Como en otros países, en Bolivia funcionan organizaciones para la defensa de los derechos humanos, que deben velar por el cumplimiento de las normas y garantizar la vida de las personas sin discriminación. Pero en el país esas instituciones actúan con ímpetu y emprenden campañas de socialización, convocando a la población a sumarse al movimiento, sólo cuando los gobernantes son calificados de neoliberales o de la derecha, es decir si los afectados son militantes o activistas de izquierda, incluso de agrupaciones marginales o terroristas.
Recuerdan los bolivianos el rol que les tocó cumplir a los dos últimos defensores del pueblo, la actual candidata a senadora por el partido de gobierno, Ana María Romero de Campero y a Waldo Albarracín, los que salieron en defensa de los ciudadanos perseguidos o detenidos por actividades terroristas, es el caso de los hermanos Peralta del grupo Zárate Willca, de los miembros del CNPZ que secuestraron al empresario Jorge Lonsdale, o de los hermanos García Linera, uno de ellos actual vicepresidente del país, y del actual dirigente campesino y candidato a diputado Felipe Quispe “El Mallku”, sin dejar de mencionar a los miembros del MRTA que secuestraron al empresario y actual candidato presidencial Samuel Doria Medina. Múltiples gestiones realizaron por otros activistas y ciudadanos cuyos derechos humanos eran violados.
Similar trabajo hicieron los miembros de Amnistía Internacional, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos e incluso la Cruz Roja. Curiosamente hoy esas instituciones dejaron de lado las tareas de solidaridad que les competen, porque no rechazan las agresiones y violaciones a los derechos humanos de bolivianos que se encuentran en las cárceles o están perseguidos y asilados en países vecinos. Tampoco se refieren a la falta de garantías para la seguridad personal de algunas autoridades del Poder Judicial, víctimas del avasallamiento gubernamental. Parece que vivimos en un régimen de terror y de fuerza donde los derechos de las personas están conculcados y los representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos nada hacen.
Desde el momento en que el Movimiento Al Socialismo se hace cargo del Gobierno, las agresiones a las personas fueron constantes. No sólo se impuso en Bolivia la política de la confrontación y agresión del Jefe de Estado contra las principales instituciones de la sociedad y del Estado. También proliferaron las violaciones a los derechos de las personas, como las agresiones a los medios de comunicación y sus trabajadores, que fueron objeto de agresiones físicas, siendo utilizados para ello matones y delincuentes. En esas circunstancias se hace notoria la ausencia de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, con alguna excepción del anterior defensor del pueblo, que hizo alguna representación y condenó la violencia contra los periodistas.
Ahora es notorio que el Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la propia Cruz Roja no muestran interés por conocer el estado de salud de la Ministra de la Corte Suprema Rosario Canedo, que lleva más de siete días de huelga de hambre en protesta por el avasallamiento a sus derechos constitucionales por parte de los legisladores del MAS que controlan la Cámara de Diputados. Las instituciones mencionadas deberían hacer las mismas gestiones y acciones que cuando se trata de gente de militancia socialista izquierdista, anarquista y activista marginal, detenida, perseguida y acosada por los organismos de seguridad del Gobierno. El mismo reclamo es para las Comisiones de Derechos Humanos de los dos cuerpos del Poder Legislativo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Dichas entidades no actúan para evitar que los derechos de la señora Canedo sean respetados y no se limite las visitas al recinto donde cumple su extrema medida, donde deberían estar médicos que puedan controlar su estado de salud. Contrariamente, algunos medios de comunicación denunciaron que el diputado también en huelga, por ganar vigencia en su partido, porque prácticamente está marginado de la dirección masista, recibe visitas y asistencia de todo tipo por parte de activistas del grupo de choque que lidera.
La protesta de la magistrada en huelga de hambre se ha convertido en noticia internacional y organizaciones de defensa de los derechos humanos han hecho conocer su preocupación por la situación de la señora Canedo, dispuesta a sentar denuncia ante la Corte Internacional por la violación a sus derechos. El Ejecutivo para minimizar el ayuno voluntario de la jueza está permitiendo que varios de sus militantes se declaren en huelga de hambre, aunque lo hacen por prebendas.
Por todo ello la imagen del Jefe de Estado se devalúa a nivel externo e interno, ya que se muestra como déspota e insensible, sin que sus asesores y colaboradores más próximos hagan algo para revertir tal situación.
Editorial El Diario