A todo esto, informes médicos y forenses —de presumible seriedad— llegados del exterior afirman que tanto el húngaro como el irlandés fueron “ejecutados” y que no hubo tal enfrentamiento.
Editorial La Prensa del 18/10/09
Han pasado más de seis meses desde los hechos de violencia que se registraron en un hotel céntrico de Santa Cruz la noche del 14 de abril. Como es sabido, perdieron la vida el controvertido y enigmático Eduardo Rózsa, junto con dos ciudadanos europeos de nacionalidad irlandesa y húngara, respectivamente. Los dos sobrevivientes permanecen detenidos.
Tan pronto se produjo el hecho de sangre, se suscitó una verdadera caza de brujas por parte de las autoridades, quienes no cejaron en tildar de “separatistas” o de “subversivos” hasta a quienes habían tenido un simple trato casual, fortuito o de simple cortesía con los caídos. Asimismo, se involucró a instituciones y personas mediante una larga lista de “sospechosos”. Todo esto —controversias sobre la jurisdicción aparte— derivó en forzados viajes a La Paz para tomarle declaraciones a numerosas personas. En algunos casos hubo detenciones, varias de ellas arbitrarias y sin el más mínimo respeto ni por los derechos humanos, ni por los procedimientos legales usuales en democracia.
Todo este lúgubre tema sigue en el tapete hasta hoy, pero he aquí que en lugar de esclarecerse, día a día se torna más confuso. A todo esto, informes médicos y forenses —de presumible seriedad— llegados del exterior afirman que tanto el húngaro como el irlandés fueron “ejecutados” y que no hubo tal enfrentamiento. Las contradicciones en este sonado caso están a la orden y con sospechas de múltiple naturaleza que apuntan a diversos lugares o personas.
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De acuerdo con lo manifestado hace poco por la propia representante diplomática boliviana ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Gobierno de Evo Morales estaría dispuesto a una investigación internacional. Creemos sinceramente que —sin mella de la soberanía nacional y con el debido respeto a nuestro país— es necesario que la actual administración conceda y autorice ese proceder. Solamente así se podrá terminar de esclarecer este sonado asunto y se dará fin a tanta teoría conspirativa que se ha generado, de un lado y del otro. Asimismo, es necesario establecer fehacientemente si en verdad se produjo un enfrentamiento con efectivos policiales o fue —como ya afirman en el exterior— una ejecución lisa y llana. De la misma forma, debe esclarecerse el papel que han cumplido algunos oficiales de la Policía, tanto antes como después.
A esta altura del tiempo, se requiere conocimiento pleno y transparencia total acerca de lo ocurrido. Hay que identificar claramente a los responsables, como también sus eventuales motivaciones, causas, financiadores, momentos previos, etc. Esto sólo lo podrá verificar con objetividad un cuerpo internacional consensuado, prescindente de los avatares internos y respetado por las partes, incluyendo gobiernos como familiares de las víctimas extranjeras. Hay que hacerlo pronto, la seriedad y responsabilidad del país están en juego. A ello se suma la necesidad de investigar cualquier violación de los derechos humanos que hubiera habido, más allá de ideologías, coyunturas, personajes o tramas.