Cuando el gobierno anuncia “leyes cortas” es porque sus ambiciones son muy largas, casi ilimitadas y es por eso que se debe estar precavido cuando el presidente Morales adelanta la posibilidad de este tipo de normas, en este caso, para designar a las autoridades del ahora Órgano Judicial.
La Corte Suprema de Justicia inició ayer el año judicial 2010. Al acto no asistió el presidente Evo Morales ni autoridades del Legislativo y el gobierno les retiró la escolta militar.
Son precisamente este tipo de leyes “cortas” o “transitorias” las que allanaron el camino del MAS para tener el poder casi absoluto a partir del 22 de enero de este año. Basta recordar la ley de convocatoria a referéndum revocatorio según la cual el presidente y los prefectos debían someterse a reglas muy distintas que hacían las cosas fáciles para Evo y difíciles para los opositores.
Más reciente aún en sus consecuencias es la ley transitoria de convocatoria a elecciones generales, que, entre otras cosas, no obligaba al presidente y vicepresidente a renunciar si querían habilitarse como candidatos pero si lo hace con los prefectos. Entre otras trampas en las que cayó la oposición se cuentan la nueva estructura del Senado diseñada con precisión casi matemática para que el MAS tuviera los dos tercios.
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Hasta ahora se puede decir que el MAS ha alcanzado, apelando a cualquier medio, todos los objetivos políticos que se ha planteado pero como suele ocurrir en estos casos siempre quiere más. Su actitud ahora es la del adicto que siempre requiere dosis mayores para hallar la satisfacción, para que la droga del poder le haga efecto.
Sabe que en la actualidad dispone de todos los mecanismos para estructurar una Órgano Judicial a su imagen y semejanza pero actúa impelido por la prisa. Los plazos señalados en su propia Constitución le resultan excesivos. Quieren el control total del aparato jurídico ¡ahora mismo!, finalmente no llegaron al poder para que alguna norma, así sea su propia Constitución, les esté poniendo cortapisas de ningún tipo.
Quieren lanzar sus leyes de inmediato y que un Tribunal Constitucional sumiso, nombrado por el ejecutivo, las ratifique de inmediato sin que exista posibilidad alguna de apelación. No vaya a ser que en el plazo que transcurra entre la aprobación de la Ley del Órgano Judicial, la calificación de los candidatos y la elección por voto directo vaya a suceder algún imprevisto.
Los argumentos que utiliza el oficialismo para justificar este nuevo despropósito son llamativos por su cinismo. “ Lo que no está prohibido está permitido” afirman mostrando un argumento con el cual, en los hechos, están dando al atropello una categoría jurídica.
Pero la cosa no se queda ahí. Se lamentan que muchos casos estén retenidos por varios años debido al desmantelamiento del Poder Judicial, pero se olvidan decir que fueron precisamente ellos, los que desarticularon el sistema jurídico, los que lo llevaron a una crisis terminal precisamente para cumplir sus propósitos y sin que nadie pudiera demandar de inconstitucionalidad sus acciones.
Nuevamente esta en marcha una efectiva acción sincronizada, al amparo del poder que les da impunidad a quienes hoy se sienten dueños del país, de la vida y de los derechos de todos y cada uno de los bolivianos.