Santos Ramírez, ex presidente de YPFB, acusó a la ministra Nardi Suxo; Héctor Arce, ex ministro de Defensa Legal y a su sucesor, Carlos Villegas.
Acusado: Santos Ramírez abandona la Corte de Justicia ayer, después de que una audiencia de acción de libertad fuera declarada improcedente.
La Prensa
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Corrupción: El ex Presidente de YPFB reveló que espera ser enjuiciado para revelar quiénes participaron en la contratación de Catler-Uniservice. Jiovana Navia dijo que sabe dónde está el dinero robado a Jorge O’Connor.
Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), acusó ayer a Nardi Suxo, ministra de Transparencia; Héctor Arce, ex ministro de Defensa Legal del Estado, y a su sucesor, Carlos Villegas, de involucrarlo en la irregular contratación del consorcio Catler-Uniservice para construir una planta separadora de líquidos en Santa Cruz.
Entretanto, su esposa, Jiovana Navia, admitió públicamente ayer que conoce dónde está el dinero arrebatado a Jorge O’Connor D’Arlach, pero que no hablará por las amenazas y presiones que sufre.
El 27 de enero, cinco delincuentes asesinaron a O’Connor D’Arlach y le arrebataron 450.000 dólares. La Fiscalía sospecha que ese dinero estaba destinado a pagar una coima a Santos Ramírez.
El recluido, después de hacer sus propias investigaciones, llegó a la conclusión de que el Ministerio Público perdió independencia y que en la actualidad responde a personas que “pretenden sepultarme políticamente”.
En varias oportunidades la comisión de fiscales, integrada por Edward Mollinedo, César Romano, Isabelino Gómez y Aldo Ortiz, se reunió con Suxo, Arce y Villegas, según el recluso, para entorpecer la indagación de la verdad y “armar una componenda”.
Se comprometió a dar a conocer detalles durante el juicio en el que asumirá su defensa.
“Prefiero ir (a juicio) para desenmascarar cómo se ha organizado todo esto. Están obligando a los testigos a retractarse y declarar en contra de Santos Ramírez”.
La esposa de la ex autoridad dijo que en el juicio se defenderá de las imputaciones en su contra y será el escenario donde revelará el destino del dinero que se manejó con motivo de la construcción de Catler-Uniservice, aunque subrayó que “nunca recibió un peso de nadie” y que jamás mantuvo contacto con ejecutivos de ese consorcio.
“En su momento voy a hablar y aclarar algunos puntos con relación a los fiscales y otros temas. Voy a llamar a una conferencia de prensa, pero en este momento no puedo hablar”.
El fiscal Mollinedo presentó la acusación formal en contra de Ramírez y otras 11 personas por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, además de cohecho activo y pasivo.
“Ésta es la primera acusación de uno de los casos más importantes, que ha dado inicio a otros que son asesinato, legitimación de ganancias ilícitas y SIPSA, que está en etapa de conclusiones”.
El Ministerio Público asegura tener más de 120 pruebas documentales y 150 testigos que sustentarán la acusación formal.
Mollinedo admitió haber sostenido tres reuniones con Carlos Villegas, presidente de YPFB, principal querellante del caso, y con la ministra Suxo, quien es parte denunciante.
Estas autoridades aportaron varias pruebas para esclarecer el caso y otras que están en investigación.
Fiscal denuncia intimidación
El fiscal Edward Mollinedo denunció que el miércoles por la tarde recibió amenazas “muy graves” en contra suya y de su familia.
A la autoridad llegaron mensajes que buscan amedrentarlo a través de su teléfono celular. “Hemos tratado de ser independientes, sin favorecer ni a nada ni a nadie, y prueba de ello es el juicio oral que se desarrollará”.
Mollinedo sospecha que el autor de las amenazas sea uno de los acusados, que tiene acceso al servicio de internet, incluso en el mismo penal de San Pedro.
“Tiene que ser uno de ellos (los acusados), vamos a investigar de dónde salen los mensajes para identificar su procedencia y hallar a sus autores”.
El juicio contra Santos Ramírez se instalará dentro de 15 o 20 días y no concluirá hasta que se emita la sentencia correspondiente.
El ex titular de la estatal petrolera es acusado de cinco delitos.
Santos Ramírez dice que todo fue “armado”
PROCESO. El ex presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez Valverde, denunció que “existe interés de sepultarlo políticamente por parte de algunos ministros” y que todo fue “armado”.
Sobre Ramírez pesa una acusación formal de la Fiscalía en el proceso seguido por YPFB en contra de Catler Uniservice.
Tras la suspensión de una audiencia de acción de libertad en el caso SIPSA, Ramírez identificó al ex ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, al actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, y a la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, de promover su reclusión en la cárcel de San Pedro.
Aseveró que asumirá su defensa. A su juicio prefiere «ir a un proceso oral público para desenmascarar de cómo se armó toda la acusación formal en su contra».
Denunció que la comisión de fiscales «obligó a los acusados a retractarse en sus declaraciones, a declarar contra Santos Ramírez». Señaló, según ABI, que se ocupó en investigar de cómo se armó todo esto. La Razón