Descalifican el informe masista del caso Rózsa porque encubre a gente del Gobierno. Fiscal pedirá anotar bienes de líderes cruceños; éstos se consideran perseguidos políticos.
Churrasco: Ignacio Villa Vargas, Eduardo Rózsa Flores y Wálter Andrade, a principios de abril en Cotoca
La Prensa
Gueder vio a Andrade junto a Rózsa y el “Viejo” en febrero
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Terrorismo: El unionista detenido identificó al Comandante de la disuelta UTARC en el stand de Cotas en febrero. Inteligencia tiene otra versión.
Era “medio indiecito, de pelo largo y con una cicatriz encima de una ceja”. Así describió el ex unionista Juan Carlos Gueder al capitán Wálter Andrade, comandante de la disuelta UTARC, cuando lo vio por primera vez en el campo ferial cruceño, antes de Carnavales.
Gueder Bruno fue aprehendido por la Fiscalía el 29 de abril en Santa Cruz de la Sierra junto con Alcides Mendoza, otro ex integrante de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), y trasladado por la fuerza a La Paz.
Un día después, Gueder reveló a los medios que Mendoza lo puso en contacto con el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores, quien le pidió que le consiga armas para la defensa de Santa Cruz.
Le vendió una vieja ametralladora Brno con dos cacerinas hechas artesanalmente en 1.300 dólares, aunque la entrega de los últimos implementos demandó alrededor de dos meses, mientras que le dio la primera en enero de este año.
El imputado por terrorismo y alzamiento armado declaró hace 36 días, cuando llegó a La Paz por segunda vez, que Rózsa Flores amenazó con matarlo por la demora en la entrega de los recipientes para la munición.
El aprehendido dijo que mientras entregaba la ametralladora a Rózsa, en la parte exterior del stand de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) se encontraba “Andrade” —así lo llama— junto con Ignacio Villa Vargas, alias el “Viejo”, y otras personas.
Incluso, Gueder sostuvo que Villa Vargas presentó a Andrade como un especialista en explosivos, que formó parte de Sendero Luminoso y que ostentaba una herida de bala en un pie.
“Tenía un hueco”. La lesión fue causada por un proyectil de nueve milímetros, de reglamento en la Policía.
Sin embargo, en declaraciones prestadas a los medios el martes 10, el director nacional de Inteligencia de la Policía, coronel Jorge Santiesteban, expresó: “Debo manifestar que en el mes de marzo se tomó contacto con el informante Villa Vargas, el que manifestó y dio a conocer sobre un grupo armado de alta peligrosidad que estaba realizando actividades sospechosas en la ciudad de Santa Cruz y que los miembros eran gente extranjera”.
Este año, los Carnavales se celebraron entre el 22 y el 24 de febrero. Si se considera que la entrega de las cacerinas demandó más o menos dos meses, se concluye que la entrega de la Brno se realizó a principios de febrero, pues Rózsa Flores y dos de sus camaradas fueron abatidos por una operativo policial el 16 de abril.
Jorge Santiesteban aseveró, también, que “la unidad de Inteligencia no tenía ningún infiltrado en el grupo terrorista, tenía conocimiento sobre el atentado en la ciudad de Santa Cruz en el caso del Cardenal. No teníamos conocimiento y los objetivos inmediatos del grupo terrorista, por otra parte, se perdió contacto con el informante Villa Vargas”.
Gueder confirmó el lunes a la red PAT que “la última vez que fui a dejarle el arma a Rózsa, él estaba ahí con Andrade, que se hacía pasar por capitán de Sendero Luminoso. Yo creo que soplaba a ambos lados, porque para compartir fiestas como un supuesto infiltrado con el capitán Andrade, los veo muy irónico, como para hacerse la burla de la inteligencia de nosotros”.
El jefe policial mencionó que cuando se recibió la información de Villa Vargas, el grupo se hospedaba en el hotel Asturias, en el que Rózsa Flores y los suyos estuvieron entre el 12 de enero y el 3 de abril.
Bajo el mando de Andrade, la Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (UTARC) llevó adelante la acción del 16 de abril, que desbarató al grupo irregular.
Inteligencia dijo que Andrade se reunió con Rózsa desde marzo.
Gobierno recusó a 10 magistrados
Con memoriales que prácticamente tienen el mismo contenido, el Ministerio de Gobierno recusó a los 10 jueces penales cautelares de la Corte de La Paz para que no reciban el fallo de la acción de libertad que Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza ganaron en la jurisdicción de Santa Cruz.
Los 10 magistrados rechazaron los recursos firmados por los abogados Boris Villegas y Denis Rodas, del Ministerio de Gobierno, pero ninguno puede retomar el conocimiento de la causa mientras la Corte Superior de Distrito no se pronuncie.
Sin embargo, el extravío de notificaciones al Ministerio de Gobierno impide que el máximo organismo de justicia de La Paz se reúna para analizar el contenido de las recusaciones, que en todos los casos alegan los incisos 1 y 5 del artículo 316 del Código de Procedimiento Penal, que estipula las causas por las que puede solicitar otro juzgador.
Entretanto, una orden emitida por el juez cruceño Luis Tapia Pachi para que el expediente del caso terrorismo sea enviado a Santa Cruz no será acatada. Aunque no hay autoridad responsable para definir el envío de los documentos, se conoció ayer que el fiscal Marcelo Soza se mantendrá como director de la investigación.
Policía declaró ante la Fiscalía
La dragoneante Marilin Vargas Villca, alias “Karen”, compareció ayer por la mañana ante el fiscal Prudencio Flores para formalizar la denuncia contra los diputados Bernardo Montenegro, Pablo Banegas y Marisol Abán por uso de instrumento falsificado y falsedad material e ideológica.
“Karen” sostiene que no firmó la carta que acompaña un video del operativo del 16 de abril, en el que Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Micheal Dwyer murieron, documento gráfico que fue empleado por los parlamentarios opositores.
Al salir del Ministerio Público, Vargas Villca cubrió su rostro con la visera de una gorra y fue llevada por un fornido oficial. Ambos corrieron para evitar que la efectiva de Inteligencia sea entrevistada y su rostro sea conocido públicamente.
Al término de la sesión, Flores dijo que “la víctima entregó pruebas que demuestran el extremo denunciado”, aunque no quiso decir cuáles fueron éstas, “porque el caso se encuentra bajo investigación”.
El representante de la Fiscalía anunció que este jueves, los parlamentarios contra quienes se abrió proceso deberán prestar sus declaraciones informativas y que su condición de representantes nacionales no impedirá que sean enjuiciados, si fuera necesario.
Se consideran perseguidos políticos
Investigación. Los señalados por la investigación del MAS niegan vínculos con Rózsa
Comisión. La diputada opositora Marisol Abán no fue escuchada por el MAS
El Deber
Pablo Ortiz/Marco Chuquimia
Los líderes políticos y empresariales cruceños acusados por la parte oficialista de la Comisíon Especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso de supuesto terrorismo en Santa Cruz se consideran perseguidos políticos. El lunes, el oficialismo señaló al prefecto Rubén Costa, al ex cívico Branko Marinkovic, al presidente de la CAO, Mauricio Roca; al presidente de la Cainco, Mauricio Paz; al vicepresidente cívico, Guido Náyar, y al candidato a senador por PPB Germán Antelo, como los financiadores del grupo presuntamente liderado por Eduardo Rózsa.
Al respecto, Roly Aguilera, secretario general de la Prefectura, aseguró que se trata de una jugada política para inhabilitar a Costas como candidato a la reelección.
“El caso de terrorismo le quema las manos al Gobierno, que no toma en cuenta las nuevas evidencias. ¿Porqué cerrar la investigación ahora que hay nuevas evidencias? Hay videos, declaraciones, nuevos personajes y el Gobierno hace caso omiso”, dijo.
Por su parte, Costas señaló que le parece bien que el oficialismo ordene su investigación, pero para ello exigió que se respete la jurisdicción de Santa Cruz. La autoridad lamentó que los acusados hubieran muerto en el operativo, señalando que si estuvieran vivos aportarían en mucho a la investigación. “Ahí sabríamos realmente si esos tipos eran ángeles o demonios, si eran infiltrados, si los trajo el Gobierno o si los tipos eran aventureros”, dijo.
Náyar, por su parte, calificó el informe como un hecho eminentemente político elaborado “por unos bellacos buscapegas que han originado una persecución política” en su contra.
Para Antelo, después del 6 de diciembre, si gana Evo Morales, se llevará a un brete a todos los ‘cerriles’ y ‘chúcaros’ y los que no se sometan al Gobierno serán ‘carneados’. Finalmente, el abogado de Marinkovic, Víctor Hugo Peralta, declaró a Unitel que el informe del oficialismo en realidad beneficia a su defendido porque no indica ningún vínculo del empresario y dirigente cívico con los supuestos terroristas.
La Policía, en operativo por ‘Karen’
La declaración de la dragoneante Marylin Vargas, alias Karen, que interpuso una querella contra tres diputados de oposición fue precedida de todo un operativo policial. Desde antes de su comparecencia la Policía movilizó su personal para impedir que los medios accedan a ella.
El lunes, el fiscal Prudencio Flores anunció que la ex Utarc declararía a las 14:00 de ayer, pero se presentó a las 9:30. Cuando terminó la indagatoria, Vargas salió rauda de la oficina acompañada por tres uniformados que alejaban a la prensa. La Policía despejó la céntrica calle Potosí de La Paz, usualmente congestionada, la subieron a un taxi y así evitaron que declare. En el operativo, participaron tanto efectivos uniformados como de civil.
Descalifican el informe masista del caso Rózsa
Opositores, cívicos y acusados rechazan el informe de la comisión de los masistas. Buscan encubrir a gente del Gobierno.
EL DÍA, Miércoles, 18 de Noviembre, 2009
Hubo un rechazo unánime en Santa Cruz al informe emitido por los diputados masistas de la comisión multipartidaria que investigó el presunto caso de terrorismo, el mismo que hoy pasará al pleno de la Cámara Baja para analizar las recomendaciones que hacen.
La diputada del MNR, Marisol Abán, miembro de la misma comisión calificó el informe de tendencioso porque sus colegas masistas no toman en cuenta los hechos sucedidos en el hotel Las Américas, los videos y las evidencias que llevan a pensar que hubo una ejecución extralegal.
En esa oportunidad, el 16 de abril, la Policía dio muerte al supuesto cabecilla Eduardo Rózsa y sus acompañantes Martin Dwyer y Árpád Magyarosi.
“Ese no es un informe de los diputados al pueblo, seamos claros, ese es un informe del MAS, es una bellacada”, dijo el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Guido Náyar, al señalar que el mismo no tiene ningún valor legal.
Náyar dijo que fue involucrado por firmar un cheque de cambio de dólares a bolivianos para pagar sueldos en el Comité.
La comisión de diputados masistas aprobó que líderes cruceños como el prefecto Rubén Costas, el ex cívico Branko Marinkovic, Guido Náyar, Orlando Justiniano, el ex-cívico Germán Antelo y Mauricio Roca, entre otros, formaban el llamado consejo supremo que financiaba a la célula subversiva y que sus bienes deberían ser anotados preventivamente y ellos citados a declarar por el fiscal Marcelo Soza.
El secretario de la Prefectura cruceña, Roly Aguilera, dijo que ese informe sólo tiene la intención de inhabilitar a Costas para los comicios de abril.
“Es un veredicto político, no deberían cerrar la investigación ahora que hay nuevas evidencias”, dijo.
Por su parte el ex cívico Germán Antelo y actual candidato a senador por Convergencia Nacional, señaló que la intención del gobierno es judicializar la política.
“No por nada tienen preso a Leopoldo Fernández, le están buscando cinco pies al gato, a este gobierno sólo le falta que pongan al cepo a quienes no piensen igual o a los que no se dejen marcar o carnear”, precisó.
Por su parte el abogado de Branko Marinkovic, Víctor Peralta, señaló que la acusación no tiene pies ni cabeza por falta de pruebas.
Asimismo el presidente de los Comités Cívicos Provinciales, Luis Alberto Áñez, pidió al fiscal de Distrito, Jaime Soliz, dejar de pensar en política y cumplir su rol que tiene y hacer respetar la jurisdicción y competencia de Santa Cruz.
Asimismo, el dirigente indígena Víctor Hugo Velasco señaló que el gobierno está intentando ocultar el cruel asesinato cometido en el hotel Las Américas.
Andrade fue al Comité Cívico
El ex unionista Juan Carlos Guedes reveló ayer que el jefe de inteligencia de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), Wálter Andrade, se encontraba infiltrado desde hace dos años en las filas cruceñas y que frecuentemente iba al Comité pro Santa Cruz.
Recordó que Andrade se presentó como un experto en el manejo de explosivos y dijo como antecedente haber pertenecido al grupo terrorista Sendero Luminoso del Perú.
“Jalaba para los dos lados y compartía en los churrascos y fiestas seguramente para pasar todos los datos al gobierno”, dijo Guedes, ahora preso en La Paz acusado de proveer armas a esa célula.
Andrade aparece en una fotografía y en un video junto con Eduardo Rózsa en la casa de Ignacio Villa Vargas, “el Viejo”, en Cotoca. Poco después Rózsa fue ajusticiado.
Marilyn habló a escondidas
El Ministerio Público abrió de manera formal la investigación referente a las denuncias que reiteró la policía de baja graduación, Marilyn Vargas Villca (alias Karen), contra los diputados Bernardo Montenegro, Pablo Banegas (ambos de Podemos) y Marisol Abán (MNR) por la presunta comisión de delitos de falsedad material e ideológica.
Conocida la decisión de Vargas, la diputada Marisol Abán (MNR) anunció que demandará penalmente a la policía Vargas.
A su turno, el diputado Bernardo Montenegro (Podemos) aseguró que las acciones de Vargas son de intimidación y el diputado Banegas dijo que se despojará de su inmunidad para ir a declarar y luego enjuiciará a Vargas.
Fiscal pelea con ejecutivo de la Prensa
El fiscal Mario Mercado, quien lleva adelante las investigaciones del caso de agresión a los periodistas de Unitel, pidió ser excluido del caso alegando haber sido agredido verbalmente por el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, Hernán Cabrera.
Sin embargo, esa situación fue negada ayer por Cabrera señalando que esta situación ocurre para ocultar su sospechosa negligencia.
“No hemos dicho nada fuera de lugar que no sea reclamar por qué razón a más de dos meses no han devuelto la cámara de televisión, ni la cinta que se robaron el 3 de septiembre”, dijo.
Cabrera explicó que el fiscal Mercado ha ido con muchas vueltas porque tampoco ha citado al principal involucrado, el capitán Wálter Andrade, jefe de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, reconocido como uno de los agresores.
Tampoco ha llamado a prestar testimonio a otros superiores en el supuesto caso que el oficial apareció sospechosamente implicado en un accidente de tránsito que lo inhabilita para declarar hasta el 5 de diciembre, casualmente un día antes de las elecciones.
Sin embargo, hace poco Andrade fue encontrado en una calle paceña cuando supuestamente debería estar internado en la clínica policial con el diagnóstico de traumatismo encefálico.
Sobre el tema, el fiscal de Distrito, Jaime Soliz, informó ayer haber recibido el pedido de Mario Mercado; sin embargo, decidió que para reforzar al investigación nombró al fiscal Juan Ribera.
También señaló que ha informado a los fiscales de La Paz que el caso no puede ser cerrado porque radica en Santa Cruz.
Fiscal Soza pedirá anotar bienes de quien no declaró
Rubén Costas, Branko Marinkovic, Mauricio Roca y otros líderes estarían en la lista porque no se presentaron a declarar en La Paz.
LA HIPÓTESIS • El 22 de mayo, el fiscal Soza mostró la posible estructura de la organización de Eduardo Rózsa.
La Razón
La Fiscalía solicitará a la justicia la anotación preventiva de los bienes de las personas que no se presentaron a declarar por el caso terrorismo, entre las que están el prefecto Rubén Costas, el ex cívico Branko Marinkovic y el empresario Mauricio Roca. Similar solicitud se hará contra los posibles implicados en este hecho.
La información la proporcionó el fiscal del caso terrorismo Marcelo Soza, quien incluso reveló que ya solicitó informes a Derechos Reales de Santa Cruz sobre los bienes de las personas que no se presentaron a declarar en La Paz, aunque evitó identificarlas para evitar, aseguró, el “uso político de la investigación”.
La Fiscalía convocó a declarar a Costas, Marinkovic, Roca y a otros líderes cruceños, quienes se negaron a aceptar la citación bajo el argumento de que Santa Cruz tiene la jurisdicción del caso y, por tanto, desconocían la competencia de la justicia paceña.
“No sólo se pedirá la anotación preventiva de los bienes de los que no se presentaron a declarar, sino también de los probables involucrados”, afirmó Soza
El 20 de mayo, el gobierno de Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 0138, que autoriza a la Fiscalía solicitar la confiscación de bienes, valores y dinero de todos los sospechosos de conductas y delitos de sedición, alzamiento armado y terrorismo.
Marinkovic incluso tiene un mandamiento de apremio. Al igual que el ex cívico, no se presentaron a declarar y tienen órdenes de apremio los miembros del denominado grupo intermedio de financiadores, entre los que están Hugo Achá, Alberto Melgar y Orlando Justiniano.
Soza aseguró que cuenta con una nómina de las personas cuyos bienes solicitará sean anotados preventivamente. Anunció que revelará los nombres de la lista pasadas las elecciones.
Respecto al informe oficialista sobre el caso terrorismo, indicó que sería tomado como un elemento coadyuvante en la investigación que realiza.
Un operativo policial desarticuló el 16 de abril al grupo de supuestos terroristas, donde murieron Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.