es hermana del senador Orlando Careaga, de Poder Democrático y Social, en tanto otro es el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Fernando Cuéllar, quien “es miembro de Human Rights Foundation, cuyo responsable está prófugo”.
San Miguel aseguró que la Corte Suprema “no tramitó una recusación contra una magistrada que permanentemente ha atacado al Gobierno, como es Rosario Canedo”, quien, opinó, debió excusarse por esa razón.
Recursos
La ministra Rosario Canedo dijo que este juicio es otro ataque al Poder Judicial.
La magistrada Beatriz Sandoval sostuvo que el Gobierno atropella a la justicia.
Walker San Miguel aseguró que no se detendrá la investigación por el caso Rózsa.