Mientras el Presidente hablaba de pollos, gays y Coca Cola ante una sui generis cumbre sobre el cambio climático, la Conferencia Episcopal reunida también en Cochabamba aprobó un documento, que como ya es usual no gustó al gobierno cuyos funcionarios volvieron a recomendar a los prelados que se desentiendan de las cosas terrenales y se dediquen a la salvación de las almas.
Directivos de la Conferencia Episcopal de Bolivia dan a conocer el mensaje de la Iglesia (foto Los Tiempos)
Es que el documento pone el dedo en la llaga y denuncia muchos aspectos que ya eran percibidos por todos los bolivianos: el gobierno ha desatado una persecución contra los opositores acudiendo a pretextos de lo más variados y utilizando para ello a determinados fiscales y jueces que han perdido cualquier atisbo de independencia y ética profesional.
Los Obispos católicos también tocaron un tema que para el gobierno resulta de lo más urticante. El notorio y ostensible incremento de las actividades de las bandas de narcotraficantes en el país, con todos los peligros que ello implica.
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Naturalmente sería más conveniente para los intereses y objetivos gubernamentales que no solo la Iglesia sino todos los sectores, cualquiera sea su índole, adopten la actitud de los tres monos sabios: que no vean, no escuchen ni hablen. Esto es exactamente lo que quiere Álvaro García Linera cuando afirma que “se debe dar al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios”; en realidad lo que esta diciendo el vicepresidente es que la política y la opinión es un derecho exclusivo del oficialismo.
El Ejecutivo ha adoptado como táctica recurrente la anulación del adversario político mediante el amedrentamiento y la persecución y esto no podía pasar desapercibido para la Iglesia que ha expresado su preocupación por la visión de “ a mi favor o en mi contra” que utilizan los actuales gobernantes y que solo puede generar confrontación.
Ya lo hizo en una anterior oportunidad. La Iglesia expresó su preocupación por el incremento del narcotráfico y recibió respuestas destempladas que hacen pensar muy mal sobre el grado de involucramiento del actual gobierno con esta ilícita y perjudicial actividad.
Es claro que el narcotráfico se mueve a sus anchas en aquellos países donde existen condiciones propicias y todo indica que esa es la situación de Bolivia. La presencia de los cárteles colombianos y mexicanos en asociación con los nacionales se hace cada vez más evidente, ya que la producción de cocaína está alcanzando niveles de sofisticación que no se conocían en Bolivia.
Las incautaciones que se hacen públicas, por todos los indicios, no son más que la punta del iceberg. No deja de llamar la atención que las fábricas y laboratorios de cocaína descubiertos, en la mayoría de los casos habían sido abandonados seguramente tras una temporada de gran producción, lo cual plantea la posibilidad de que los narcos disponen de información privilegiada que proviene de ciertos niveles sindicales, policiales y políticos vinculados al poder.
No es de esperar que el oficialismo acoja de buen grado las observaciones que hace no solo la Iglesia Católica sino también otras respetables instituciones y los ciudadanos de diversos sectores porque, sencillamente, la autocrítica que es el camino para enmendar errores no figura en el «ser masista».