Juan Carlos Urenda, principal ideólogo del proceso autonómico cruceño, no cree en la autonomía que promueve el Gobierno de Evo Morales. Considera que el anteproyecto de ley presentada por el ministro Romero no debe ser ni considerado.
Juan carlos Urenda, Abogado constitucionalista
Formación
Es abogado por la Universidad “Gabriel René Moreno”. Es master en Derecho por Harvard University.
Trabajos • Es proyectista de la Ley de Convocatoria a Referéndum nacional vinculante a la Asamblea Constituyente para las autonomías departamentales y del estatuto autonómico de Santa Cruz.
Libros • Su último libro “El sueño imperturbable”.
EL DÍA, Domingo, 16 de Agosto, 2009
Entrevista
Juan Carlos Urenda, abogado constitucionalista y experto en autonomía, cree que el MAS apura el proceso autonómico con fines electorales. Observa que en la práctica los gobernantes de turno son centralistas. Plantea que Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija se rearticulen y promuevan una reforma constitucional para hacer respetar la autonomía plena. En una entrevista con El Día advirtió que la autonomía indígena por decreto puede generar un desquiciamiento territorial del país.
¿El Gobierno acelera las autonomías?
Hay una manifiesta actitud proselitista. En lo que se refiere al anteproyecto de la ley de autonomía y descentralización socializada por el Gobierno, la postura debe ser que ni siquiera hay que considerarla.
El proceso de aprobación de los estatutos autonómicos en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija ha tenido cuatro referendos con un alto porcentaje de apoyo. Todo esto se ratificó en el Revocatorio en el que los prefectos de estos departamentos tuvieron un buen apoyo ciudadano, lo que representa un respaldo indirecto a los estatutos. La nueva Constitución fue rechazada en estas regiones básicamente porque no reconoce la autonomía plena legitimada en varias consultas.
Además, debemos señalar que la Constitución recorta de manera dramática las competencias del estatuto. Por ejemplo en el caso de Santa Cruz no cubre en absoluto el 62,3 por ciento de las competencias establecidas, las cubre con limitaciones apenas un 22,7 por ciento y solamente las cubre completamente un 15 por ciento.
De ahí que cuando pretenden aprobar una ley de autonomía nos dicen recortemos las competencias de ese estatuto, que el pueblo aprobó con 85,6 por ciento, para cumplir con la Constitución que Santa Cruz rechazó con un 65 por ciento. A esto le llamo una ecuación imposible impulsada por el MAS.
Pero no olvide que la Constitución fue aprobado con votos
Es cierto que el voto legitimó el irregularísimo proceso constitucional que tuvo hasta muertos en la Calancha, Chuquisaca. Hay una sentencia que establece que una vez llevado acabo el referéndum el Tribunal Constitucional suspende su competencia por tratarse de una manifestación de voluntad soberana. Lo que tenemos aquí es un proceso estatutario con cuatro rerefendos y otro que ganó a nivel nacional, pero perdió en cuatro departamentos. Hay un choque de expresiones soberanas que debe resolverse de alguna manera porque no se puede pretender que una destruya a la otra.
¿Cómo se resuelve?
Hay que tratar de lograr un acuerdo político destinado a reformar la Constitución a fin de respetar las voluntades. El pacto político debería derivar en un proyecto de ley de reforma constitucional del régimen de autonomía para hacer viable el país, porque de insistir el ministro de Autonomías, Carlos Romero, en su postura de aprobar con o sin, prepotente, no va a lograr imponer su proyecto. Ninguna autoridad política o representativa aceptaría una ley que le recorta las competencias a un estatuto aprobado en una consulta que no fue tachada de ilegal por ningún tribunal competente.
El Gobierno tiene que entender que la Constitución fue rechazada en cuatro departamentos, no la pueden imponer a la fuerza. No puede la voluntad de la gente del occidente determinar el destino de los de la media luna.
¿Qué observaciones hace al anteproyecto de ley de autonomía?
Cercena competencias que la propia Constitución le asigna a los gobiernos departamentales. Le quita atribuciones referidas a la sanidad inocuidad alimentaria, al régimen electoral departamental, expropiaciones, impuestos, fondos fiduciarios, desarrollo productivo, turismo, transporte interprovincial y ferrocarriles. Creo que se debería llamar anteproyecto de recentralización de las pocas competencias que la Constitución asigna a los gobiernos regionales.
Todas las transferencias la deriva a otras leyes. En otras palabras es una ley de mentiras porque dice que cuando se vaya a transferir competencias debe ser a través de otra ley. Lo único serio que tiene es el recorte inconstitucional de competencias asignadas en el artículo 301 de la Constitución.
¿Quiere decir que convierte a la autonomía en trámites legislativos?
Ese es el problema central, cuando el proceso autonómico tendría que ser absolutamente constitucional y no legal. No puede ser que se lo derive a la voluntad circunstancial de los gobernantes de turno. Acceder a este anteproyecto de ley es acceder al humor del gobernante que así como da quita.
Los gobernantes masistas han tomado la bandera de la autonomía, ¿por qué cree que pretenden aprobar esta ley?.
Sostengo que hay una conversión sin fe. La autonomía para el Gobierno siempre ha sido electoral y es manejada de una manera hipócrita. En campaña se llenan la boca de autonomía, pero en los hechos buscan cercenar competencias y centralizar recursos. Mire hasta la justicia la han centralizado en La Paz, ya que un decreto dice que el tema de terrorismo sólo lo pueden tratar los jueces paceños y así ocurre en lo económico y en otras áreas. Oiga han hecho un drama con el Servicio Departamental de Educación (Seduca) para centralizarlo, eso es una muestra de que no hay voluntad política para descentralizar.
¿El ministro de Autonomía es centralista?
Habría que preguntarle al ministro Romero qué es lo que ha autonomizado y qué dice de la centralización que hacen sus colegas. Entiendo que debe ser muy complicado ser ministro de autonomía de un Gobierno muy centralista.
¿Se vienen las autonomías indígenas por decreto?
Eso es inconstitucional, ya que las autonomías indígenas deben ser a través de una ley. Lo que se pretende es transformar las estructuras municipales en gobiernos indígenas. Aquí lo más grave es que si esta conversión no se hace de forma concertada puede generar una serie de confrontaciones de impensable magnitud en el país.
Hay un choque de concepciones, ya que el gobierno municipal está bien normado y modulado por jurisprudencia y al transformarlo en gobierno indígena se invade la autodeterminación de los pueblos en base a usos y costumbres que es la negación del ordenamiento municipal. No hay duda que generará conflictos de competencia, dinero y de límites. Estamos frente al inicio del desquiciamiento del ordenamiento territorial boliviano. Y los conflictos más graves serán en el occidente porque hay una autoidentificación indígena muy alta. Esto se debe hacer estableciendo procedimientos previos y conjugando intereses municipales porque lo contrario es una absoluta irresponsabilidad.
¿Qué camino tienen que seguir las regiones opositoras?
La media luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) debiera estructurarse para plantear una reforma constitucional mediante una ley aprobada por dos tercios. Tiene que preparar una propuesta autonómica y retomar la iniciativa.
Los cuatro departamentos deben concertar un planteamiento porque el derecho en este campo es exactamente igual para todos como mandan los resultados de los referendos regionales por estatutos aprobados.
¿Será clave la correlación de fuerzas en la próxima Asamblea Plurinacional?
Las fuerzas políticas deben tener más cuidado que nunca, ahora, en la selección de sus candidatos porque la Asamblea Plurinacional será crucial para definir el destino del país.
‘Hay un choque de manifestaciones soberanas que debe resolverse de alguna manera’
‘La autonomía para el Gobierno siempre ha sido electoral y es manejada de una manera hipócrita’
‘Habría que preguntarle al ministro Romero qué ha automizado y qué dice de los centralistas de sus colegas’
‘La media luna debe estructurarse para plantear una reforma constitucional en bus-ca de la autonomía’