Ambos países instalarán seis bases hidrometeorológicas para estudiar el manantial. Los cívicos potosinos amenazaron con cumplir un paro de 72 horas si no son escuchados por Evo. Campesinos piden pago retroactivo del Silala
Soberanía: una base militar boliviana durante su instalación en inmediaciones de Quetena Chico, cerca del Silala
La revista chilena Diario Financiero reveló que Bolivia deberá financiar la canalización del curso del manantial Silala para que Chile comience a pagar por el uso del recurso hídrico. La supuesta condición del Gobierno de Michelle Bachelet formaría parte del acuerdo alcanzado por ambos países y que será presentado el lunes en Quetena Chico.
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La Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que participaron en la negociación bilateral sobre el manantial, no quisieron opinar sobre la publicación del país vecino y anunciaron que guardarán silencio hasta el lunes, cuando se socialice el documento entre los pobladores potosinos.
Sin embargo, dos parlamentarios de oposición, cercanos a la diplomacia boliviana y chilena, dijeron tener conocimiento de aquel punto que estaría incluido en el preacuerdo al que llegaron los vicecancilleres Alberto van Klaveren, de Chile, y Hugo Fernández, de Bolivia.
La información fue publicada por la revista especializada en temas económicos Diario Financiero bajo el título Gobierno descarta impacto de referendo sobre aguas del Silala.
El impreso dice que la empresa privada Ferrocarril Antofagasta-Bolivia (FCAB), perteneciente al grupo Luksic, y Corporación del Cobre (Codelco) fueron informadas por la Cancillería chilena que empezarán a pagar por el uso que hacen del agua del Silala una vez que se firme el acuerdo bilateral.
“El pago por el agua se activará únicamente si la nación altiplánica invierte en obras de captación y conducción de agua hacia Chile y no por los recursos que fluyen naturalmente hacia nuestro lado de la frontera”, indica una parte de la publicación.
En Bolivia trascendió que el acuerdo con Chile especifica que los consorcios privados responderán por el 50 por ciento del uso que hacen del Silala.
Santiago, según el preacuerdo al que arribaron el 30 de junio de este año, se comprometió a reconocer pagos desde enero de 2009, aunque los desembolsos empezarán cuando se firme el acuerdo y se cumplan las condiciones establecidas. Ambas empresas pagarían en total alrededor de 17.000 dólares diarios.
El vicecanciller Fernández, consultado por La Prensa, sostuvo que no va a referirse al acuerdo hasta el lunes ni va a responder a especulaciones.
El ministro de Medio Ambiente y Agua, René Orellana, hizo saber a este matutino que no hará declaraciones sobre un tema “tan delicado” hasta que el acuerdo no sea presentado oficialmente.
El diputado masista Froilán Condori tampoco quiso referirse al particular pese a que confirmó, el jueves, que conoce el documento del preacuerdo. El desvío del manantial comenzó en 1908, cuando el Gobierno chileno de entonces instruyó excavar en la zona para modificar el curso del agua. Además, se colocaron piedras para reafirmar el cauce.
Diario Financiero informó que las empresas afectadas esperan que la población del sudoeste potosino rechace el acuerdo porque de esta manera todo volvería a foja cero y el tributo por el uso del agua se suspendería.
El lunes, con la presencia del canciller David Choquehuanca y del vicecanciller Fernández, el Ejecutivo presentará el preacuerdo alcanzado con la diplomacia chilena en un encuentro de organizaciones sociales en la localidad de Quetena Chico.
En la cumbre estarán los pobladores de la provincia Sud Lípez y organizaciones nacionales como la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) anunció que no participará en el encuentro debido a que no tiene los recursos para llevar a todos sus delegados y porque teme que la reunión sea un “show oficialista” para refrendar el preacuerdo alcanzado por ambos países.
Celestino Mamani, presidente de Comcipo, anticipó que pedirán una audiencia con el Jefe de Estado para solicitarle que la negociación con Chile “sea transparente”. El representante añadió que su entidad promoverá un paro de 72 horas si no es escuchada por el Gobierno.
De aprobarse el convenio en los dos países, éste durará seis años. En ese lapso se realizará un estudio técnico para un acuerdo definitivo (ver cuadro).
El ex canciller y jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Guillermo Bedregal, apuntó que durante ese tiempo Bolivia percibirá el 2 por ciento del pago anual que debería recibir. Según estudios hidrométricos realizados durante 95 años, la deuda de Chile en 100 años de explotación alcanzaría a 797.803.470 dólares; en consecuencia, los 17.000 dólares por día que ese país ofrece representan apenas un 2 por ciento del ingreso anual, que sería de 79.780,347 dólares, por la venta de las aguas del manantial boliviano, calculando un precio mínimo de 90 centavos de dólar por metro cúbico del líquido.
Ayer, el vicepresidente Álvaro García Linera, consultado sobre la reserva del documento, se limitó a decir que éste es “preliminar y el lunes se tomará una decisión luego de la socialización”.
Se instalarán seis bases hidrometeorológicas
Antes de tomar una postura definitiva respecto de la naturaleza de las aguas del Silala, Bolivia y Chile realizarán un estudio durante seis años. Para tal efecto se instalarán seis estaciones hidrometeorológicas en la zona.
De acuerdo con el acta del cuarto encuentro del Grupo de trabajo Chile-Bolivia sobre el Silala, al que tuvo acceso La Prensa, se determinó “la implementación de una red de estaciones de medición de variables hidrometeorológicas para obtener registros de precipitación (líquida y nival), temperatura del aire, velocidad del viento, radiación solar y humedad”.
El estudio deberá prolongarse cinco ciclos hidrológicos, es decir, de cinco a seis años. Los costos del trabajo serán compartidos por ambos países. La implementación será responsabilidad del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), por Bolivia, y de la Dirección General de Aguas, por Chile. De las seis estaciones propuestas, tres estarán en el cruce de la frontera y serán binacionales, dos en territorio boliviano y la última en una ladera del volcán Inacaliri, cuya localización todavía no está definida. Chile ya tiene en su lado de la frontera una estación instalada.
El acta señala que el objetivo será determinar el balance hídrico, el comportamiento hidrométrico, la datación de aguas, los flujos superficiales y la influencia de las obras sobre el caudal utilizando una “metodología científicamente validada u concordada” por ambos países.
Opinión
Guillermo Bedregal
Ex Canciller
“Atropellando la soberanía territorial de Bolivia, los vicecancilleres Van Klaveren, de Chile, y Fernández, de Bolivia, han definido en principio que el agua del Silala es un río de curso sucesivo y compartido. Nuestro país recibiría 17.000 dólares diarios, según declaraciones del viceministro Fernández, no obstante que está técnicamente demostrado que el Silala es un manantial (bofedal) que nace en Sud Lípez. Estas aguas fueron desviadas arbitrariamente por Chile mediante la construcción de canales artificiales, del mismo modo que en 1962 desvió abusivamente el río Lauca.
En la región de Quetena Chico no escurre el agua porque no llueve, ni hay deshielo que pueda filtrarse en el subsuelo para originar vertientes que afloren y escurran por gravedad los suelos volcánicos permeables. El origen del Silala corresponde a un aluvión por escurrimiento de aguas fluvio-glaciales en las hondonadas del cantón Quetena Chico hace más 10.000 años, saliendo a la superficie como manantial. Geológicamente se demostró que el Silala jamás puede clasificarse como un río de curso sucesivo binacional”.
Campesinos piden pago retroactivo del Silala
La aceptación del acuerdo preliminar que será discutido el lunes en Quetena está sujeta a que incluya el pago de la deuda histórica que Chile tiene con Bolivia.
• LA REGIÓN • Una imagen del punto histórico de conflicto, lugar donde se originan las aguas del Silala que van a Chile.
La Razón
Al igual que antes lo hicieran el Comité Cívico Potosinista y el Comité de Movilizaciones, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (Frutcas) condicionó ayer la aceptación del pre acuerdo sobre el uso de las aguas del Silala a que éste incluya el compromiso de pago chileno por la deuda histórica de más de 100 años, que según el ex parlamentario Gonzalo Barrientos se calcula en 3.000 millones de dólares.
El vicepresidente, Álvaro García, aseguró que a la fecha no existe ningún acuerdo oficial con Chile y que éste será suscrito previo aval de la población.
“Son acuerdos preliminares, no son oficiales, no han sido firmados y, por lo tanto, será en función de este proceso de socialización que se inicia el día lunes, que abarcará por supuesto a distintos sectores sociales, que luego se tomará la decisión”, dijo.
García se refirió al encuentro multisectorial convocado en la población de Quetena Chico, al que decidieron no asistir los cívicos ni el Comité de Movilizaciones, por la sospecha de que el Ejecutivo intenta avalar un preacuerdo con el apoyo de líderes de sectores afines al Gobierno.
El secretario de comunicación de Frutcas, Paulino Colque, informó a La Razón que decidieron rechazar cualquier pacto que no incluya el pago de la deuda histórica por parte de Chile.
“No podemos renunciar, ésa es nuestra posición, nosotros insistimos en que tiene que ser retroactivo este pago. Es la propuesta de la región y ésa es nuestra condición para aceptar ese acuerdo”, aseguró.
Un día antes, el presidente de Comcipo, Celestino Condori, se pronunció en el mismo sentido y dijo que sería “una traición a la patria” firmar un pacto que no reconozca el pago de esta deuda.
Barrientos dijo que esta deuda asciende al menos a 3.000 millones de dólares. “No se puede perdonar más de 100 años de deuda. Sucede que el consorcio Luksic en Chile vende nuestras aguas a empresas mineras chilenas y también para el consumo humano y ganan 126 mil dólares al día y acá se nos está queriendo contentar con un acuerdo por 17 mil dólares día”, afirmó. Añadió que de firmarse este acuerdo se violarían al menos cinco artículos de la actual Constitución Política del Estado: 124, 349, 374 ( parágrafo tercero), 377 y el artículo 375 en su parágrafo tercero.