El MAS, con una ley, busca prohibir el negocio a empresas privadas. Pretende que las prefecturas y las alcaldías administren los juegos de azar con una nueva norma.
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La Razón
Con la aprobación de un proyecto de ley, el Gobierno tiene la intención de crear casas de juegos de azar públicos, bajo la administración de prefecturas y municipios, explicó ayer el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gustavo Torrico (MAS).
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“La Constitución da la facultad a los municipios y prefecturas a hacer esto (administrar los juegos), porque tiene que ser competencia compartida con el Gobierno central”, dijo Torrico.
El proyecto de ley para este fin será considerado el próximo año. De momento, la Cámara de Diputados aprobó una norma que en su artículo único señala que “se prohíbe en todo el ámbito nacional la explotación privada de los juegos de azar o suerte”. El documento, que pasó al Senado para su tratamiento, va en contra del artículo 299 de la Constitución Política del Estado, numeral 4, que legaliza esta actividad.
El abogado de la empresa Lotex, Derich Monroy, dijo que pretender cerrar las casas de juego sería vulnerar la Constitución. “Lo que tengo entendido es que con la norma se revocará las licencias de las casas de juego ilegales. Estatizar o nacionalizar el juego no creo que sería prudente”.
De acuerdo con datos de la Lotería Nacional, en Bolivia existen cuatro casas de juego que trabajan con licencia. Estas entidades privadas generan al Estado un ingreso mensual de $us 400.000.
El jefe de la bancada del MAS en Diputados, Jorge Silva, explicó que con el proyecto de ley se pretende cerrar las casas de juego “que se multiplicaron en todo el territorio”, ya que muchas habrían obtenido sus licencias de funcionamiento “pagando” o “clonando” de otras. Además, afirmó, casi todas evaden impuestos.
“Para no entrar a un proceso de liquidación de casa por casa, se aprobó el proyecto de ley que esperamos se apruebe en el Senado, para que se pueda sanear las licencias de funcionamiento y a futuro, cuando se apruebe una ley en el marco de la actual CPE, tener una norma clara para las casas de juego”, indicó.
Antonio Franco, diputado de Podemos, manifestó que apoya el cierre de las casas de juego porque “generan prostitución y delincuencia”. Sin embargo, aclaró que no está de acuerdo con el anuncio de que se vaya a permitir la apertura de otras casas con una nueva norma que será elaborada en la otra legislatura.
“El proyecto aprobado no contempla que se pueda presentar en la próxima legislatura la apertura de otro tipo de casas de juego. Si el MAS pretende revocar las concesiones actuales y luego volver a licitarlas, ésa es otra intencionalidad”, sostuvo.
El senador Róger Pinto (Podemos) lamentó el doble discurso del Gobierno, porque primero se permitió la emisión de licencias y ahora quieren anularlas.
La norma aprobada en diputados
Artículo único • “Se prohíbe en todo el ámbito nacional la explotación privada de los juegos de azar o suerte, o cualquier otro juego en cualquiera de sus formas incluidos los bingos”.
Disposición transitoria • Con la promulgación de la ley quedan revocadas las licencias de funcionamiento de las empresas y se les otorga un plazo de 30 días para retirar sus máquinas.
Juegos • Se sancionará con prisión de tres meses a dos años a los que se dediquen a la venta, importación, circulación y a los que promuevan juegos organizados por entidades extranjeras.
Clandestinos • Se sancionará con prisión de dos a cinco años al que funde, organice, administre o explote establecimientos dedicados al juego de azar u otra actividad de apuestas.