A dos años de los luctuosos sucesos de "La Calancha", ocurridos el 24 y 25 de noviembre de 2007 en Sucre, en los que tres personas resultaron muertas y más de 400 heridas, resulta pertinente señalar que, si una característica ha tenido el proceso político que vivió Bolivia en al menos la última década, es que el mismo se ha visto teñido por la sangre de decenas —si no centenares— de vidas segadas a raíz de innumerables episodios de conflicto y crisis social y política.
Sólo en los hechos de febrero y octubre de 2003, que marcaron el derrocamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se produjeron alrededor de un centenar de víctimas mortales.
Y ni qué decir de los hechos de violencia que se desataron durante la actual gestión gubernamental. Desde el sangriento conflicto minero ocurrido en el centro minero de Huanuni hasta el enfrentamiento de Porvenir (Pando), pasando por los cruentos conflictos de Cochabamba o La Calancha (Sucre), la cantidad de personas muertas es por demás alarmante.
Lo cierto es que en todos esos hechos de violencia se han producido víctimas fatales sin que hasta hoy exista una sola persona que haya sido hallada responsable y, por consiguiente, condenada por la justicia boliviana.
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Parecería, pues, que en nuestro país la impunidad ha quedado institucionalizada, y que el luto, el ensangrentamiento y la muerte de bolivianos se han convertido en prácticas habituales de los actores de la vida política y de las luchas sociales.
Ahora que nos encontramos sumergidos en un nuevo proceso electoral, éste es un tema que no debería quedar al margen de las intervenciones públicas de quienes aspiran a la Presidencia.
La nefasta práctica de escribir con sangre la política tendría que llegar a su fin, y esto sólo será posible si los aspirantes a conducir nuestro país asumen un firme compromiso de respeto a la vida, y si la justicia se quita la venda que le impide ver el régimen de impunidad que, por su propia inacción, se ha instalado en Bolivia.
Subeditorial Los Tiempos