Las denuncias fueron presentadas por diversas instancias controladas por el Gobierno. Varios de los acusados son candidatos a las elecciones del 4 de abril. La oleada de juicios hizo que algunos líderes dejen el país. Los candidatos opositores tienen procesos penales. También hay ministros de la Suprema enjuiciados.
Manfred Reyes Villa, Mario Cossio y Ruben Costas, ex prefectos de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz (de izq a der). Son parte del grupo de perseguidos por el gobierno (foto Abi)
La Razón
59 opositores son procesados por la justicia
Al menos 59 políticos y activistas de la oposición enfrentan procesos penales por diversos delitos, a raíz de denuncias que fueron presentadas por el oficialismo en los últimos cuatro años. Algunos son candidatos para la elección de alcaldes y gobernadores del 4 de abril, otros se fueron del país y algunos están en la cárcel.
La Razón llegó a esta cifra tras haber realizado un recuento a partir de datos que fueron proporcionados por la Contraloría, el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y publicaciones en diferentes medios. 22 se encuentran detallados en el cuadro de la derecha.
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De acuerdo con esos datos, se presentaron acusaciones formales en contra de los ex prefectos Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni), Mario Cossío (Tarija), José Luis Paredes (La Paz), Manfred Reyes Villa (Cochabamba), Leopoldo Fernández (Pando) y la actual prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar. En la mayoría de los casos se les acusa de malversación de fondos y daños económicos al Estado.
Las acusaciones e imputaciones también llegan a líderes cívicos, alcaldes y otros activistas, como es el caso de la alcaldesa suspendida de Sucre Aydée Nava, el ex alcalde de Potosí y ahora candidato, René Joaquino, el ex presidente del Concejo Municipal de Sucre, Fidel Herrera, el ex rector de la Universidad San Francisco Xavier y presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, Jaime Barrón, y el ex cívico de Sucre John Cava.
Otros líderes, como los cruceños Branko Marinkovic y Guido Nayar, que encabezaron movilizaciones en contra del Gobierno desde el Comité Cívico, también están en la mira del Poder Judicial, ambos tienen imputaciones en su contra. El primero es acusado de financiar a la presunta célula terrorista de Eduardo Rózsa y el segundo es investigado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
A ellos se suman los dirigentes cruceños Lucio Áñez, Ricardo Moreno, Edilberto Osinaga Rosado, Daniel Velasco Oyola, Alberto Justiniano Pereira, Zvonko Matkovic y Piedades Roca de Espinoza, todos ellos acusados por el caso Rózsa, de terrorismo.
En el caso de la muerte de campesinos en Pando, ocurrida en Porvenir el 11 de septiembre del 2008, hay varias personas detenidas, entre ellas el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien se postuló a la vicepresidencia del Estado en las elecciones del 2009. El Gobierno y los familiares de las víctimas de ese hecho aseguran que fue una masacre fomentada por la ex autoridad. Hay otros 27 imputados y varios dirigentes huyeron a Brasil por miedo a ser detenidos.
Otro caso abierto es el de “racismo” en Sucre, cuando decenas de campesinos fueron humillados por una turba de personas que no permitieron la llegada del presidente Evo Morales a esa ciudad. El oficialismo acusó a los líderes de Sucre de propiciar esos hechos y se iniciaron procesos penales en contra de los ex parlamentarios Fernando Rodríguez, Lourdes Millares y Tomasa Yarhui. Además de Elsa Guevara, Dailer Andrade y Jorge Iturralde. La lista involucra a tres dirigentes de la Universidad San Francisco Xavier y cinco periodistas de medios capitalinos.
El 2009, el Gobierno también inició procesos penales contra varios ex parlamentarios de la oposición por diferentes delitos, entre ellos Roger Pinto, Paulo Bravo, ambos de Pando, y Bernardo Montenegro y Ninoska Lazarte de Cochabamba. En todos los casos, esos legisladores hicieron denuncias contra el Gobierno. Los acusados negaron los cargos y acusaron al oficialismo de emprender una persecución judicial en contra de todos los que se opongan a su régimen, como señaló el senador pandino Roger Pinto de PPB-CN.
Conflicto JUDICIAL
Renuncia presidente • El 26 de febrero de 2006 renunció al cargo de presidente del Tribunal Constitucional el doctor William Durán Ribera.
Segunda renuncia • El 6 de noviembre de 2006, el doctor Felipe Tredinnick Abasto renunció al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional.
Tercera Renuncia • El 3 de marzo de 2008 dimitió el doctor Artemio Arias Romano, magistrado del Tribunal Constitucional.
Los candidatos opositores tienen procesos penales
Amedrentamiento • Dicen que el Gobierno busca inhabilitarlos para las elecciones de abril para impedir que sean electos.
EN CAMPAÑA • El ex prefecto Rubén Costas pide el apoyo a la gente en busca de su reelección como Gobernador.
Varios candidatos opositores a gobernadores y alcaldes para las elecciones del 4 de abril próximo tienen procesos judiciales impulsados por el Gobierno. Entre ellos figuran los ex diputados Bernardo Montenegro, Arturo Murillo, Ninoska Lazarte, y los ex prefectos Rubén Costas, Mario Cossío y Ernesto Suárez.
Bernardo Montenegro, candidato por UNIR a la Alcaldía de Cochabamba, es acusado de irregularidades durante las investigaciones que hizo del caso de terrorismo y el grupo de Eduardo Rósza. Lazarte es candidata a primer concejal del municipio de Cochabamba fue denunciada por el Ministerio de Gobierno por las denuncias que hizo contra el sistema de carnetización.
En el caso de los prefectos opositores, que buscarán su reelección también tienen procesos en su contra. Por ejemplo, Costas tiene cuatro demandas.
Sobre el tema, el candidato a la Alcaldía de Cochabamba por UN- CP y ex diputado, Arturo Murillo, quien también fue cuestionado por el Gobierno y las federaciones de cocaleros del Chapare de Cochabamba por su política antigubernamental cuando fue diputado, aseveró: “Creo que hay que dejar con mucha claridad, hay algunas manos negras que están detrás del MAS, y están tratando de amedrentar candidatos. Lamentablemente hay malos jueces y fiscales que se prestan para ello”.
Por su parte, la asambleísta de Unidad Nacional (UN) Elizabeth Reyes cuestionó el hecho de que el Gobierno no actúe con la misma celeridad en otros casos como el del ex ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Hugo Salvatierra, por el uso irregular de tractores y contra el ex presidente del Mutún, Walter Chávez, por irregularidades durante su gestión.
“O es una lucha contra la corrupción o una lucha contra la oposición”, aseveró.
Algunos candidatos como Costas y Cossío afirmaron que los procesos en su contra buscan inhabilitarlos, pues el oficialismo tiene temor de que vuelvan a ser electos. Costas, que lideró la oposición regional, retó al Gobierno a ordenar su detención.
ACCIONES
Gestiones • La Contraloría impulsó varios procesos contra los ex prefectos, por supuestas irregularidades en su gestión, luego que determinó en sus informes de auditoría acciones dudosas de las ex autoridades.
Ministerio • De Lucha contra la Corrupción también inició diversas investigaciones contra ex autoridades. Impulsó varios procesos en el Ministerio Público, porque habría encontrado indicios de corrupción.
También hay ministros enjuiciados
DIPUTADOS • Varios ministros y magistrados fueron suspendidos.
Entre 2006 y 2009, ministros y magistrados del Poder Judicial enfrentaron procesos en la Cámara de Diputados. Entre ellos se encuentran Rosario Canedo y Eddy Fernández, ministros de la Corte Suprema de Justicia.
A raíz de esas denuncias y amenazas de juicios, varios magistrados del Tribunal Constitucional renunciaron a sus cargos y paralizaron esta institución.
Como resultado, unos 5.000 casos quedaron paralizados por las acefalías en el Poder Judicial.
Wálter Raña, Elizabeth Íñiguez de Salinas, Martha Rojas Álvarez y Artemio Arias, magistrados del Tribunal Constitucional, renunciaron a su cargo el 2007, mientras que Silvia Salame, última magistrada, se alejó del cargo en mayo del 2009, dejando al Tribunal sin quórum.
El conflicto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. El 20 de noviembre de 2009, Rosario Canedo fue suspendida de su cargo por la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista. Esta instancia solicitó su enjuiciamiento por el delito de prevaricato. El 20 de enero de 2010, otro magistrado, Eddy Fernández, renunció, luego que fue suspendido.
En todo caso, el Tribunal Constitucional dejó de funcionar, pues no tiene a ninguno de sus 10 miembros. La Corte Suprema de Justicia trabaja con el quórum mínimo y el Consejo de la Judicatura trabaja con uno de sus cuatro miembros.
Algunos ex tribunos y la propia Rosario Canedo amenazó con enjuiciar al Gobierno en instancias internacionales por descabezar al Poder Judicial.