De un tiempo a esta parte, en especial el que corresponde a la gestión del presidente Evo Morales, la administración y aplicación de la justicia en Bolivia se ha vuelto un motivo de terror.
Editorial El Deber
Así viene dándose hoy, en pleno siglo XXI y en vigencia “plena” de la democracia con la que los actuales gobernantes se llenan la boca aunque de dientes para afuera. Del estropicio que permanente y sistemáticamente se está haciendo de tan fundamental derecho de las sociedades que se consideran libres y a la vez soberanas, vienen sobrando los ejemplos. Acaso el más llamativo sea el que corresponde al prefecto electo de Pando, Leopoldo Fernández, que lleva más de un año guardando detención en un penal de la ciudad de La Paz, sin que haya sido sometido a un justo y debido proceso. Por el contrario, en su caso los fiscales que son claramente funcionales al gusto del Gobierno, se han encargado de pisotear los derechos fundamentales del aludido Fernández, además de arremeter contra la institucionalidad y, desde luego, las leyes vigentes en el país, lo que parece tener sin cuidado a los que las manipulan. Y es que planteadas así las cosas, la premisa fundamental parece ser la de refundir entre los muros de una cárcel al caudillo pandino e inhabilitar de cualquier modo su participación como candidato en las elecciones generales de diciembre venidero.
Parecida es la situación que confrontan otros ciudadanos como los dos ex dirigentes unionistas, que sin previa notificación y por segunda vez fueron detenidos en la sede de Gobierno, después de haber sido arrestados en abril pasado, ahora bajo el cargo de ‘alzamiento armado’.
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En tanto, sigue envuelto en la nebulosa el caso del hacendado secuestrado hace poco más de un mes cerca de Santa Cruz de la Sierra y llevado violentamente a La Paz tras una acción tipo comando por un grupo policial de élite que, además, tiroteó al equipo periodístico de una red televisiva que cubría el ámbito noticioso.
Y como en la actual gestión gubernamental, la ley es ancha para unos y angosta para otros, el oficial de la Policía al frente de aquella operación todavía no aclara su participación en la misma ni en el bullado y controvertido caso de ‘terrorismo’, que derivó en la matanza de Eduardo Rózsa y dos de sus acompañantes ocurrida en abril pasado en un hotel céntrico de esta ciudad. Un caso en el que, dicho sea de paso, las investigaciones no han tenido otro efecto que el de enredarlo absolutamente todo y de entorpecer casi por completo la necesaria e imperiosa búsqueda de la verdad.
Resumiendo, a la luz de estos hechos, la justicia se manifiesta gravemente zarandeada y con tal flaqueza a cuestas no puede ser norma que garantice la convivencia en paz, sino por el contrario un instrumento para motivar el terror.