Santa Cruz. El tema se dirimirá hasta el lunes. Hubo amenazas de bomba en el palacio de Justicia. El juez Tapia Pachi, acusó al vicepresidente de enviar gente para robar documentación de su juzgado; el aludido negó esa situación al calificarlo de ignorante.
Inspección. Agentes de la unidad de Bomberos entraron al edificio judicial en busca del explosivo. No había nada (El Deber)
El Día, Jueves, 20 de Agosto, 2009
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Hubo amenazas de bomba en el Palacio y en el edificio del abogado que defiende a Ávalos y hasta Santa Cruz llegaron personeros del Gobierno.
“No nos va a temblar la mano al momento de tomar una decisión, dijo ayer al caer la tarde la vocal Teresa Vera, presidente de la Sala Penal Primera que fue designada por la Corte Superior de Distrito para resolver el conflicto de competencias y definir si la investigación sobre los presuntos hechos de terrorismo quedan en La Paz o se trasladan a Santa Cruz.
Los vocales Vera, Jacinto Morón y Teresa Lourdes Ardaya quedaron como depositarios del expediente que llegó el lunes de la Corte Suprema de Justicia ante la presencia de funcionarios del Ministerio anti-corrupción que llegaron para observar las actuaciones.
Ese fue el corolario de una tensa jornada que se inició cuando se instaló la sala plena de la Corte Superior de Distrito compuesta por 12 vocales y cuando estaban en las deliberaciones, una amenaza de bomba registrada a las 10.15 obligó a todos a desalojar el Palacio de Justicia
Casi al mismo tiempo los bomberos tuvieron que desdoblarse al edificio Oriente, segunda planta en la calle Ballivián esquina Chuquisaca al bufette del abogado Abraham Quiroga, defensor de la familia Ávalos y del presunto terrorista Jhonn Piter Nava, donde la secretaria informó sobre la existencia de un sobre sospechoso.
Se trataba de una caja en cuyo interior los policías encontraron un reloj despertador, un cable de teléfono y tres cartuchos de cohetes.
“No es una broma no continúes (…) tenés tu familia”, decía un letrero que fue mostrado por el jefe de los Bomberos, coronel Antonio Ovando, al señalar que no se trataba de ningún explosivo si no que al parecer quisieron amedrentarlo.
Quiroga fue quien recusó al juez Luis Tapia Pachi y lo acusó de contratar a personal de la Unión Juvenil en su juzgado.
Sin embargo, el juez Tapia quien se ha declarado competente para conocer las investigaciones del caso de terrorismo denunció que las amenazas de bomba “son un show armado por el vicepresidente Álvaro García Linera” y lo denunció de haber enviado a personal del Ministerio de Gobierno para secuestrar los expedientes del caso de terrorismo.
Entre la presión y la guerra verbal
Hasta el sábado • Los vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior anunciaron que hasta el sábado ya tendrán un fallo sobre el conflicto de competencias y decidir dónde radicará la investigación de terrorismo, si en La Paz o Santa Cruz.
Sospechoso sobre en la Suprema • Un sobre sospechoso depositado ayer en oficinas de la Corte Suprema de Justicia obligó al desalojo de magistrados y funcionarios de ese Tribunal, mientras la Policía inició una investigación para establecer el contenido y el origen del misterioso envío. Fue a las 17.30
Guerra verbal • El juez Octavo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Luis Fernando Tapia Pachi, acusó al vicepresidente Álvaro García Linera de enviar a fiscales y personeros gubernamentales para robar documentación de su juzgado; mientras el aludido negó esa situación al calificarlo de ignorante. “aquí no va hacer lo que hizo en Pando”, manifestó Tapia. “No entraré a un debate o diálogo con la ignorancia”, respondió el Vice.
Sala Penal definirá tribunal que atenderá el caso Rózsa
Debate. El tema se dirimirá hasta el lunes. Hubo amenazas de bomba
El Deber
B.Vaca/G. Ondarza
La Sala Penal Primera de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz fue sorteada ayer para dirimir el conflicto de competencia por el caso Rózsa, luego de que así lo decidiera la Sala Plena en una reunión marcada por una amenaza de bomba en el Palacio de Justicia.
La decisión continúa postergando la definición sobre qué tribunal debe atender el bullado caso. La Sala Penal elegida para evaluar el asunto lo integran los vocales Teresa Vera de Gil, Teresa Lourdes Ardaya y Jacinto Morón, que tienen un plazo de tres días para resolver si las investigaciones continuarán en La Paz o se llevarán adelante en Santa Cruz.
Por su parte, fuentes gubernamentales confirmaron la apertura de sendos juicios de responsabilidades por prevaricato contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que resolvieron el traslado del proceso a la jurisdicción de Santa Cruz. Sin embargo, los diputados oficialistas René Martínez y Jorge Silva, miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, indicaron en forma coincidente que hasta ayer no había llegado ninguna denuncia formal al respecto a esa instancia, que es donde se deben apegar las demandas contra autoridades judiciales, según lo manda la ley.
Hasta donde se informó, el caso se empezó a investigar el 16 de abril en La Paz, cuando la Policía abatió a tres supuestos terroristas, comandados, según la fuerza del orden, por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa, y detuvo a otros dos, en un hotel de la capital cruceña.
La pesquisa fue reclamada por un juez de Santa Cruz y por ello actuó la Suprema que tomó la referida decisión. Después de ello, el asunto pasó a la jurisdicción de la Corte Superior de Santa Cruz. Su presidente, Osvaldo Céspedes, informó de que la mayoría de los vocales (hubo dos disidentes) optó porque el caso sea resuelto por una de las salas penales en atención a lo establecido en el artículo 51, inciso cuatro, del Código de Procedimiento Penal.
Respecto a la advertencia anónima sobre la existencia de un artefacto explosivo en el edificio judicial, realizada en el momento en que los vocales estaban reunidos, Céspedes le restó importancia. “No quiero pensar que la amenaza de bomba esté relacionada con el caso, pues permanentemente recibimos este tipo de avisos con el fin de suspender un remate o una audiencia cautelar, lo cual hace que se retrasen los procesos. La falsa alarma fue hecha cuando estábamos por concluir la reunión”, dijo la autoridad, que al igual que los otros magistrados, funcionarios y litigantes, abandonaron el edificio para que los Bomberos efectúen la inspección correspondiente.
La alerta ficticia llegó vía telefónica, a las 9:55, a la secretaría de la Presidencia del palacio; casi de manera simultánea, en el edificio Oriente, situado en la calle Ballivián, se supo que alguien dejó un paquete misterioso en la puerta de la oficina del abogado Abraham Quiroga. La secretaria lo encontro y le pareció raro, porque, según dijo, oyó un ruido de reloj y se asustó, por lo que dio parte a su jefe y a los Bomberos.
Los agentes de la unidad antiexplosivos se llevaron la encomienda sospechosa e informaron de que no era una bomba, pero indicaron que iban a enviar el envoltorio al Instituto de Investigación Forense de La Paz para analizar el contenido.
Quiroga es el abogado defensor del militar George Peter Nava, acusado de haber detonado una carga de dinamita en el frontis de un canal de televisión de Yacuiba en junio del año pasado, por lo que fue detenido y puesto en libertad condicional cuatro meses después.
Juez lo acusa y Linera lo insulta
El juez Octavo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Luis Fernando Tapia Pachi, acusó ayer al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, de enviar a fiscales y personeros gubernamentales para robar documentación de su juzgado; el aludido negó esa situación al calificarlo de ignorante.
“El Vicepresidente de la Nación ordenó a fiscales y a miembros del Ministerio del Gobierno que ingresen a mi juzgado y al Poder Judicial de Santa Cruz y se lleven algunos actuados directamente a La Paz”, dijo Tapia.
El juez, de acuerdo con el reporte de la radio Alternativa de la Red Erbol, advirtió a la población cruceña de que si se llega a concretar esa supuesta orden, los únicos responsables serán directamente García Linera y las personas involucradas.
“Si llega a suscitarse esa situación no habrá otra alternativa que aplicar lo que corresponde la ley; aquí no va a hacer lo que hizo en Pando”, manifestó.
García Linera, en contacto con periodistas en La Paz, respondió que no entrará “a un debate o diálogo con la ignorancia, debido a que ese tipo de comentarios sólo merece una mirada conmiserativa”.
“Ese señor sabe lo que hizo, hay denuncias. En las siguientes horas se mostrará a quién obedece, a la justicia o a otro tipo de intereses; se mostrará una serie de elementos jurídicos con los que sí hay que debatir, el resto lo dejo en manos de quienes no tienen argumentos”, puntualizó.
