Todo indica que el juicio contra el ex gobernador pandino Leopoldo Fernández no será más que un tongo por cuanto el fallo esta cantado. Como en la lucha libre, el árbitro, en este caso los jueces y fiscales, estarán a favor de los “rudos”, es decir el gobierno, pero en este caso no existe la posibilidad de que triunfen los “técnicos” después de sobreponerse a esa oscura conspiración de “rudos” y árbitro.
Leopoldo en su celda del penal de San Pedro en La Paz, donde lleva recluido sin proceso más de 18 meses.
Ya está montado todo el andamiaje para asegurar una condena en contra de Leopoldo Fernández. El gobierno asegurará la presencia en La Paz de centenares de "testigos" en contra de Fernández; les pagará los gastos de traslado y estadía ya que no resulta convincente la versión de que ellos dispondrán de sus propios recursos solo para darse el gusto de testimoniar contra el exprefecto.
Muy diferente es el caso de Leopoldo quien no solo no tendrá la posibilidad de asegurar la presencia de testigos en su favor sino que quienes se animen confrontan la amenaza cierta de ser sindicados como cómplices y metidos en cárceles paceñas de manera expedita.
Sin embargo organizaciones de “defensa de los derechos humanos” que están actuando como alcahuetes del gobierno se dan el lujo de pedir “garantías” para los testigos de la acusación. Es el caso del llamado “Capítulo Boliviano de los Derechos Humanos”, una organización no gubernamental que en este caso está recibiendo todo el apoyo (económico, se entiende) del Ministerio de Gobierno para facilitar el traslado y estadía de los testigos contra Leopoldo Fernández.
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El Capítulo Boliviano de los DDHH está manejado por Víctor Vacaflores, ex miembro del extinto grupo guerrillero ELN y por Sonia Brito. Ambos eran muy conocidos en la universidad de Cochabamba por sus fervientes llamados a iniciar la lucha armada. Sus furiosas y belicosas arengas, claro está, las lanzaban en democracia, porque hacerlo en dictadura puede ser perjudicial para la salud.
Ambos, como muchos otros, vieron que la defensa de los derechos humanos es un buen negocio y ofrece la posibilidad de llevar una vida desahogada, sin mucho sobresalto y, además, les posibilita darse una imagen de altruistas y humanitarios luchadores y hasta llegar a ocupar algún ministerio como es el caso de Sacha Llorenti.
Tanto Vacaflores como Brito tienen permanentes reuniones con Mary Carrasco, la abogada supuestamente contratada por los familiares de las víctimas de la “masacre de Porvenir” pero que a la vez tiene jugosos contratos con el Ministerio de Gobierno por “trabajos” que solo Dios sabe de que se tratan.
En una oportunidad en el Colegio de Abogados a alguien se le ocurrió decir que la millonaria Carrasco estaba atendiendo el caso gratis y provocó tal ataque de risa que no faltó alguien que requirió oxígeno para recuperarse.
Se trata, por tanto, de un proceso abierta y descaradamente amañado en el que la mano del gobierno es determinante aunque pretendan mantenerla escondida. Una vez que está listo todo el montaje que les tomó más de un año y medio apuntalar, el 4 de mayo se tendrá una imagen clara de lo que es la nueva “justicia” masista y lo que espera a todos los bolivianos que cometan el "delito" de pensar y actuar de manera diferente a la línea oficialista.