La Fiscalía presentó la acusación formal que da paso al juicio en su contra. El ex titular de YPFB está dispuesto a ser juzgado. Podría ser sentenciado hasta a seis años de presidio.
8 DE ABRIL. Santos Ramírez es conducido al interior de la cárcel de San Pedro, donde permanece desde febrero.
La Razón
La comisión de fiscales que investiga el caso Catler-Uniservice presentó ayer la acusación formal contra el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, por seis delitos. La imputación da paso al juicio oral en el que el también ex hombre fuerte del Gobierno podría ser sentenciado hasta a seis años de presidio.
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El fiscal interino del Distrito de La Paz, Fernando Ganam, informó que la acusación incluye a 11 personas más y que ésta fue remitida al juez del control jurisdiccional, Carlos Guerrero —titular del Juzgado 1° de Instrucción en lo Penal—, quien enviará la causa a la instancia donde se sorteará el Tribunal de Sentencia.
El 14 de enero del 2008, la estatal petrolera firmó un contrato con el consorcio boliviano-argentino Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en la localidad de Río Grande, Santa Cruz, por $us 86,3 millones.
Las irregularidades en torno al contrato salieron a la luz el 27 de enero de este año. Ese día, el empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach —ejecutivo de Uniservice— fue asesinado y le arrebataron $us 450 mil, una presunta comisión ilegal para Ramírez por la adjudicación de la obra.
Ganam precisó a La Razón que a Ramírez se lo acusa de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, asociación delictuosa y cohecho pasivo propio. Esos delitos son sancionados por el Código Penal con penas que oscilan entre uno y seis años de cárcel.
“En verdad a mí me gustaría llegar hasta el proceso (juicio) porque es abierto y público y así conoceremos de cara a nuestro pueblo quiénes han sido los responsables de esto; por qué han matado al señor Jorge O’Connor; quién ha encargado matar al señor, porque ahí nace el problema y —segundo— por qué los fiscales han dado proceso abreviado a la gente que ha confesado su participación”, afirmó ayer Ramírez, tras la suspensión de su audiencia de cesación detención preventiva.
La ex autoridad permanece recluida en el penal de San Pedro de La Paz desde el 12 de febrero. Mario Cossío McGalem (funcionario de Uniservice) y Gonzalo Aramayo Doria Medina (primo de la esposa de Ramírez) asumieron culpa en el caso y esperan, en libertad, una sentencia judicial.
“Vemos que no les interesa a ellos que se investigue, que se aclare, sino les interesa que Santos Ramírez esté detenido a cualquier costo. Hasta ahora no han demostrado nada. Lo único que se han avocado es por todo lado obligar a encontrar posibles. Les han obligado a que declaren contra mí, les han ofrecido libertad”, manifestó la ex autoridad.
El Ministerio Público también imputó formalmente a Agustín Tomás Melano, Miguel O’Connor D’Arlach Taborga, Luis Fernando Córdova Santibáñez, Javier René Navía Doria Medina, Jiovanna Navía Doria Medina, Esther Carmona Nogales, Daniel Álvarez Gantier, Julio Anagua Chumacero, Marco Antonio Vega del Carpio, Mauricio Ochoa Urioste y Misael Gemio Jordán.
Las etapas para el juicio oral
El fiscal interino del Distrito de La Paz, Fernando Ganam, informó a La Razón de las fases previas al comienzo del juicio oral contra el ex titular de YPFB, Santos Ramírez, y otros 11 imputados en el caso Catler.
Indicó que una vez sorteado el Tribunal de Sentencia, formado por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos, el tribunal dicta un auto de radicatoria del proceso y nombra un presidente, el cual a su vez dicta un auto de apertura del juicio oral.
En ese momento, indicó Ganam, se notifica a las partes, acusadores y acusados, para que en el plazo de 10 días presenten al tribunal la acusación particular y sus pruebas de descargo, respectivamente.
Añadió que luego se realiza la selección de los jueces ciudadanos. Una vez conformado plenamente el tribunal, dijo, se fijará día y hora para iniciar el juicio.
“Desde el momento de la notificación con la última imputación formal y la acusación deben transcurrir por lo menos seis meses para que los imputados se defiendan”, aseguró a la red PAT el abogado de Ramírez, José Luis Paredes, a tiempo de denunciar violaciones a la norma por parte de la comisión de fiscales que investiga las irregularidades en torno al contrato entre Yacimientos y el consorcio Catler Uniservice.