Por otro lado, la tozuda oposición a aceptar que el detenido preventivamente ejerza su derecho fundamental a la libre expresión constituye nomás una violación a los derechos humanos…
Editorial La Prensa
El actual proceso electoral, sacudido por agresivas e insultantes campañas políticas, ha entrado en el ojo de la tormenta por la negativa gubernamental a acatar la resolución del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) de permitir a uno de los candidatos a la Vicepresidencia hacer campaña proselitista desde el penal de San Pedro, donde fue recluido con detención preventiva.
Ese rechazo no sólo ha generado un conflicto de poderes, sino que se estrella contra la legislación sobre los derechos humanos y pone al Gobierno en dudosa posición sobre su pregonada condición democrática. El odio político, ya puesto de manifiesto días antes de la triste “masacre de Porvenir”, parece la causa principal de esa actitud oficialista.
La resolución del OEP está enmarcada en la Ley Electoral y basada en la propia Constitución Política del Estado (CPE) y otros instrumentos legales. Debería ser una decisión inapelable, por ello, admitida por el Gobierno y, sobre todo, por las autoridades penitenciarias.
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Hace unos días dijimos que el odio político está encegueciendo y ensordeciendo a quienes deben tener sensibilidad en todos los sentidos, para no incurrir en actos de injusticia y en transgresiones a derechos fundamentales de la persona humana, haciéndoles perder el norte democrático y caer en situaciones arbitrarias.
En el intenso debate desatado sobre este tema se han escuchado declaraciones de oficialistas y opositores al cual más encendidas y en algunos casos traídas de los cabellos, en un intento de llevar agua a su molino. No faltó alguien que expresó que el organismo electoral hacía campaña por la oposición.
El OEP cumplió una excelente tarea de empadronamiento. Fue más allá de lo previsto y actuó con tal independencia que recuperó lo que parecía totalmente perdida: su credibilidad. No es bueno para las instituciones, para el país ni su democracia volver a enlodar esa imagen con acusaciones irresponsables que no reflejan lo que dicen las normas.
Por otro lado, la tozuda oposición a aceptar que el detenido preventivamente ejerza su derecho fundamental a la libre expresión constituye nomás una violación a los derechos humanos que puede constituirse en un boomerang si se cumple el anuncio gubernamental de acudir a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales para protestar contra la resolución del OEP y su Presidente.
Los partidos políticos deberían, también, hacer un alto en este camino electoral plagado de púas, reflexionar y bajar el nivel de insultos y agresiones verbales que se vierten en un afán de desprestigiar al adversario a fin de arrebatarse votos mutuamente, pues lo único que lograrán será perder respeto de la sociedad.
Lo correcto sería que expongan programas originales, creíbles y realizables para mejorar la calidad de vida de los bolivianos, que deberían ser la verdadera preocupación de los candidatos y no esas ideologías destructivas y polarizantes que agobian y desesperan.