Los colonos aún esperan por la tierra prometida

INRA. La dotación será colectiva. Gobierno revisará dotación de tierras fiscales en Pando. Almaráz espera denuncia formal. Dice que los profesionales que están en los campamentos son hijos de los colonos.

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• Los migrantes llevados por el Gobierno a Pando ya tienen el diseño de las casas que construirán. Sin embargo, el INRA aún no distribuyó las tierras. Los 132 jefes de hogar están impacientes, quieren empezar a trabajar.

La Razón

Según el INRA, la dotación será colectiva y se delimitará el territorio de acuerdo con el número de personas que conformen cada uno de los grupos que ya están organizados en el lugar.

312 jefes de familia de la región del Chapare de Cochabamba llegaron al municipio de Santa Rosa del Abuná, el 8 de agosto, para ocupar las tierras que el Gobierno anunció que les había dotado.

Su arribo coincidió con el inicio del registro biométrico, pero no con la distribución de propiedades, sobre la que aún debe trabajar el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) con los dirigentes de los colonizadores. Mientras, los migrantes viven aglomerados en un campamento, sin posibilidades de comenzar a producir en la tierra que les dará el Estado.

Para distraerse en algo comenzaron a construir un galpón de madera que será su sede social, pero el nerviosismo por no saber cuál es la tierra prometida se percibe en el ambiente de Bernardino Racua, que es el nombre de la comunidad que fundaron.

“Lo que más nos está preocupando es que prioricen los técnicos del INRA la distribución legal de tierras. Si no lo hacen, nosotros lo vamos a hacer sin topografía, sin nada vamos a hacer, esa es la decisión. Aquí hemos venido a trabajar, no hemos venido a hacernos servir ni a vaguear, queremos trabajar, porque sabemos que así desarrollaremos”, declaró a La Razón el secretario de Organización Política de la directiva de la comunidad, Luis Condori Flores.

La declaración de Flores resume el sentimiento de los pobladores de esta comunidad, conformada en su mayoría por colonos habituados al trabajo diario de la siembra de coca y ahora ansiosos de comenzar a construir sus viviendas y empezar a producir yuca, plátano o arroz, que es lo que dan estas tierras.

Ellos incluso ya tienen el plano de sus viviendas, que costarán aproximadamente 3.000 dólares cada una y que el Gobierno les prometió ayudar a edificar otorgándoles material de construcción. Un equipo del Ministerio de Vivienda está en el lugar esperando la autorización para construir.

“De una vez quisiera que nos den nuestras tierras para limpiarlas y hacer nuestras casas”, señala Édgar Calle, un joven de 19 años que da vueltas sin saber qué hacer en el campamento.

Francisco Tordoya es otro colono que exige su tierra porque dice que el tiempo en Bernardino Racua “parece una eternidad”. Tordoya nació en Oruro y tiene seis hijos a los que quiere traer a vivir en la comunidad.

Para la oposición, el no haber planificado la distribución es una muestra más del afán electoral que tiene el Gobierno. “No queda la menor duda o no está en debate si es un tema eminentemente electoral. Lo que yo decía, lo que se ha constatado con esto es que el Gobierno está haciendo campaña con 21 millones de los bolivianos de las arcas del Estado para cubrir un déficit electoral en Pando”, denunció el senador Roger Pinto (Podemos).

El director del INRA-Pando, Julio Urapotina, explicó que no se pudo avanzar en la distribución porque ésta se otorga al conjunto de la comunidad y no individualmente. “Se ha otorgado una autorización de asentamiento en 44.600 hectáreas en Santa Rosa del Abuná”, recordó.

Anunció que habrá una reunión “para definir la superficie por grupo o por comunidad, porque por ejemplo hay un grupo pequeño de 35 (personas) y de repente no quieren ser parte de un global y quieren tener su propiedad, entonces no tenemos ningún problema en hacer su delimitación, vamos a abrir las brechas mínimas y se elaborarán los planos”.

Dijo que la distribución individual se hará en consenso con la comunidad y cada grupo definirá cómo se hará la entrega de esa tierra a sus miembros.

Los migrantes están organizados por grupos. Hay siete comunidades con diverso número de integrantes, que se conformaron en Cochabamba, mientras se reclutaba gente para el asentamiento. Enviada a Pando

Revisarán las dotaciones

El Gobierno anunció ayer que realizará una revisión de las listas de personas que llegaron a colonizar tierras en Pando, para determinar si algunas de ellas no reúnen los requisitos para acceder a este beneficio, caso en el que se revertirá la dotación.

“Se hará una revisión de la gente que llegó a Pando y si hubieran casos de personas ricas y con tierras, se va a revertir”, anunció el vocero del Presidente, Iván Canelas, durante una conferencia de prensa que ofreció en el Palacio de Gobierno.

Dijo que las tierras deben beneficiar a la gente sin recursos y sin tierra y no a ciudadanos que tienen propiedades y recursos económicos suficientes.

El anuncio lo hizo un día después de que varios medios de comunicación, entre ellos La Razón, revelaron que entre los colonos que llegaron hasta la comunidad Bernardino Racua, en el municipio pandino de Santa Rosa del Abuná, existen, además de profesionales, personas que tienen tierras en el occidente del país.

Los dirigentes del Movimiento Sin Tierra reclamaron al Gobierno por esta situación.

Gobierno revisará dotación de tierras fiscales en Pando

EL VICEMINISTRO ALMARAZ DICE QUE SE ESPERA DENUNCIA FORMAL

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Asentamiento: dos colonos revisan la lista de asentados en Pando

La Prensa

El Director del INRA dijo que los profesionales que están en los campamentos son hijos de los colonos.

El Gobierno revisará la dotación de tierras que se hizo en el departamento de Pando para verificar la existencia de colonos que se beneficiaron de tierras indebidamente o que tienen recursos económicos.

Ante las denuncias de que entre los inmigrantes beneficiados existen profesionales y campesinos con tierra y recursos económicos, el vocero gubernamental Iván Canelas, en conferencia de prensa, anunció que en caso que se confirme esta situación se revertirá la distribución que hizo el Programa de Asentamientos Humanos.

“Se va a hacer una revisión de la gente que ha llegado a Pando y, si efectivamente hay gente que tiene tierras, que tiene recursos economicos, esto se va a revertir”.

Sin embargo, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, aclaró que esa verificación se hará en tanto se reciban de manera formal las denuncias y elementos de prueba al respecto.

Los primeros días de agosto pasado llegó a Pando el primer contingente de 350 familias de colonos, provenientes del trópico de Cochabamba, que se asentaron en el municipio del Santa Rosa del Abuná y crearon la comunidad campesina Bernardino Racua.

Otro grupo de 150 familias de zafreros de la provincia beniana Vaca Díez fue llevado al municipio Federico Román.

Medios televisivos difundieron testimonios de colonos chapareños que manifestaron que tenían tierra en el lugar de donde provenían y que entre ellos había agrónomos, odontólogos e incluso una ex fiscal.

Para Almaraz, esto no es suficiente prueba como para hacer una revisión del proceso de distribución de tierras en Pando, aunque el martes había opinado que “sería grave” si se confirmara la presencia de una ex fiscal entre los beneficiarios.

“En los medios yo no he visto absolutamente nada que nos impulse a hacer un proceso de investigación”.

De acuerdo con el Viceministro, mientras no haya una denuncia formal, el Gobierno presume la “legitimidad, la legalidad y la pertinencia del proceso de asentamiento”, porque se dotó de tierras a quienes correspondía, si no, “que nos demuestren lo contrario”.

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, explicó que en la dotación de tierras que se hizo en Pando se cumplieron los requisitos básicos legales que establece la norma: “Que no tengan tierra o que ésta sea insuficiente y que sean campesinos originarios”.

Aclaró que se considera que un terreno es insuficiente cuando éste no permite la “subsistencia digna” de una familia.

“Los que no estén de acuerdo —agregó— que nos impugnen, que nos presenten pruebas, nosotros estamos en condiciones de demostrar con datos lo que estamos haciendo”.

El INRA, dijo, verifica el cumplimiento de los requisitos a través de entrevistas con los beneficiarios y se revisa la base de datos de la entidad para confirmar si están o no registrados como beneficiarios en la dotación de tierras. Asimismo, una vez hecha la distribución, se hace un seguimiento permanente.

Sobre los colonos profesionales en Pando, Rojas afirmó que esto no les impide acceder a tierras mientras cumplan lo que exige la ley y además, subrayó, pueden ser útiles para la comunidad. “Los profesionales que están son campesinos o hijos de campesinos y cumplen los requisitos legales”.

Dentro del proceso de asentamientos humanos que impulsa el Gobierno, para septiembre tiene programado el traslado de otro grupo de 200 familias del norte de La Paz. Hasta diciembre tenía proyectado llevar a 2.999 familias; sin embargo, según Almaraz, se trasladarán menos de 1.500 grupos familiares.

Lo que dice la CPE

Artículo 395. I.- Las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal.

II.- Se prohíben las dobles dotaciones y la compraventa, permuta y donación de tierras entregadas en dotación

La colonización mueve viejos asentamientos

SANTA ROSA

Comunidades enteras que habían decidido habitar en lugares menos alejados que el pedazo de tierra que les fue dotado por el Gobierno, decidieron regresar a sus propiedades de origen ante el temor de perder sus derechos por la llegada de los colonos de occidente a tierras pandinas.

Es el caso de la comunidad Villa El Carmen, en la que viven 54 familias que se beneficiaron con la dotación de 500 hectáreas de tierra en Santa Rosa del Abuná, y que hasta hace apenas dos meses se encontraba asentada a tres horas de viaje del lugar de su dotación, cerca de la comunidad Primero de Mayo, porque en este lugar existe algún movimiento comercial y es posible conseguir un transporte hasta Cobija.

Su dotación está cerca de la comunidad Bernardino Racua, fundada este 8 de agosto por los nuevos colonos, cuya presencia motivó su retorno al lugar.

“Decidimos venirnos a nuestras comunidades, ver la forma de trabajar más cerca, porque nos dicen que nuestra comunidad va a desaparecer, pero no sabemos cómo, porque estamos inscritos en el INRA”, contó a La Razón Melva Cuéllar, miembro de la comunidad Villa El Carmen.

Incluso una pequeña aula fue construida en el lugar. “Los padres decidieron recientemente que la escuela se traslade aquí; antes estábamos en Primero de Mayo”, explicó la maestra.

Los colonos de Villa El Carmen saben que si no viven en la tierra que les otorgó el Gobierno pueden perderla, pues uno de los requisitos para que esa propiedad no sea revertida al Estado es que la gente permanezca en ella.

Cuéllar dijo que por eso regresaron, pese a que en el lugar no cuentan con servicios básicos.

La Constitución

Artículo 397 • El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho.

Artículo 401 • El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista de la tierra serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio del Estado.La Razón