Willam Paniagua, Juan Carlos Urenda y Gary Prado, postulantes a la Gobernación y la Alcaldía cruceña, se unieron en una marcha de protesta contra las citaciones a opositores cruceños por el caso Rózsa.
El Día
Sábado, 27 de Marzo, 2010
Las banderas rosadas del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de los candidatos William Paniagua a la Gobernación y Gary Prado Araúz, se mezclaron ayer con las naranjas de la agrupación ‘Todos por Santa Cruz’ de Juan Carlos Urenda a la Gobernación en una marcha que tuvo la misma causa: protestar contra los excesos en la investigación del caso de presunto terrorismo que se lleva adelante desde La Paz.
La marcha arrancó a las 10.30 del comando del MNR, ubicado en las avenidas Viedma e Irala, donde uno de sus candidatos, Gary Prado, ha establecido su ‘bunker’ como una forma de protegerse de una orden de aprehensión librada por el fiscal Marcelo Soza para que concurra a declarar a La Paz, desde el pasado viernes.
La caravana recorrió el primer anillo de circunvalación repitiendo los estribillos de ‘democracia y libertad’ o ‘no tenemos miedo carajo’ hasta llegar al Palacio de Justicia donde se instaló una especie de mitin al ritmo de una batucada y se agitaron las banderas.
También llevaban pancartas que mostraban el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas que sugirió al Gobierno de Evo Morales que cuestionó por qué por medio de un decreto se la habían llevado la jurisdicción de la investigación del caso a La Paz, siendo que los presuntos hechos de terrorismo ocurrieron en Santa Cruz.
“Queremos decirle al fiscal Marcelo Soza que puede preguntar lo que quiera, lo que sepa se lo voy a responder, pero quiero que pregunte aquí, en mi tierra donde vivo y tengo mi familia”, dijo Gary Prado, el candidato perseguido.
Prado recordó que acudió a la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz para pedir que le tomen su declaración pero que no tomaron en cuenta esa situación y se preguntó entonces ‘acaso tengo que ser presidente de la Cámara de Industria y Comercio para que el fiscal Soza venga desde La Paz”, dijo.
“Lo que quieren es meternos miedo pero no lo van a lograr, somos cada día más fuertes, no somos víctimas de este Gobierno, somos sus adversarios y seguiremos luchando por Santa Cruz aún después del 4 de abril”, dijo.
Asimismo, su compañero Willam Paniagua dijo que los políticos saben cómo reaccionar cuando tratan de conculcar los derechos de un candidato.
De igual manera, el candidato a la Gobernación, Juan Carlos Urenda, dijo que decidieron unirse a la marcha para reclamar porque están violando un derecho colectivo, el derecho al juez natural que tiene todo ciudadano para ser notificado y que asuma su defensa donde tiene su residencia.
Tanto Paniagua como Urenda coincidieron en señalar que el Gobierno ha iniciado una persecución contra los dirigentes políticos, cívicos y empresarios precisamente en época electoral, y convocaron al pueblo a que no se asuste y por el contrario asuman desde esta región con su voto la condena contra los candidatos masistas que quieren consolidar el poder total del presidente Evo Morales.
Costas no se presta al show
Cuando se realizaba la marcha hacia el Palacio de Justicia, casualmente en forma paralela en la Plaza del Estudiante seguidores del candidato de la agrupación “Verdes” de Rubén Costas partían hacia la plaza ‘24 de Septiembre’, situación que fue criticada por Paniagua y Urenda.
“Costas no se presta a ningún show aprovechando la desgracia de algún candidato, él siempre ha estado defendiendo a todos los cruceños perseguidos”, respondió su vocero Óscar Urenda.
Por alquilar vehículos irán a La Paz
Quienes proporcionaron vehículos para que la presunta célula terrorista a cargo de Eduardo Rózsa se desplazara durante su estadía en Bolivia están siendo convocados a declarar a La Paz por el fiscal Marcelo Soza.
Ayer compareció el dueño de una autoventa, Maciel Vaca Pinto, quien confesó haber alquilado a Orlando Limpias, el encargado de la casa de campaña ‘La Torre” un jeep Toyota Land Cruiser oscuro placa 2198-ADX, en el que posteriormente fue visto Eduardo Rózsa Flores camino a varias provincias.
También será llamado a declarar el propietario de una vagoneta Toyota Land Cruiser color celeste cuya identidad no fue proporcionada.
Se trata del llamado ‘anillo logístico” cuyos nombres estaban en la computadora de Rózsa así como el ‘anillo militar’ y también el ‘anillo médico” compuesto por varios galenos de Santa Cruz.
Por otro lado, informó que la recepción de declaraciones en el caso terrorismo serán tomadas después de las elecciones regionales del 4 de abril para evitar un uso político del caso.
"Estamos colocando en un cronograma junto a los investigadores las nuevas citaciones para que se lleven a cabo luego de las elecciones, porque vamos a determinar que vengan a declarar políticos vinculados en el caso y por esa razón no se quiere politizar el tema", indicó.
Además, el fiscal Soza informó que el ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, David Sejas, se encontraría refugiado en Brasil junto a otras cinco personas involucradas en el caso y que ha sido citado a declarar por edictos de prensa. /Agencias
OPOSICION. PERSEGUIDOS:
Dicen que hay condena anunciada contra Leopoldo
Defensa. Aurelio Valenzuela, defensor del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, dijo que hay una condena anunciada contra su cliente porque el Gobierno solamente se encargará de trasladar desde Pando a 100 testigos pero no se ocupará de hacer lo mismo con quienes lo defenderán.
En ese sentido anunció que lo que se viene es un linchamiento político porque no existe el mínimo respeto a los derechos fundamentales.
En ese sentido calificó al juicio oral del 4 de mayo como una crónica de una sentencia condenatoria anunciada puesto que la misma ya está redactada y fue hecha por autoridades del Poder Ejecutivo y lo único que harán es ponerle la firma.
Hay detención domiciliaria contra ex alcaldesa Nava
Proceso. El juez Primero de Instrucción en lo Penal, Iván Sandóval, determinó detención domiciliaria de la alcaldesa suspendida de la capital, Aideé Nava, quien es acusada de la emisión irregular de cheques para el resellado del centro histórico de Sucre.
Asimismo, la ex autoridad edil además tiene arraigo y tuvo que presentar dos garantes para que no se determine su detención preventiva.
Esta investigación del Ministerio Público contra la alcaldesa suspendida es por cerca de 1,9 millones de bolivianos, correspondientes a los anticipos que percibió una empresa constructora destinados a la ejecución del proyecto del resellado del centro histórico de Sucre. Agencias