Por Sergio P. Luís, profesional independiente.
La destitución de Manuel Zelaya, ha creado un prolongado problema político. Persisten aún argumentos a favor o en contra de esta acción; es decir, si fue un golpe clásico, o una acción legal de la Corte Suprema y del Congreso, que resultó en la separación del cargo a quien fuera elegido por los hondureños, pero que violó la constitución.
Se sucedieron los sainetes: la intervención del chavismo; las amenazas del impresentable Ortega; las idas y venidas de la Secretaría de la OEA y las lamentables actuaciones de Insulza y las bobas declaraciones de su representante; los zigzagueos de la señora Clinton que promovió la mediación del presidente Arias de Costa Rica; las críticas de congresistas norteamericanos a la acción de la diplomacia del señor Obama; el refugio de Zelaya en la sede de la Embajada del Brasil en la capital hondureña, desmintiendo la tradicional seriedad de la diplomacia de Itamaraty y, al final, la acción del subsecretario de Estado, Thomas Shannon, que consiguió, al fin –aún se espera que sea efectivo–, un acuerdo entre el gobierno del presidente Micheletti y los representantes del depuesto presidente.
Shannon no calculó bien el grado de empecinamiento cerril de Zelaya. Éste ya salió con una nueva posición: “Si el Congreso vota contra mi restitución, es que entonces no hay acuerdo. Eso significaría que fracasaron las negociaciones, que fracasó todo”. (BBC Mundo, 02.11.2009) Esto, ante la posibilidad de que ni la Corte Suprema ni el Congreso le otorguen los votos suficientes para su restitución. Confía este señor que los congresistas, tendrán que votar bajo presión y, de esto, ya tenemos experiencias propias con los cercos al Parlamento.
Pero, inesperadamente, sale a relucir lo sórdido: Pregunta una periodista a Zelaya: “El periódico español La Vanguardia publica este domingo (01.11.2009) que el subsecretario de Estado estadounidense para América Latina, Thomas Shannon, lo presionó a que firmara el acuerdo bajo la amenaza de que si no lo hacía su hijo Héctor, que se encuentra en Estados Unidos, podría ser enjuiciado por narcotráfico, ¿es eso efectivo?”. Descompuesto, Zelaya respondió: “Son especulaciones periodísticas. No conozco los detalles de la publicación, pero me parece (sic) una acusación infundada”.
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Lo que fue un problema continental, se ha convertido en una charada. Zelaya, con sus incongruencias y ahora con su respuesta dubitativa sobre la presión recibida, además de sus lealtades de converso al populismo, muestra sus carencias para gobernar responsablemente. Es más, nadie ha desmentido que este Zelaya atentó contra la constitución, lo que, en países serios, es un delito que inhabilita para seguir conduciendo una nación.
La pugna puede seguir por un tiempo más, pese a que se dice, creíblemente, que una abrumadora mayoría –el 87 %– de los hondureños apoya al gobierno provisional, que presidirá las elecciones de noviembre, y que rechaza el retorno de un presidente comprometido y deudor del castro-chavismo.
Hay otra sordidez. Shannon ha sido nombrado embajador de Estados Unidos en el Brasil, pero no ha sido ratificado por el congreso norteamericano (tampoco su sucesor, el chileno–estadounidense, Arturo Valenzuela), precisamente por la dura posición norteamericana contra el gobierno provisional de Honduras. Cabe, entonces, sospechar que en el arreglo se han mezclado conveniencias personales. Solucionada la crisis, Shannon y Valenzuela, serían ratificados, y así, “todos felices comiendo perdices…”, incluyendo el monigote de Caracas.