Volvería el debate de la jurisdicción en caso Rózsa


Legalidad. Gobierno dice que opositores buscarán trasladar el caso a la justicia cruceña. Masistas se reunen hoy para elaborar las conclusiones del informe.

image El mercenario Eduardo Rózsa Flores y su presencia en Bolivia forma parte de un nuevo entredicho entre el oficialismo y la oposición (ABI)

La Razón



El Ministerio de Gobierno advirtió ayer que los opositores tratarían de reactivar el debate por la jurisdicción legal del supuesto grupo terrorista de Eduardo Rózsa Flores, con la ayuda de un juez de la ciudad de Santa Cruz.

“Alertamos a la población boliviana que en los siguientes días, los defensores del terrorismo y separatismo tratarán de reavivar el debate por la jurisdicción del caso, valiéndose de jueces prevaricadores como Luis Tapia”, señala un comunicado del Ministerio de Gobierno divulgado en los medios escritos.

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Entretanto, el presidente de la Comisión Multipartidaria, César Navarro (MAS), explicó que tras haberse aprobado el informe la semana pasada sólo les restaría redactar las conclusiones.

“Este lunes (hoy) a las tres de la tarde nos reunimos para elaborar las conclusiones del informe que están vinculadas al tipo de responsabilidad de las personas y la tipificación penal de cada una de ellas”, dijo el congresista.

Posteriormente, continuó, el informe sería aprobado por el plenario de la Cámara de Diputados, entre el miércoles y el jueves. Para el vicepresidente de la citada Comisión, Bernardo Montenegro (Podemos), hay premura para cerrar las pesquisas “para encubrir al Gobierno”, después de evidenciarse la existencia de un infiltrado y la alteración de las pruebas en el escenario del hecho.

Los detalles

Conclusión • El oficialismo presentó un informe de 83 páginas. El Grupo La Torre sería el que habría financiado a la banda de Eduardo Rózsa Flores.

Consejo • El fiscal Marcelo Soza identificó a Costas y Marinkovic, Eduardo Paz, Mauricio Roca y Germán Antelo como parte del Consejo Supremo.

Quieren arraigar a opositores

El vicepresidente de la Comisión Multipartidaria, Bernardo Montenegro, denunció ayer que hay un plan para arraigar a los diputados opositores a fin de que no viajen a Europa.

Esta semana se definirá la fecha exacta del viaje que emprenderán a Irlanda y Hungría.

“Nos enteramos a través de la dragoneante Marilyn Vargas que pretende lograr nuestro arraigo para evitar el viaje”, dijo. La policía, ex miembro de la ex Utarc, acusa a Montenegro y a sus colegas, Marisol Abán y Pablo Banegas, por falsedad material y niega haber enviado documentos a los parlamentarios oficialistas.

Para el viaje, se realizaron contactos a nivel diplomático, autoridades y familiares de los supuestos integrantes de la célula terrorista. Se llevarán consigo documentos y el resumen del informe por minoría, explicó.