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Gobierno ve favores políticos en caso Rózsa

Conflicto. Viceministro Chávez anuncia que hoy instaurará juicio a ministros de Suprema. El gobierno exigirá al Congreso un juicio de responsabilidades contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia por caso Rósza Flores

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La Razón

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, denunció ayer que, por favores políticos, los magistrados de la Corte Suprema y el juez octavo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Luis Tapia Pachi, pretenden radicar el caso terrorismo en la capital cruceña.

“Lo que ha ocurrido sencillamente es que han buscado favorecerse con un sistema judicial al que aún, podemos decirlo categóricamente, controlan en algunas de sus instancias. Este sistema judicial y su cúpula ha sido designado en gran medida por favores políticos”, aseguró Chávez en una entrevista con la gubernamental radio Patria Nueva.

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Una recusación al pleno de los vocales de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, presentada por el fiscal Marcelo Soza, y una acción de amparo impiden a los jueces cruceños pronunciarse sobre el supuesto conflicto de competencias en el caso Rózsa.

El viceministro denunció que fue detectada una relación directa entre el juez Tapia y ex presidente del opositor Comité pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, para declarar una supuesta incompetencia de los tribunales paceños. Chávez anunció que instaurará un juicio de responsabilidades a ministros y conjueces de la Suprema que determinaron enviar el caso de terrorismo a Santa Cruz, sin tomar en cuenta que no hay base legal para esa decisión.

“El lunes (hoy) presentaremos ante la Cámara de Diputados una acción penal en contra de tres ministros y cuatro conjueces de la Suprema”, afirmó Chávez.

Gobierno instaurará juicio contra conjueces y ministros que protegen a los separatistas

    La Paz, ABI.- El Gobierno instaurará un juicio de responsabilidades a Ministros y Conjueces de la Corte Suprema de Justicia que violaron la ley para proteger a los presuntos financiadores de la célula de criminales de guerra que llegaron al país para repetir lo que hicieron en Croacia, Kosovo y África, dijo el domingo a la ABI el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez.

    «El lunes presentaremos ante la Cámara de Diputados una acción penal contra tres ministros y cuatro conjueces de la Suprema Corte, quienes de manera viciada determinaron enviar el caso de terrorismo a Santa Cruz, sin tomar en cuenta que no existe base legal para esa decisión», afirmó.

     «En este caso primó el interés político partidario de estos administradores de justicia», subrayó el viceministro.

    Agregó que la acción penal será iniciada por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.

     «Los ministros y conjueces de la Suprema rompieron los procedimientos, sesionando groseramente fuera de horario para favorecer a toda costa a los grupos de poder, en especial, al ex cívico y millonario empresario opositor, Branco Marinkovic», dijo.

    Censuró la actitud grotesca de los funcionarios de la Corte Suprema, que olvidaron-anotó-que «criminales de guerra, como el boliviano-húngaro-croata, Eduardo Rósza Flores, tramaban perpetrar en Bolivia una guerra civil que hubiese ensangrentado y dividido a Bolivia».

    Para Chávez, lo que hizo la presidenta de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval, fue favorecer a Marinkovic para dejar sin solución el caso terrorismo y premiar al juez Luis HernandoTapia Pachi.

    Chávez hizo alusión al magistrado porque Tapia Pachi eximió de toda culpa a Marinkovic el pasado 4 de junio, pese a que estaba procesado por apropiación ilícita de las mejores tierras de Santa Cruz (27.000 ha.), incluida Laguna Colorada (1.400ha.) en complicidad con ex funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

    Entre los ex funcionarios del INRA figura Elianne Capobianco Sandoval, ex constituyente por Poder Democrático Social (PODEMOS) e hija de la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

    El viceministro indicó que estas tierras fueron conseguidas por Marinkovic y su hermana Yasminka Catarina Marinkovic de Jakuvek, vulnerando las leyes y con el favor de regímenes neoliberales y dictaduras.

    «Con estos antecedentes, lo que correspondía hacer a la presidenta de la Suprema es excusarse y no amañar a un tribunal que no era competente para enviar el proceso penal por terrorismo para que sea conocido en la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz», afirmó.

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