Interinos. El Presidente posesiona hoy en Sucre y con carácter interino a cinco ministros de la Suprema, cinco del Tribunal y tres consejeros. Colegios de abogados y Amabol dicen que no fueron consultados. La postulación de Walker San Miguel era resistida hasta anoche
Evo designa a 13 autoridades y tiene el control de la justicia
La Prensa
Evo interviene en la justicia y nombra a dedo a 13 magistrados
Acto: La ceremonia de posesión se realizará a las 10.00 en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia de Sucre. Analistas ven que Evo quiere ampliar su influencia en todos los poderes del Estado.
El presidente Evo Morales posesionará hoy a 13 autoridades interinas para llenar la misma cantidad de acefalías en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura y pasará a controlar otro poder del Estado.
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A las 10.00, en un acto público que se realizará en el salón de actos de la Suprema, el Jefe de Estado tomará juramento a cinco magistrados del Tribunal Constitucional, cinco ministros de la Suprema y tres consejeros de la Judicatura.
Morales controla el Órgano Ejecutivo y también el Legislativo y hoy ampliará su influencia hacia la justicia, cuyas autoridades fueron elegidas en anteriores legislaturas y gobiernos por el Congreso Nacional.
Ahora, el Presidente tiene un poder extraordinario que le fue conferido por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante la llamada “ley corta” para elegir de forma transitoria y a dedo a 13 autoridades judiciales, en contra de lo que manda la Constitución Política del Estado.
La Carta Magna establece que las autoridades judiciales deben ser elegidas mediante voto popular después de una preselección que debe ser efectuada por el Parlamento; no obstante, el oficialismo interpretó la Constitución Política en el sentido de que la Asamblea debe aprobar todas las leyes que sean necesarias para poner en marcha el nuevo Estado y, como se trata de autoridades transitorias, pueden ser elegidas “de manera excepcional” por Morales.
La oposición parlamentaria y abogados constitucionalistas consideran que con este acto se rompe la independencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo y se vulnera un derecho del pueblo, el de la elección mediante sufragio universal.
El mandato de los magistrados transitorios es acabar con la retardación de justicia y concluir los procesos legales abiertos, entre ellos juicios contra ex autoridades y opositores, como el de la masacre de octubre, abierto contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, o el del ex candidato presidencial Manfred Reyes Villa por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como prefecto de Cochabamba.
Los nombres de las nuevas autoridades se manejan con absoluta reserva en el entorno gubernamental; sin embargo, se tiene una lista que según fuentes oficialistas tiende al “equilibrio” entre “abogados idóneos” y juristas cercanos al Mandatario, como el ex ministro de Defensa Walker San Miguel. Ayer, su candidatura fue objetada por el senador del MAS Eugenio Rojas, quien dijo que San Miguel no puede ser nombrado magistrado porque “eso sería muy malo, ha sido ministro y no puede, políticamente habría un nexo y tiene que ser gente independiente que ocupe esos cargos”.
La información de la posesión fue confirmada por la decana en ejercicio de la presidencia de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval, quien ayer dijo a los periodistas que recibió una llamada telefónica del viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, quien le solicitó el salón de actos para la posesión. La jefa de la bancada del MAS en Diputados, Rebeca Delgado, añadió que Morales se trasladará hoy a Sucre para posesionar a las autoridades y, según indicó, así iniciará la reforma destinada a agilizar los aproximadamente de 5.000 procesos pendientes en el Tribunal Constitucional.
Empero, esta decisión podría ser impugnada por el Colegio de Abogados de Chuquisaca, anunció ayer su presidente, Juan José González, porque atenta contra la Carta Magna. La Presidenta de la Suprema no descartó el impugnar la ley para hacer respetar su derecho a concluir su mandato de diez años, que con la “ley corta” se ve acortado. La autoridad fue elegida por el Congreso y no de manera interina como se hace en la actualidad.
Para el analista político Carlos Cordero, la designación a dedo de autoridades judiciales representa la subordinación de la justicia al Ejecutivo, aunque cifró sus esperanzas en que “las personas elegidas sean idóneas, capaces de impartir justicia y que ojalá sirva para recomponer la confianza en la justicia y ojalá que no se cumplan los temores de la profundización de la hegemonía del poder”.
Abogados de Chuquisaca advierten que impugnarán las designaciones.
Nombramientos, sin consultas
El presidente Evo Morales definió quiénes serán las autoridades judiciales transitorias sin haber consultado a los colegios de profesionales.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Edwin Rojas Tordoya, en contacto telefónico con La Prensa indicó que esa entidad o sus afiliadas no tuvieron ningún contacto con el Ejecutivo ni el Legislativo. La versión fue confirmada por las presidencias de los colegios departamentales de abogados de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Potosí, aunque en esta región el presidente de esa entidad, Néstor Lecoa, fue propuesto como magistrado por una asociación de abogados libres.
La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), mediante su presidente, tampoco fue consultada por el Ejecutivo acerca de las designaciones que realizará hoy en la Corte Suprema. Ayer en la mañana, el senador masista René Martínez dijo que la lista fue consensuada con estos sectores.
Para destacar
El MAS baraja nombres como del abogado Víctor Hugo Chávez, quien iría al Tribunal Constitucional.
Fuentes oficialistas también dan cuenta de identidades como de los jueces paceños Williams Dávila y Betty Yañíquez.
Aparece también el nombre del ex fiscal paceño William Alave y de la abogada de las víctimas de Porvenir Mary Carrasco.
El asesor legal del gabinete y ex ministro de Trabajo Eusebio Gironda aparece como uno de los favoritos.
Las fuentes consultadas dan cuenta de partidarios del oficialismo, como Manuel Morales Dávila y Félix Huanca.
En Santa Cruz suena el nombre de Jorge von Borries, padre de la fiscal Mónica quien murió en un atentado terrorista.
El objetivo, según las fuentes masistas, es equilibrar a ciudadanos idóneos con abogados cercanos al Jefe de Estado.