Anteproyecto: El borrador de la Ley de Régimen Electoral que presentó el organismo que dirige procesos electorales dispone además que éste pueda convocar a elecciones sin una ley de convocatoria del Congreso.
Leyes: Antonio Costas (der.) entrega los proyectos del OEP en la Vicepresidencia
La Prensa
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) planteó una reforma estructural para convertirse en un poder del nuevo Estado, en la perspectiva de administrar los próximos procesos electorales. Espera así reponer el financiamiento para la propaganda electoral de quienes participen en elecciones o referendos y lograr la independencia plena del Legislativo para convocar a comicios.
Uno de los alcances del proyecto de Ley de Régimen Electoral, presentado ayer por la entidad electoral a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es generar “condiciones de igualdad” en comicios y referendos en cuanto al acceso a medios masivos de comunicación. Para ello, propone que el Estado disponga fondos para la propaganda y el OEP contrate y controle los espacios y tiempos.
“La propaganda electoral en los medios de comunicación social la financia y contrata el Estado, a través de la autoridad electoral competente, quien la distribuye de manera igualitaria entre todas las organizaciones políticas/nacionales o pueblos indígena originario campesinos que estén participando en la contienda electoral”.
Al respecto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Carlos Aparicio, en contacto con La Prensa, expresó su desacuerdo con la propuesta, en vista de que el partido oficialista definió “como una política de austeridad” suspender el financiamiento de los partidos políticos e invertirlo en proyectos que beneficien a los más necesitados.
En 2007, el Gobierno del presidente Evo Morales dejó de financiar a los partidos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas como establecían la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral, pues las organizaciones políticas recibían financiamiento incluso en tiempos no electorales. Por eso destinó esos recursos a la generación de un bono para los discapacitados que éstos demandaron en una movilización, aunque el beneficio económico no ha sido pagado todavía.
Por su parte, el diputado opositor de Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) Alejandro Zapata, entrevistado por La Prensa, consideró un avance la mencionada determinación, ya que “se lograría el equilibrio entre todos los partidos, que no existe cuando un Gobierno cuenta con todo el aparato estatal de medios de comunicación para mostrar sus propuestas”.
Alegó que tanto el bono a los discapacitados como “la inversión en la democracia” son igual de importantes. “El Estado debe tener la capacidad de mantener políticas de apoyo a los más necesitados sin tener que sacrificar (un derecho de) la democracia”.
De ser aprobado el proyecto de Ley de Régimen Electoral, el OEP tendría la autoridad para contratar y controlar los espacios y tiempos de la propaganda en los medios de comunicación.
Por otro lado, acerca de la intención del organismo electoral de llamar a elecciones sin que el Legislativo apruebe una ley de convocatoria como manda en la actualidad el Código Electoral, el presidente de la entidad, Antonio Costas, dijo ayer que el proyecto “propone que las convocatorias a los procesos electorales ya sean atribuciones del OEP y no precisamente devengan de ley del Estado”.
Hasta ahora, y conforme al Código Electoral vigente, sólo el Congreso llamaba a elecciones al menos 150 días antes de la realización de comicios.
Con la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley de Régimen Electoral y la Ley del OEP, esta institución se consolidará como el cuarto poder del Estado, a la par del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tal como lo propone la Constitución Política.
Por ahora solamente se reconocen tres órganos estatales: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, que son autónomas en su gestión y competencias.
En 2007 se destinó el dinero de la propaganda a los discapacitados.
El MAS debatirá leyes desde el 15
El comienzo del tratamiento y debate de los dos proyectos de Ley del Órgano Electoral Plurinacional y de Régimen Electoral se prevé para la segunda quincena de marzo en comisiones, para luego pasar al pleno de la Cámara de Diputados, informó ayer la jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado.
Las dos normas forman parte de las cinco leyes orgánicas que deben ser aprobadas, conforme a la Constitución Política de Estado (CPE) en su disposición transitoria segunda, en un máximo de 180 días desde la instalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, desde el 22 de enero.
Las otras normas son las leyes del Órgano Judicial Plurinacional, del Tribunal Constitucional Plurinacional y Marco de Autonomías. De acuerdo con Delgado, estos proyectos de normas se los trabaja de forma interna y en primera instancia se comenzará con el tratamiento de las leyes electorales y las del Poder Judicial, cuyas autoridades, con este modelo, serán elegidas por sufragio popular.
El OEP entregó dos proyectos
El presidente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Antonio Costas, en compañía de las vocales Roxana Ybarnegaray y Amalia Oporto, entregó ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional dos proyectos de ley referentes al Régimen Electoral y al Órgano Electoral Plurinacional para su adecuación a la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y así consolidarse como el cuarto poder del Estado.
La autoridad electoral dijo: “Es un esfuerzo que desarrolla el OEP a la cabeza de la doctora Amalia Oporto, que es la Vicepresidenta que presidió esta comisión y que se finalizó ayer”. Antonio Costas también explicó que se solicitó una audiencia con el presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, para explicarle de forma general los alcances de la ley, de la misma forma que se pidió que los proyectos de ley sean tratados en las comisiones camarales.
Proyecto
El proyecto de Ley de Régimen Electoral fue entregado ayer al vicepresidente Álvaro García Linera en la Vicepresidencia.
Esta propuesta reconoce a las organizaciones políticas y al pueblo indígena como parte de la intermediación política.
El borrador de la norma acepta tres formas de democracia: directa y participativa, representativa y comunitaria.
Se basa en principios de soberanía popular, igualdad, participación, complementariedad y preclusión.
Amplía el derecho a la elección de autoridades, decisión de políticas públicas y revocatorias de mandato.
Además define procedimientos para garantizar la igualdad y alternancia de género en las candidaturas.