Lo hará como parte de la investigación por la presunta legitimación de ganancias ilícitas. El proceso incluye a los 12 imputados en el caso y podrían darse nuevas acusaciones. Fiscales del caso Catler, investigados.
Allanamiento. La vagoneta que la Fiscalía secuestró el 4 de febrero en la casa de Javier Navía Doria Medina, en La Paz.
La Razón
Como parte del proceso de investigación del presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, el Ministerio Público secuestrará los bienes de los imputados en el caso Catler y de otras personas que resultaren involucradas.
La información fue proporcionada a La Razón por el fiscal César Romano, parte de la comisión que indaga los presuntos hechos de corrupción en torno al contrato entre YPFB y el consorcio Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en la localidad de Río Grande, en Santa Cruz.
“Fruto de un ilícito de corrupción pública existen varios bienes”, señaló Romano y agregó que “una vez que se tengan identificados todos los bienes, no solamente vehículos, se va a proceder al secuestro de todos ellos”.
Por las irregularidades en el contrato, la Fiscalía imputó formalmente a 12 personas. Entre ellas está el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez; su esposa, Jiovanna Navía Doria Medina; y los familiares de ésta, Gonzalo Aramayo y Javier René Navía Doria Medina. Éstos últimos aceptaron su responsabilidad en los hechos y se sometieron a un proceso abreviado.
El fiscal señaló que la indagación sobre legitimación ilegal de fortunas contempla no sólo a los 12 imputados sino a otras personas “que no están acusadas (todavía), pero que tienen que ver con el lavado de dinero”. Ello significa que se podrían emitir nuevas imputaciones en el caso.
Según Romano, se secuestrarán “todos los bienes que nosotros identifiquemos que han sido producto del ilícito, sean de quien sean”. Agregó que la tarea se hará en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, entre otras regiones.
Por ejemplo, indicó, “hemos identificado no uno ni cuatro vehículos, sino varios”. Romano explicó que además de realizar la verificación material de los bienes, se tienen que efectuar otras tareas como comprobar el registro documental de los mismos.
“El secuestro es una medida preventiva que deja (a la persona) momentáneamente sin la posesión del bien”, aclaró el representante del Ministerio Público. Si la investigación determina que el bien no fue producto del ilícito, éste es devuelto, complementó.
Fiscales del caso Catler, investigados
La Prensa
Fuentes del Ministerio Público informaron que la comisión de fiscales del caso YPFB-Catler Uniservice será investigada por “legitimación de ganancias ilícitas, complicidad y encubrimiento”. Las pericias para averiguar el origen de las fortunas de los cuatro fiscales fueron ampliadas por 120 días.
La medida afecta al fiscal Edward Mollinedo, a quien Jiovana Navia Doria Medina acusa por los delitos de terrorismo, sedición, asociación delictuosa, tentativa de asesinato y extorsión. También serán investigados los fiscales César Romano, Isabelino Gómez y Aldo Ortiz.
El fiscal Edward Mollinedo suspendió sus vacaciones para atender la acusación. Reiteró que “existen intereses del Ministerio Público para desacreditarme y frenar las investigaciones”. Ayer trascendió que el fiscal de Distrito, Fernando Ganam, se habría reunido con los fiscales investigadores e investigados para frenar las pesquisas, ya que un funcionario del Gobierno estaría interesado en proteger a los fiscales del caso YPFB.
De acuerdo con el informe brindado a La Prensa, los investigadores del Ministerio Público esperan establecer en los próximos cuatro meses la veracidad de la denuncia de Navia. El pasado 9 de diciembre, una bomba explotó ante el domicilio de la esposa de Santos Ramírez, quien está detenido acusado de corrupción durante su gestión al frente de YPFB. Los fiscales Romano, Gómez y Ortiz manifestaron no conocer aún la ampliación. Han solicitado mediante memoriales brindar su declaración ante el Ministerio.