Santa Cruz y Tarija piden aplicar sus normas electorales en abril; Gobierno llama al diálogo para ajustar Ley Electoral

El Ejecutivo llama a concertar el viernes. Dos regiones piden que los comicios de abril se realicen con sus normas. Tarija pretende que su Consejo Departamental norme las elecciones. El presidente en ejercicio, Álvaro García, convocó a una reunión a los prefectos.

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Un encuentro.Prefectos oficialistas se reúnen con ministros para analizar las autonomías. Fue en marzo.



La Razón

Dos regiones piden aplicar sus normas electorales en abril

Las autoridades de Santa Cruz y Tarija demandan que el Gobierno respete sus respectivas normas electorales regionales para aplicarlas en las elecciones prefecturales y municipales del 4 de abril del 2010. Tarija solicita, además, que sea su Consejo Departamental el que regule el proceso.

El planteamiento se produce luego de que el Gobierno informó de la necesidad de “complementar” la Ley del Régimen Electoral Transitorio, debido a que presenta “vacíos”, por lo que anunció un diálogo en busca de consensos con los nueve prefectos del país.

Desde la ciudad de Santa Cruz, el presidente en ejercicio, Álvaro García, hizo anoche un llamado a los prefectos para analizar y concertar las observaciones a la citada norma. Pidió que el encuentro se realice en la ciudad de La Paz, este viernes 18.

Agregó que si se requiere, se debería trabajar el fin de semana más, para que el lunes o martes ya se tenga un proyecto de ley que enviar al Congreso.

El secretario de Autonomías de la Prefectura de Tarija, Diego Ávila, explicó a La Razón que el Consejo Departamental inició en junio un “proceso de consulta” y aprobó en noviembre una norma que complementa a la Ley del Régimen Electoral Transitorio.

Aseguró que el Consejo Departamental de esa región debería ser la instancia que norme estas elecciones con carácter excepcional y por una sola vez, como lo establece el Estatuto Autonómico de Tarija. Además, dijo que una ley electoral departamental reglamentará el procedimiento de la elección de abril del 2010.

“Por definición del Estatuto, el actual Consejo, sólo por esta vez, reglamenta la ley electoral hasta que se elija el parlamento (local) y ya después este parlamento elaborará una ley definitiva (…) Al aprobar la Ley del Régimen Electoral Transitorio, (el Congreso) expresó que una ley departamental reglamentará el procedimiento de elección”, dijo.

Ávila también hizo referencia al artículo 66 de la Ley de Régimen Electoral Transitorio que, en el caso de Tarija, señala la existencia de una ley electoral departamental que en el inciso a) del segundo punto estipula “la ley electoral departamental establecerá criterios de paridad entre mujeres y hombres para la elaboración de listas electorales”.

El citado artículo es más contundente en el caso de Santa Cruz y señala en el inciso b): “La elección de los asambleístas territoriales y por población de las provincias y de los pueblos indígenas oriundos del departamento se realiza mediante sufragio universal y directo, en la forma que determine la ley electoral del departamento autónomo de Santa Cruz”.

Consultado sobre la invitación al diálogo, el secretario de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, declaró el domingo a este diario que se abren al debate, pero aclaró que su región defenderá la ley electoral departamental aprobada el 13 de agosto del pasado año.

“El cumplimiento de la ley electoral departamental de Santa Cruz tiene que realizarse; eso hará que vayamos a llevar unas elecciones transparentes y limpias”, aseguró Dabdoub.

El 13 de agosto del 2008, el prefecto cruceño, Rubén Costas, aprobó la Ley Departamental N° 5, mediante la cual definió la estructura del organismo electoral autónomo de esa región e inclusive llamó a elecciones de 112 autoridades locales para el 25 de enero del 2009, convocatoria que no llegó a concretarse.

En ese entonces, el Gobierno consideró que la decisión cruceña fue un acto de provocación, que además vulneraba la Constitución Política del Estado.

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, aseguró ayer a La Razón que “los consejos departamentales no tienen facultad legislativa”, por lo que no pueden normar el proceso electoral previsto para abril del 2010. La Corte Nacional Electoral (CNE) demandó al Congreso que se aclare la Ley del Régimen Electoral Transitorio hasta el 4 de enero, con el objetivo de encarar las elecciones de abril del 2010.

Al Parlamento sólo le quedan 19 días para ponerse de acuerdo y complementar esa norma. En ese contexto, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, no sólo anunció una reunión con los nueve prefectos para este viernes en La Paz, sino que expresó su deseo de que el Congreso sesione entre el 22 y 23 de este mes para tratar la mencionada complementación. ´Hemos ido notando puntos pendientes y queremos oír la reflexión y propuestas de las regiones. Son varios temas pendientes que la Ley no los abordó y ojalá hubiera el suficiente consenso con las regiones e instituciones departamentales”, afirmó.

Indicó que con estas modificaciones se garantizará el desarrollo de los comicios electorales de abril. Hizo notar que el Congreso se encuentra en sus últimos días de trabajo. Agregó que lo ideal es que los ajustes se los apruebe en esta legislatura y no se los deje a la Asamblea Legislativa.

Se espera la ley antes del 24

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, dijo que lo “ideal” es que la complementación de la Ley del Régimen Electoral Transitorio pueda ser aprobada por el Congreso antes del 24 de diciembre, debido a que la Asamblea Legislativa podrá dar curso a leyes en febrero.

“Lo ideal es que este Congreso apruebe la ley transitoria, porque la Asamblea Legislativa recién va a trabajar el 22 de enero, debatirá sus reglamentos hasta el 27 y podrá hacer leyes a partir de febrero y estamos atrasados. Nuestro pedido respetuoso a las autoridades, nosotros queremos que lo hagamos antes del 24 de diciembre”, dijo.

García agregó que ante una eventual imposibilidad de que el Congreso pueda aprobar esta ley, se deben garantizar las elecciones del 4 de abril del 2010 y se deberá pensar en un plan B o C, pero en consenso con las regiones.

“Nada debe detener las elecciones en abril, tenemos que ver las opciones de manera consensuada, hay siempre dos o hasta tres opciones, pero con consenso y decisión unánime de todos lo actores involucrados”, manifestó.

El Gobierno llama al diálogo para ajustar la Ley Electoral Transitoria

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Anterior encuentro: el presidente Evo Morales; el vicepresidente Álvaro García Linera; el ministro Juan Ramón Quintana; el ministro de Economía, Luis Arce, y los prefectos oficialistas, el 5 de enero en el Palacio Quemado

La Prensa

Diálogo: La Prefecturas opositoras, hasta ayer, no fueron invitadas formalmente por el Gobierno. Santa Cruz y Tarija elaboraron sus normas electorales para las elecciones de 2010, basadas en los estatutos aprobados en referendos autonómicos ilegales. El Gobierno llama a concertar el viernes.

La Prensa y El Deber.- E l Gobierno convocó para este viernes a una reunión de autoridades prefecturales, municipales e indígenas para “consensuar” la modificación de la Ley de Régimen Electoral Transitorio y así viabilizar las elecciones regionales de abril de 2010. El Ejecutivo espera que la norma, previo acuerdo, se apruebe entre el 22 y 23 de diciembre en una sesión de Congreso.

Las prefecturas de Tarija, Beni, Santa Cruz y Chuquisaca no recibieron invitaciones para el encuentro, aunque el Gobierno departamental tarijeño expresó su interés en asistir mientras que las otras tres regiones no confirmaron su presencia.

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, anunció ayer que el ministro de Autonomías, Carlos Romero, se reunirá el viernes con autoridades regionales para analizar los vacíos legales de la Ley Electoral Transitoria, como la publicación de una nueva convocatoria para la elección de gobernadores y asambleístas departamentales en Oruro, La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca.

Además hay otras cinco observaciones a la norma que deben ser subsanadas, entre ellas la elección de candidatos por territorio y población y el método de la distribución de escaños ganados por fuerzas políticas.

El secretario general de la Prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza, en contacto telefónico con La Prensa, manifestó que existe interés de participar porque esa región tiene una normativa para elegir a sus asambleístas departamentales basada en su Estatuto.

Aseguró que el planteamiento de esa región sobre la forma de elección de las autoridades departamentales es de conocimiento del Poder Ejecutivo y del organismo electoral, porque se entregó la propuesta basada en la carta autonómica al Presidente del Congreso.

Según Lea Plaza, después de los comicios de abril en esa región, el Consejo se denominará Parlamento Departamental y estará compuesto por 30 diputados departamentales, de los cuales 12 se elegirán conforme al principio de igualdad territorial en las provincias, 15 por población y tres en los pueblos indígenas. Pidió que, en el caso de los miembros del Ejecutivo regional del Gran Chaco, el Órgano Electoral defina la modalidad de elección en esa provincia que optó por la autonomía regional. De igual forma, solicitan que deslinde las circunscripciones para elegir a los diputados poblacionales.

El secretario de Justicia de la Prefectura cruceña, Vladimir Peña, descartó las observaciones del oficialismo para elegir a los asambleístas departamentales por población, territorio e indígenas, del gobernador, vicegobernador y subgobernadores, ya que la ley regional electoral, que se basa en la Carta Autonómica cruceña, establece la forma de designación de esas autoridades a través de voto universal.

El jefe de Gabinete de la Prefectura de Chuquisaca, Rodolfo Rivas, condicionó su participación a que el Gobierno le envíe sus observaciones a la norma electoral para que en función de ello se pueda emitir una propuesta departamental.

García Linera anunció que convocará a sesión de Congreso entre el 22 y 23 de diciembre para aprobar las modificaciones; sin embargo, si no hay acuerdos, las negociaciones se prolongarán hasta el 1 de enero, pero no puede pasar del 4 de ese mes porque el OEP podría suspender los comicios de abril por falta de tiempo.

Las prefecturas de la oposición no recibieron invitaciones oficiales.

Santa Cruz adecuará su Estatuto

El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció que esa entidad departamental elaborará un proyecto para compatibilizar y adecuar el Estatuto Autonómico, aprobado en referéndum el 4 de mayo de 2008, con la Constitución Política del Estado (CPE) para la puesta en marcha de ese documento.

Costas hizo este anuncio durante un acto en la Prefectura con ocasión de los tres años del “cabildo del millón”, celebrado el 15 de diciembre de 2006. En este encuentro multitudinario se determinó la conformación de la Junta Autonómica Democrática de Bolivia como instancia de coordinación para conducir el proceso autonómico y se instruyó que la Prefectura cruceña elaborase un Estatuto Autonómico, cumpliendo el mandato popular del referéndum del 2 de julio de 2006 que había dicho Sí a la autonomía en esa región. Las autoridades prefecturales, representantes cívicos, parlamentarios y dirigentes de la Central Obrera Departamental afín a la Prefectura cruceña se comprometieron a renovar la unidad de Santa Cruz, preservar la integridad de las instituciones y defender los derechos otorgados por la autonomía, a través de un modelo de desarrollo cruceño que está definido en el documento autonómico que plantea que la Gobernación de ese departamento debe tener el control de los hidrocarburos, minerales y recursos naturales de ese distrito.

No obstante, la Carta Magna señala que el Estado controla todos los recursos naturales y es la única que puede autorizar su explotación. La Prefectura cruceña, en 2008, intentó por la fuerza implementar los mandatos del Estatuto; no lo logró debido a la falta de un paraguas constitucional. Por eso, ayer el prefecto Costas se abrió a ajustar ese documento a lo que establece la Constitución. Como Santa Cruz, los departamentos de Tarija, Beni y Pando también aprobaron textos similares en referendos no autorizados por el Congreso ni por la Corte Nacional Electoral, por eso también deben ser adecuados a la ley fundamental.