Choferes paran 48 horas y el Gobierno amenaza; “este es un paro para los borrachos» dice ministro

Exigencia: Piden modificar las sanciones del Decreto 420 en contra de los choferes ebrios.

image

Presión: Franklin Durán (der.), en huelga de hambre, anoche



La Prensa

Los choferes sindicalizados del país determinaron paralizar sus actividades desde las 00.00 de hoy por 48 horas, en rechazo a las sanciones del Decreto 420, la norma que endurece las sanciones a los conductores ebrios. Ante esto, el Gobierno amenaza con aplicar la fuerza pública en caso de bloqueos, así como la suspensión de operaciones

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, lamentó que el paro declarado para hoy y mañana se deba a la intransigencia de “algunos dirigentes” que se oponen a llegar a acuerdos.

“Éste es un paro —expresó Sacha— para los borrachos (…) para que sigan habiendo episodios que han enlutado a la familia boliviana”.

Reiteró que el Gobierno no retrocederá en la modificación de la norma y continuará con su aplicación.

Reveló que ayer por la mañana, tras llegar a un preacuerdo con los trabajadores del volante, se estableció la inclusión de un “segundo punto, que garantiza la vigencia (del decreto) y no su modificación”. Sin embargo, por la tarde se rompieron las conversaciones.

Con el Decreto 420, del 3 de febrero, se obliga a las empresas y a los conductores del transporte internacional, interdepartamental y provincial a ejercer controles anuales de certificación para renovar sus licencias de categoría C y sus autorizaciones para operar en carreteras.

Los choferes serán sometidos a revisiones médicas y pruebas físicas. Aunque en caso de que los conductores sean sorprendidos en estado de ebriedad, se les suspenderá, de por vida, el permiso de conducir, lo que también será aplicable a las empresas y propietarios de éstas. El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, declaró que la negativa del Gobierno a modificar este aspecto “sensible” del Decreto 420 será una muestra del abuso gubernamental.

“Estamos empezando a vivir una etapa dictatorial (…) nosotros hemos apoyado al Gobierno desinteresadamente, sin pedir una cuota de poder, pero sus ministros no quieren demostrar ante el Presidente que se han equivocado con este decreto”, dijo el dirigente, quien ya presiona al Gobierno con una huelga de hambre.

Explicó que cada federación departamental tiene la instrucción de acatar la determinación del paro “movilizado” con bloqueo de caminos.

A su turno, el secretario ejecutivo de la Asociación de Transporte Libre (ATL), Juan Carlos Martínez, declaró que su sector está de acuerdo con las sanciones que aplica la norma a los conductores en estado de ebriedad, aunque explicó que ésta debe ser modificada.

Ante la medida de presión, el Ejecutivo, a través de la Dirección de Transporte, amenazó con decomisar la tarjeta de operaciones por 15 días.

“Toda ley es modificable, hasta la Constitución Política del Estado fue modificada, por lo tanto no entendemos la actitud del Gobierno”, se quejó.

Entre diciembre y febrero, la cifra de muertos en accidentes de tránsito llegó a 98 y los heridos a más de 300 en las diferentes carreteras del país.

El más reciente accidente ocurrió en La Paz, donde un micro del Sindicato San Cristóbal, con 30 años de uso, perdió los frenos y arrolló a uno de los pasajeros que intentaba salir.

Sacha Llorenti dice “que el paro es para choferes borrachos”.

La Policía, en alerta en la Llajta

La Policía Departamental anunció que echará a andar un fuerte dispositivo de seguridad para contrarrestar los efectos del paro de 48 horas de la Confederación Nacional de Choferes en rechazo al Decreto 420, que sanciona a los choferes ebrios, para ello tomará el control de los principales puentes de acceso a la ciudad y las carreteras, según un comunicado del Comando policial.

En tanto, ayer, a las 22.00, una escuadra de transportistas ya comenzó a bloquear con piedras la carretera Cochabamba–Oruro, a la altura de Llavín, pese a que la instrucción de los afiliados era bloquear a partir de las 00.00 de hoy.

Más de 2.000 policías fueron acuartelados desde anoche luego de que se confirmara la paralización del transporte público urbano y de larga distancia, con el objetivo de que se movilicen desde la madrugada en puntos estratégicos de las vías ante la amenaza de que los choferes cierren con barricadas y sus motorizados bloqueen puentes y tramos vitales para la comunicación entre oriente y occidente.

Además, se prevé recurrir a grúas para retirar los vehículos que se atrincheren sobre los puentes o caminos estratégicos.

Tolerancia en escuelas y colegios

Ante la medida de presión de paro de 48 horas de la Confederación de Choferes de Bolivia, el viceministro de Educación Regular, Iván Villa, declaró tolerancia para la asistencia a los centros educativos en los nueve departamentos.

La Prensa conoció que el Colegio San Calixto y el jardín de niños Flori Nicol de La Paz suspendieron sus actividades para hoy, en la perspectiva de cuidar la integridad de sus alumnos, la misma que puede verse afectada por los bloqueos y la eventual violencia de las protestas de los sindicatos urbanos de choferes.

De igual manera, otros establecimientos educativos que se encuentran en el congestionado centro paceño decidieron suspender sus actividades, aunque en muchos casos se espera que la medida de presión se vaya flexibilizando.

El ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, dijo que se utilizarán todos los recursos para impedir la obstaculización de las vías y garantizar la libre circulación de los ciudadanos y conductores particulares.

El comandante de la Policía Nacional, Óscar Nina, también prometió hacer cumplir la normativa a favor del ciudadano. “La Policía tiene la obligación de garantizar los derechos de las personas a la libre circulación, la libre locomoción, para que estos derechos de la colectividad no sean mellados”, sostuvo.

Para destacar

El diálogo con los choferes se rompió por la negativa del Ejecutivo de no modificar el Decreto 420.

Resistencia. La Confederación Nacional de Juntas Vecinales rechaza el paro y anuncia movilizaciones.

El Gobierno amenaza con usar la fuerza pública y decomisar las tarjetas de operaciones por 15 días.

El transporte libre acatará la determinación de la Confederación de Choferes a escala nacional.