Señala que a ningún organismo de DDHH parece interesar en que la justicia sea hoy un instrumento de persecución a la oposición en Bolivia.
El Deber
¿Qué significa para el jefe de la oposición declararse en la clandestinidad?
– No me considero en la clandestinidad. Pienso estar a buen recaudo de un plan que busca mi detención política. El Gobierno ya ha demostrado con algunos alcaldes y con el mismo Leopoldo, que no le interesa respetar las garantías individuales ni el debido proceso. No le sirve al país que sea otro líder reclamando por sus derechos detrás de rejas.
– El ministro de Gobierno argumenta que usted rehúye a la justicia, y lo califica de prófugo, ¿qué opina?
– Me he presentado a todas las instancias de la justicia a que he sido citado. Pero tampoco se puede hablar de justicia cuando hace un año se gobierna sin control constitucional y cuando no se pueden apelar decisiones de jueces y fiscales porque el Gobierno ha silenciado a la Corte Suprema de Justicia. Una jueza sin competencia para conocer el caso de una ex autoridad electa se presta a conocer un proceso y a dictar una orden de arraigo que es nula de pleno derecho. Pero ¿a dónde me quejo yo cuando no hay Tribunal Constitucional o Corte Suprema? Además, desde el momento en que el presidente dijo “voy a encerrar a Manfred con Leopoldo, así tenga que cambiar la justicia”, las acusaciones carecen de sentido y todo vale con tal de encerrar a Manfred.
– ¿Cuánto puede haber influido su candidatura presidencial para que sea citado por el Ministerio Público a declarar?
– Mucho. 19 de los 22 procesos en mi contra se iniciaron un día después de anunciar mi candidatura a la Presidencia. Incluso la última acusación vino un día antes de las elecciones generales. Además, la totalidad de estas demandas tienen origen en reparticiones del Gobierno y son interpuestas por ministros, viceministros o funcionarios prefecturales del presidente Morales.
– ¿Cuál es la situación de su familia?
– La mía es una familia fuerte. Hemos aprendido todos de las pérdidas. El destino nos ha arrebatado dos hijas, después de eso, cualquier prueba es llevadera, incluso esta sañuda persecución contra quienes disentimos.
– ¿Aumentó su intranquilidad después de las elecciones?
– Tengo una profunda intranquilidad desde antes de las elecciones. Se me ha perseguido y asediado, se ha allanado mi domicilio y fue asaltada nuestra casa de campaña en La Paz. Mi intranquilidad no es producto de los resultados electorales, sino de la conciencia de que cualquier resultado favorable a Evo iba a reinaugurar la violencia política en el país.
– ¿Se defenderá de las acusaciones y se presentará a declarar por los procesos que le siguen?
– Mi intención es asistir a cada una de las convocatorias que me haga la justicia. De hecho, tengo una audiencia el viernes (hoy) en Cochabamba y espero que existan las garantías para que mi comparecencia no sirva de escenario para una detención política.
– Si la justicia lo declara prófugo, ¿qué hará?
– No habría razón. He respetado las medidas cautelares.
– ¿Ha pensado en abandonar el país?
– Pienso que permanecer en Bolivia es la mejor manera de denunciar mi situación.
– ¿Sus bienes están protegidos?, ¿no teme perderlos?
– No habría razón. Todo lo que tengo lo he ganado de manera legal. Cualquier confiscación sería abuso de poder del Gobierno.
– ¿Cómo afectará su situación a PPB en la oposición?
– Nos fortalece moralmente, como partido, que sea objeto de una persecución tan evidente.
– ¿Seguirá dirigiendo PPB?
– Creo que mi sola actitud de resistencia a los atropellos marca una línea de acción moral a nuestra bancada.
– ¿Podrá participar PPB en esta situación en las elecciones de abril?
– Nuestra estructura en Cochabamba y La Paz es de origen municipalista y prefectural. Nuestras células partidarias están en la dirigencia territorial, en las OTB. Estamos listos para asumir cualquier desafío en ese ámbito.
– ¿Puede recurrir a organismos internacionales para exponer su caso?
– Los organismos internacionales están en conocimiento de los pormenores de mi situación. Espero que ellos actúen, no para defenderme, sino para garantizar una actuación jurídica independiente y para que se restablezca el control constitucional.
– ¿Ha recibido ayuda de los organismos que velan por los derechos humanos?
– No. Nadie parece interesar en que la justicia sea hoy un instrumento de persecución a la oposición.
Procesos contra Manfred llegan a $us 12,5 millones
SUS ABOGADOS TRAMITAN QUE SE LEVANTE EL ARRAIGO
Manfred Reyes Villa.
Los Tiempos – 18/12/2009
Por Alcócer Caero Gisela
Una camioneta roja que transportaba a dos funcionarios de la Contraloría General llegó ayer, cerca de las 15:00 a la puerta de una casa sin número, ubicada sobre la calle Caracol (en Tiquipaya), para entregar dos notificaciones en las que se le informa al dueño, que debe pagar los 370.851 bolivianos adeudados a la Corte Nacional Electoral (CNE) desde 2005. En la casa no está nadie, ni siquiera el guardia que cuidaba el inmueble. La casa pertenece al ex prefecto Manfred Reyes Villa, cuyo paradero en estos días ha sido motivo de debate.
La cifra demandada ayer es pequeña con relación a los 12,5 millones de dólares que suman todos los procesos, pues Reyes Villa tiene nueve pliegos de cargo seguidos por la Contraloría por cerca de un millón de dólares, y ocho procesos penales por 11,5 millones de dólares más, seguidos también por la Contraloría y por la Prefectura.
La notificación de ayer, en tanto, tiene que ver con un documento de solvencia fiscal emitido por la Contraloría regional Cochabamba el 3 de septiembre de este año, según el cual Reyes Villa debe a la CNE 80.991 bolivianos porque los candidatos de su partido en las elecciones municipales de 2004 no obtuvieron el 2 por ciento mínimo de los votos en Oruro y La Paz, y otros 289.860 bolivianos, porque su candidato presidencial, Gildo Angulo, no logró el 2 por ciento en los comicios de 2005.
El contralor regional, David Barriga, dijo que estos dos últimos procesos están en trámite desde hace cuatro años, y aunque no se afectó a su candidatura en las elecciones de diciembre, Reyes Villa no puede dejar de pagar sus deudas.
Además, Reyes Villa tiene otros siete pliegos de cargo con responsabilidades civiles y administrativas. Dos en la Alcaldía de Cochabamba por 23.059 dólares, que están paralizados; cuatro en la Prefectura por más de medio millón de dólares, que están en trámite; y uno más en el gobierno municipal de El Alto, no especificado.
A estos pliegos se suman otros siete procesos penales instalados por la Prefectura de Cochabamba por 70 millones de bolivianos por la construcción del camino Vinto Sacambaya (nueva carretera a La Paz), en el cual fue arraigado; la construcción del puente Sacambaya; el caso Cetefor; el del Promic; el parque Nacional Carrasco; dos procesos por uso de instrumento falsificado y uno más por la compra de 26 vehículos de lujo con dinero proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
A estos procesos se suma otro caso denunciado al Ministerio Público la anterior semana por la Contraloría, por la presunta malversación de 17 millones de bolivianos, que, según la denuncia, fueron desviados del IDH para comprar pelotas de futbol, medallas y trofeos para los deportistas.
DEFENSA
El abogado defensor, Daniel Humérez, declaró que se efectúan los trámites para suspender el arraigo y las medidas cautelares que pesan contra su cliente, además de asegurar que Reyes Villa no se presentará a ningún proceso penal, porque no tiene “garantías para un debido proceso».
En tanto, la directora nacional de Migración, María René Quiroga, anunció que se reforzaron los controles en aeropuertos y las fronteras, para cumplir el arraigo.
El abogado de la Prefectura, Juan Pedro Ortuño, dijo que ya se inició el trámite en tribunales para pedir la reversión de medidas cautelares, ya que al no presentarse a declarar, Reyes Villa obstruye la justicia.
Protección de CIU
A pesar de que la Contraloría detectó responsabilidad civil en el ex alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por más de 23 mil dólares, y en el ex presidente del Concejo Municipal, Gonzalo Terceros, por más de 30 mil dólares, por la entrega de una donación para la Fundación Telemaratón en la gestión 1999, el cobro de estos montos no se realizó hasta ahora, aunque ya pasaron 10 años, que es el lapso en el que prescribían los procesos civiles según la anterior Constitución Política del Estado (CPE).
La auditoría es la GC/EP09Y04C1 y en ésta se descubrió que las donaciones que efectuaron el Alcalde y el presidente del Concejo Municipal de 1999 no tenían procedencia personal, como ellos habían anunciado públicamente, pues en realidad salieron del presupuesto edil.
Aunque la Contraloría remitió recientemente los informes al Concejo Municipal, presidido por la “mano derecha” de Terceros, Tatiana Rojas, los cobros no se efectuaron y la Alcaldía no pudo recuperar nunca el dinero.