Justicia: La presión arterial del ex unionista llegó a 220/200 ayer, cuando éste cumplió 44 días en la Policía Judicial. El abogado Denver Pedraza ya no lo patrocina, es testigo en el caso Rózsa.
Llegada: Alcides Mendoza, junto a una abogada del Defensor del Pueblo, el 12 de octubre, cuando llegó a La Paz por orden del fiscal Marcelo Soza
La Prensa
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El ex unionista Alcides Mendoza, quien hoy cumple 45 días en calidad de aprehendido en una celda de ocho metros cuadrados en la Policía Judicial, sufrió ayer otra crisis de hipertensión, que alcanzó el índice de 220/200.
La Fiscalía investiga a Mendoza y Juan Carlos Gueder, ex integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), por el presunto delito de alzamiento armado al haber formado parte de la célula de Eduardo Rózsa Flores.
El proceso está paralizado porque el Ministerio de Gobierno recusó a los diez jueces cautelares de La Paz, por lo que éstos no pueden conocer la causa, en tanto que la Sala Penal de la Corte Superior no se ha reunido aún para definir qué magistrado debe hacerse cargo del proceso.
Esa instancia de administración de justicia no puede considerar el tema, pues las notificaciones al Ministerio de Gobierno, que es parte coadyuvante en el caso, se extraviaron.
Mendoza se sintió ayer por la mañana indispuesto por la súbita elevación de su presión arterial, por lo que fue atendido por un médico particular que le proporcionó los fármacos necesarios para estabilizarlo.
El fiscal Marcelo Soza, quien investiga las actividades de la célula liderada por Rózsa Flores, dispuso el 12 de octubre que Mendoza y Gueder fuesen trasladados de Santa Cruz a La Paz a pesar de que cumplían detención domiciliaria por el delito de terrorismo.
Gueder admitió haber vendido una vieja ametralladora Brno a Rózsa Flores entre enero y febrero y que fue reclutado por Mendoza para formar parte del grupo, que se preparaba para la “defensa de Santa Cruz”.
El cruceño Denver Pedraza, primer abogado de ambos ex integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), recusó a Soza, pero el recurso no fue considerado por el Ministerio Público.
Soza convocó, posteriormente, a Pedraza como testigo en el caso, por lo que éste no puede ejercer labores como defensor de los dos sospechosos.
Ambos fueron depositados en celdas de la Policía Judicial el 13 de octubre, pero nadie puede permanecer más de 48 horas después de haber sido imputado, según la ley vigente.
La Corte de Santa Cruz declaró procedente una acción de libertad interpuesta por ambos aprehendidos, pero no hay un juez en La Paz que dé cumplimiento a esa resolución del tribunal de garantías constitucionales.
Raúl Corro, abogado de los ex unionistas, dijo que trabaja para corregir esa anomalía y, “con un poco de buena voluntad, creo que este problema se subsanará hasta el viernes de la próxima semana”.
Una vez que la Sala Penal decida qué juzgado conocerá la situación de Gueder y Mendoza, éste deberá, dijo Corro, dar curso a la acción de libertad para que sus clientes retornen a Santa Cruz de la Sierra de inmediato.
Los dos deberán continuar bajo arresto domiciliario, “pero hay una situación muy difícil, porque ambos viven al día de su trabajo y desde hace seis meses que no pueden hacerlo”.
Las recusaciones aún no son resueltas por el extravío de documentos.