Los oficialistas trabajan en una norma que no contradiga a la Constitución, para evitar que la oposición ponga trabas. Algunas autoridades judiciales apoyan la Ley Corta, los opositores la critican.
INAUGURACIÓN • Mérida, el único miembro que queda en el Consejo de la Judicatura, es recibido en la CNE. Fue ayer.
La Razón. La crisis en el Poder Judicial se acentúa con la conclusión del mandato del Fiscal General y los nueve fiscales de distrito; y el oficialismo busca una salida constitucional para aprobar una Ley Corta que le permita nombrar autoridades transitorias.
El vocero político del oficialismo, Jorge Silva, explicó ayer que “la Ley Corta tiene que ser una ley amparada por la Constitución y que no sea sujeta de recursos que pueda presentar la oposición; entonces, amerita un estudio jurídico legal para determinar su base legal y constitucional”.
El problema surge debido a que la nueva Constitución establece que las principales autoridades judiciales deben ser electas por voto universal, por lo que la Asamblea Legislativa Plurinacional no puede transferir estas atribuciones a un órgano del Estado.
“Se está discutiendo este tema porque ahora la competencia de elegir a autoridades ya no es del Ejecutivo ni del Legislativo, sino del pueblo, entonces se está viendo el mecanismo constitucional de nombrar autoridades en esta Ley Corta”, explicó Silva.
Hasta ayer, la norma no llegó a la Asamblea Legislativa, pese a que la agenda de la Cámara de Diputados ya incluye su tratamiento. Sobre ello hay contradicciones entre los oficialistas.
Según la jefa de bancada del MAS, Rebeca Delgado, “el viceministro (Wilfredo) Chávez ha manifestado que están preparando esta ley”. Chávez, en cambio, respondió que “tiene que ser una decisión del Órgano Legislativo y no nuestra”. A ello se suma que tampoco se sabe quién nombrará a las autoridades transitorias, si el Presidente o la Asamblea.
Entretanto, la crisis judicial va en aumento, luego de que el Fiscal General, Mario Uribe, y los nueve fiscales de distrito del país concluyeron su mandato el último martes. Además, el Tribunal Constitucional dejó de funcionar por la renuncia y conclusión del mandato de sus 10 miembros, la Corte Suprema de Justicia trabaja con el quórum mínimo y el Consejo de la Judicatura sólo tiene uno de sus cuatro integrantes.
El vicepresidente, Álvaro García, notificó a Uribe para que permanezca en su cargo hasta que la Asamblea nombre a su sustituto.
Uribe aún no se pronunció, pero sí lo hicieron los fiscales de Distrito de Santa Cruz, Jaime Soliz, y de La Paz, Fernando Ganam, quienes anticiparon que no dejarán sus cargos a ninguna autoridad interina. La presidenta de la Suprema, Beatriz Sandoval, y el Consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida, apoyaron la aprobación de la Ley Corta. “Es una ley altamente positiva, considero que será de gran beneficio para el país”, señaló Mérida.
Opositores critican la Ley Corta
La oposición política calificó como “inconstitucional” la iniciativa del Gobierno de aprobar una Ley Corta para designar a las autoridades judiciales.
“El principal impulsor de esta Constitución fue el MAS y ellos decidieron que las autoridades sean elegidas por voto universal. Recomiendo que se ratifique a los fiscales como se lo hizo con el Fiscal General”, afirmó el senador del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), Germán Antelo.
A su vez, su correligionario, el diputado Alejandro Zapata afirmó que la ley que quiere aprobar el oficialismo “es inconstitucional. Las autoridades judiciales deben ser elegidas por voto universal, lo dice la Constitución”.
En la misma línea, el diputado Jaime Navarro de Unidad Nacional (UN) reprochó la iniciativa del Gobierno y afirmó que se “debe respetar la Constitución y dejar que se elijan las autoridades mediante sufragio universal”.
Mientras que el diputado del PPB-CN, Andrés Ortega, señaló que no hay justificativo para nombrar autoridades transitorias y violar la Constitución, pues “el país ya estuvo sin autoridades judiciales por mucho tiempo”.