El Gobierno de Evo Morales no puede demostrar que los casos de corrupción son aislados. Las salpicaduras parecen tocar la estructura.
Editorial El Día
Al Gobierno le está resultando más fácil meter presos a los compañeros del partido que a los opositores. El asunto es encarcelar, para alimentar el voto duro del MAS, para dar la sensación de que se está luchando contra la corrupción y por supuesto, para desviar la atención en relación a los últimos escándalos que ponen al oficialismo en medio de un campo minado.
El último trofeo del Gobierno se llama Guillermo Dalence, ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún, recientemente detenido y acusado por la compra irregular de terrenos con un sobreprecio de más de dos millones de dólares. No hay duda que cuesta creerle al funcionario, que también fue ministro de Minería, pero para salir de sospechas existe un decreto supremo –el 085 del 18 de abril de 2009-, que lleva la firma del vicepresidente Álvaro García Linera y todo el gabinete (incluida la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo) que establece el desembolso y el pago de 2,16 millones de dólares para la recuperación de tierras en la región de Puerto Suárez, para el desarrollo del proyecto que lleva adelante la empresa india Jindal.
Dalence no sólo tuvo el respaldo del gabinete para realizar esa operación; el directorio de la empresa Comibol, avaló la transacción de 15,27 millones de bolivianos por la adquisición de 2.537 hectáreas. De este movimiento también tuvieron conocimiento el Ministerio de Minería, el Instituto de Reforma Agraria, la ex Superintendencia Agraria y hasta el presidente Evo Morales. La acusación a Dalence se basa en un informe de la Superintendencia Agraria que hizo un avalúo de las mismas tierras que no llega a los 50 mil dólares, informe que supuestamente desconocía el detenido. Habrá que hilar fino en la investigación, pues dos millones de dólares no son fáciles de esconder.
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Para el Gobierno y especialmente para el Presidente, lo importante es demostrarle al país que los pringados con la corrupción son unos cuantos, los mismos que irán indefectiblemente a la cárcel, tal como sucedió con Santos Ramírez, ex presidente de YPFB. Sin embargo, ni en el caso del Mutún, el de la petrolera estatal o respecto al escándalo de los 33 camiones que se esfumaron con decenas de toneladas de contrabando, se pudo comprobar que todo estuvo en manos de “lobos solitarios”.
Lo de YPFB es el ejemplo más claro de que esta administración gubernamental ha tejido mediante decretos, fideicomisos y otras resoluciones, toda una estructura que favorece el manejo discrecional de los recursos del Estado, lo que no incluye por supuesto, el asesinato de empresarios. En el caso de los camiones, si bien no hubo decretos ni papel firmado, se comprobó que los hechos de corrupción se pasearon campantes por el Palacio de Gobierno, donde se dieron órdenes precisas desde lo más alto de la pirámide política. Claro, sin justicia y con un aparato represivo de su parte, el Gobierno tiene todo para manejar las cosas tratando de lograr el mejor impacto mediático. De todas formas, con ese reguero de decretos elaborados para eliminar la “burocracia”, el sector público está metido en una multitud de trampas que irán activándose con mucha frecuencia.