Mientras unos gozan del derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso; los otros son traídos a La Paz y encarcelados de manera expeditiva sobre la base de presunciones o de acusaciones burdamente montadas. Los primeros pertenecen al oficialismo y los segundos son opositores. Es la «ley del embudo».
El diputado y ahora jefe de campaña del MAS, Jorge Silva, acudió prestamente en auxilio del ministro Juan Ramón Quintana, que no logra salir del embrollo de los 33 camiones cargados de contrabando y sorprendió con sus argumentos. Resulta que ahora cambió radicalmente de opinión y afirma que los ministros no pueden ser enjuiciados como cualquier ciudadano común porque gozan de un fuero especial establecido en la Ley 2445.
La verdad es que Silva tiene razón pero el problema surge cuando se constata que sus palabras no obedecen a criterios jurídicos ya que si así fuera, debiera salir en defensa del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, cuyo privilegio constitucional no ha sido respetado ya que como se sabe, los prefectos departamentales tienen un rango superior al de los ministros, porque se trata de autoridades elegidas por voto popular y no a dedo.
Todos recuerdan que Fernández fue secuestrado, trasladado a La Paz, encarcelado en el penal de San Pedro desde hace más de un año sin el debido proceso, y el pedido de que sea sometido a un juicio de responsabilidades fue objeto de burlas por parte del gobierno y de los masistas, entre ellos el diputado Silva que indicaban que la “masacre” -cuyos entretelones están lejos de ser conocidos-, era un delito común y por ello no correspondía un proceso a este nivel.
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Si se sigue la lógica del diputado Silva se llega a la conclusión de que el delito de contrabando merece todas las consideraciones, no es un delito común y los autores debieran ser considerados como ilustres y preclaros ciudadanos.
Pero no se trata del único caso. Los narcotraficantes, siempre y cuando sean militantes del MAS, pueden seguir transitando por las calles y así tengan sentencia sigue rigiendo para ellos el principio de presunción de inocencia.
A la larga lista de casos se suma uno reciente: Juan Marca Poma, dirigente del departamento de La Paz, fue condenado a diez años de prisión luego de haberse constatado que su principal actividad como «campesino» era la siembra de marihuana en unos predios que alquiló supuestamente para producir maíz.
De acuerdo a la Ley 1008, los implicados en casos de narcotráfico no pueden beneficiarse con la libertad condicional. Sin embargo Marca solo estuvo detenido tres días y pudo asumir su defensa en libertad, aunque esto último es solo un decir ya que se jactaba de que ningún juez se atrevería a condenarlo por su condición de alto dirigente del MAS y por tanto no debía preocuparse por presentar prueba de descargo alguna.
Fue condenado pero de poco sirve. Sigue libre y argumenta que sus compañeros de partido conocen su situación y no dejarán que entre preso. Evidentemente sabe que entre bomberos no acostumbran a pisarse la manguera.
Para muestra un botón afirma el dicho popular pero en este caso se trata de varios botones que muestran la permisividad que existe hacia los masistas que cometen delitos.
No está demás recordar que en el Chapare, las hermanitas Terán, fueron encontradas con 150 kilos de cocaína, pero debido a la protección que gozan de su hermana Margarita, muy allegada a Evo Morales, salieron libres y ahora se niegan a presentarse ante el juez y para ellas no hay orden de traerlas encapuchadas y enmanilladas a La Paz, como ocurre con cívicos de Santa Cruz, Pando u otra región, ciudadanos que por ser opositores son considerados «terroristas».
Y en los sonados casos de corrupción en las empresas «nacionalizadas» o estatales, muchos de los involucrados no han sido procesados sino «reubicados» en puestos menos visibles y otros se están defendiendo en libertad, a excepción de Santos Ramírez, ex presidente de YPFB, que en cualquier momento recuperará su libertad y dejará atrás el millonario negociado con la Catler seguido hasta de un asesinato, pues dicen que sigue pisando fuerte en el MAS.
Es evidente que en el nuevo «Estado Plurinacional» la Justicia tiende a ser monopolizada por operadores funcionales al gobierno de turno y por tanto no alcanza a esa nueva casta que ha surgido bajo el manto del decantado “proceso de cambio”.