La justicia ya no tarda, en realidad ni llega


Lo preocupante es que sean las autoridades del Ejecutivo las que se involucren en una acción que debiera corresponder únicamente a las autoridades judiciales. Toda persona debe responder por sus actos, pero es también obligación de las autoridades garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.

ALFREDORADASelavalasmanosconlapolicia

“La justicia tarda pero llega”, dice una frase popular que busca ocultar bajo el manto del optimismo las injusticias que de tanto en tanto debemos sufrir los ciudadanos debido a múltiples circunstancias. No podemos cambiar las cosas pero nos consolamos pensando en el momento en que las leyes se impondrán en toda su majestad, para oprobio de quienes se encargaron de manipularlas en su favor.



Sin embargo al parecer el MAS busca también quitarnos la esperanza y al paso que vamos llegaremos a la convicción de que la justicia no solo tarda sino que, sencillamente, no llega.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, el vicepresidente, Álvaro García Linera y el propio Evo Morales, se empeñan en afirmar que contra Manfred Reyes Villa no existe una acción de tipo político; sin embargo los hechos se están encargando de demostrar lo contrario y que en realidad en este caso solo se está aplicando, con pequeñas variantes, un libreto que ya se utilizó con Leopoldo Fernández, sintomáticamente candidatos ambos por la principal agrupación opositora, que por muy esmirriada que pueda parecer, no deja de ser un incordio para las ambiciones totalitarias del MAS.

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En el caso de Fernández, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, decidió que él fue el culpable de la llamada  “masacre de Porvenir” y lo hizo trasladar de Cobija hasta La Paz donde está encerrado desde hace un año y medio, sin que exista siquiera un atisbo de proceso en su contra.

En el caso de Manfred Reyes, se lo acusó de supuestos malos manejos de recursos en la prefectura cochabambina. En esta ocasión, el presidente Morales, el vicepresidente García Linera y el ministro Rada se apresuraron a condenarlo. Sin embargo,  según las propias versiones oficiales, la cosa no habría resultado tan fácil y Reyes Villa los dejó con un palmo de narices, imposibilitados de ejercer su supuesta labor justiciera.

De ser cierta la versión, no sería la primera oportunidad en la que el ministro Rada hace el ridículo. Recordemos que en otra ocasión dijo que el ex prefecto de La Paz, “Chito” Valle  burló los controles y había huido del país disfrazado de cholita, con lo cual habría pasado más  desapercibido que gringo disfrazado de indígena guaraní.

Sin embargo, en este caso, lo preocupante no es la forma en la que supuestamente habría huido Reyes Villa. Lo preocupante es que sean las autoridades del Ejecutivo las que se involucren en una acción que debiera corresponder únicamente a las autoridades judiciales, que debe quedar muy claro, a parte del arraigo y la anotación preventiva del 50 por ciento de sus bienes, no dictaron ninguna otra medida en su contra.

La orden de aprehensión en su contra fue dictada después de que el ministro de Gobierno denunció su supuesta fuga, sintomáticamente  pocas horas  antes del verificativo de los comicios generales el 6 de diciembre pasado.

En consecuencia, el caso tiene todas las características de una persecución política en toda la regla a lo que se suma un abierto amedrentamiento contra la esposa de Reyes Villa.

Sin embargo no debemos pecar de ilusos. En este caso Manfred Reyes no es más que un símbolo de lo que les pueda pasar a aquellos que quieran excederse en sus veleidades opositoras, un método de escarmiento, el mecanismo mediante el cual se está enviando un claro mensaje a los actuales y futuros opositores, quienes deberán pensar dos veces a lo que se meten. La “justicia” masista podría estar pisándoles los talones en cualquier momento.

Ya lo dijimos, toda persona debe responder por sus actos, pero es también obligación de las autoridades garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. De lo contrario, volveremos a tener personas que ante la imposibilidad de tener justicia prefieran fugar o declararse en la clandestinidad, una situación que era muy común en las dictaduras.