No ha surtido hasta ahora efecto la protesta de líderes del oriente boliviano contra el anunciado plan gubernamental de asentamientos campesinos en el territorio pandino. Pese a las amenazas de movilizaciones contra el acarreo de personas con supuestos fines electorales, el Gobierno ha comenzado a ejecutar su programa de colonización de tierras fiscales en Pando.
Editorial El Deber
El sábado pasado, alrededor de 400 campesinos fueron trasladados desde Chapare en aviones militares para comenzar la ocupación de predios. El propio Viceministerio de Tierras confirmó el inicio de la ejecución de un plan que dice tener desde el año pasado, amparándose en la ley sectorial y en la nueva CPE. Un día después, otras 200 personas fueron sumadas a la cruzada, que prevé el asentamiento de 4.000 familias campesinas. Antes de las elecciones de diciembre, se espera que los colonos tengan la posesión de tierras fiscales .
Aunque ya comenzó la reubicación, nadie había informado hasta ayer, al mediodía, de los detalles de quiénes son las personas que ya están instaladas inicialmente en Santa Rosa de Abuná, en qué condiciones llegaron, con qué recursos, con qué proyectos y porqué tiempo. Se conoce que este primer grupo está conformado por campesinos de Chapare, es decir que proviene del principal bastión de Evo Morales. No se sabe, por ejemplo, si contarán desde el mismo inicio del asentamiento con los servicios básicos para vivir sin contratiempos, si están dotados de las herramientas para producir y si llegan suficientemente capacitados para usar como se debe usar la tierra de la zona, sin depredar los recursos naturales.
Nadie debe cuestionar la potestad constitucional que tiene el Gobierno de dotar de predios y de instrumentos de producción a la gente que los necesita. Tampoco nadie puede frenar cualquier intención del Estado de ejecutar planes de producción en zonas que requieren de un impulso. Sin embargo, cualquier plan serio de colonización debe considerar primero la dotación de las condiciones básicas de infraestructura. De lo contrario, se incurre en una peligrosa improvisación, que puede terminar generando una peor situación para los trasladados.
El Gobierno ha adelantado que el plan de colonización de Pando está respaldado por el desembolso de más de 20 millones de dólares, que serán destinados a infraestructura y a una beneficiadora de almendras, que debería supuestamente captar la mano de obra. Sin embargo, se desconoce si la reubicación de chapareños el fin de semana pasado está acompañado de ese soporte logístico, de manera de no producir un problema social innecesario en la amazonia.
Lo que se sospecha es que el traslado obedecería a la urgencia política del Gobierno de “inflar” el padrón de Pando, con votantes de filiación masista, a fin de evitar una nueva derrota del partido del Presidente en ese departamento. Hace un año que el padrón crece notablemente en esa región.
Pero así como crece el número de votantes para las elecciones de diciembre es posible que también aumentarán las demandas sociales y la conflictividad, que es muy alta desde los trágicos sucesos del 11 de septiembre. Si el Gobierno estuviera realmente interesado en resolver el problema de la tenencia de la tierra en Pando debería comenzar dotando de predios al 70% de los trabajadores que recolectan castaña, ya que ninguno de ellos es propietario. De igual manera, si quisiera aliviar la pobreza de los que han sido trasladados, podría comenzar con inversiones en sus lugares de origen, de manera que no se produzca su desarraigo y los problemas de adaptación. De lo contrario, sólo se transporta la pobreza de un lugar a otro.
Por último, la mayor preocupación por este traslado de personas es el riesgo de una nueva confrontación en la zona, ya que cada día se eleva la tensión entre los recién llegados y los lugareños. De su lado, la Corte Nacional Electoral debe estar alerta para evitar maniobras políticas ejecutadas simplemente para conseguir adhesiones partidarias.