Masistas demandan el arraigo de ex mandatarios. Ley viola derechos de los ciudadanos, según oposición. Dirigente sindical exige que se aplique primero contra autoridades del Ejecutivo.
NORMA. Evo Morales levanta la ley luego de su promulgación
La Razón
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Álvaro Arias – La Paz
Empieza la cacería de corruptos con la “ley guillotina”
Medida. Los movimientos sociales demandaron el arraigo de ex mandatarios
El Gobierno puso en vigencia ayer la Ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz y de inmediato anticipó que será una guillotina contra quienes cometieron estos delitos. Los movimientos sociales afines al MAS pidieron usarla para arraigar a ex presidentes.
“Siento que ha llegado la hora de sentar la mano a la gente que ha hecho tanto daño a los bolivianos y bolivianas”, sentenció Morales durante el acto de promulgación de la normativa en el Palacio.
Calificó la jornada de ayer como un “día histórico” y pidió a la comunidad internacional cerrar sus puertas a ex autoridades bolivianas acusadas de corrupción. Recordó que el país pierde entre $us 200 y 300 millones anuales debido a esta práctica ilegal.
Reveló que recibió informaciones sobre ex ministros y ex autoridades que, ante la aprobación de esta ley, comenzaron a traspasar sus bienes “desesperadamente” a otras personas.
Posteriormente, el vicepresidente Álvaro García Linera recordó que la ley fue aprobada luego de tres años y 11 meses y culpó de ello a un bloqueo de la oposición en la Cámara de Senadores.
“A partir de ahora queda en manos del Ejecutivo la aplicación de esta ley patriótica, esta ley guillotina que podríamos llamar, que conduce a la cárcel a cualquier funcionario público que se atreva a tocar un solo centavo del Estado”, reflexionó la autoridad.
Inmediatamente promulgada la ley, organizaciones sociales afines al MAS solicitaron el arraigo de los ex presidentes de la República Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Eduardo Rodríguez, además del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, acusados justamente por presuntos actos de corrupción.
“Han hecho un sindicato de los corruptos, por ejemplo Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez y Víctor Hugo Cárdenas, a ellos debe arraigarse para ser juzgados y ser encarcelados, vamos a pedir eso”, anunció la dirigente de las mujeres campesinas Bartolina Sisa, Leonilda Zurita.
Hace dos semanas, los citados ex mandatarios se declararon víctimas de una persecución política protagonizada por el MAS, en la que uno de los principales instrumentos sería la Ley de Juicios de Responsabilidades, aún en debate.
En la misma línea del Presidente y Vicepresidente, el senador Eduardo Maldonado (MAS), quien preside la Comisión de Constitución del Senado, dijo que “quienes tienen que temblar ahora son los que le han robado al país, porque tiene que ser implacable y rigurosa la aplicación de la norma; no puede permitir resquicios a la corrupción”.
Un día antes, el senador advirtió que la ley anticorrupción llegaría incluso a los actuales candidatos a gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas.
La normativa fue sancionada por el Senado la noche del último lunes. El oficialismo controla dos tercios de los senadores.
El senador opositor Germán Antelo (PPB-CN) denunció que los masistas utilizaron “su aplanadora” y el líder cívico cruceño Luis Núñez se declaró en huelga de hambre reclamando al Gobierno que cese la persecución política.
La ley anticorrupción establece que los delitos cometidos por servidores públicos, incluso privados, que atenten contra el patrimonio del Estado, son imprescriptibles y que los procesos se podrán realizar en rebeldía.
Crea además ocho nuevos tipos penales, de los cuales el Enriquecimiento Ilícito y el Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado son retroactivos.
Cualquier servidor público que hubiese incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos y que no pueda justificar esta situación, será sancionado con privación de libertad. Quienes denuncien supuestos hechos de corrupción serán protegidos.
Ex comandantes recibían carros 0 km
El presidente Evo Morales denunció que la Policía “era experta para montar pruebas” y que ex comandantes militares y policiales recibían un vehículo nuevo al cabo de su gestión.
“Me llevaron (en 1994) a la Fiscalía, fue un tal coronel Laguna, y me presentó como autor de (portar) dinamitas. Me daba bronca pues ¿qué dinamita?, ni siquiera para pescar usaba dinamita, yo tengo miedo a la dinamita”, dijo.
Morales reveló que ex comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía recibían vehículos nuevos tras cumplir su gestión.
“Un ex comandante de la Policía o ex comandante en jefe (de las FFAA) terminaba su gestión y pasaba una nota —hemos visto eso— con una cotización de un carro cero kilómetros. El comandante de las Fuerzas Armadas y de la Policía se iban con un carro cero kilómetros; tenemos ahí pruebas. En nuestra gestión, ningún ex comandante recibe gastos reservados ni carros”, afirmó Morales en parte de su discurso en ocasión de la promulgación de la ley de lucha contra la corrupción.
Esta ley prevé el enjuiciamiento de militares y policías involucrados en hechos de corrupción. “Esta norma no reconoce inmunidad ni fuero alguno”, explicó la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Evo dice que es tiempo de sentar la mano a corruptos
Acto: Álvaro García Linera calificó a la nueva norma de “guillotina”. El Presidente definió a la corrupción como el peor enemigo de los bolivianos.
La Prensa
Con la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, el presidente Evo Morales dijo que es tiempo de sentar la mano a los corruptos, mientras el Comité pro Santa Cruz calificó esa advertencia como propia de un dictador.
El Jefe de Estado afirmó ayer por la mañana en el Palacio Quemado, poco después de promulgar la mencionada ley: “Siento que llegó la hora de sentar la mano a la gente que ha hecho tanto daño a los bolivianos y bolivianas”.
El líder cívico cruceño Luis Núñez y el ex presidente cívico provincial Alberto Áñez se declararon en huelga de hambre en demanda, precisamente, según el organismo, de que se respeten los derechos y libertades fundamentales.
El vocero del organismo, Rubén Darío Méndez, dio cuenta de que esa expresión muestra el afán totalitario del Presidente, contra el que se entabla una lucha y se espera que hoy se hagan públicos pronunciamientos de apoyo de órganos cívicos de otros distritos del país.
A su turno, el asesor legal Germán López calificó a la nueva ley como necesaria pero arbitraria y alertó de que los principales problemas pueden generarse con la reglamentación que ya se prepara en esferas del Órgano Ejecutivo.
“Si bien la ley está dentro del marco constitucional, lo arbitrario es la retroactividad, porque las corrientes constitucionalistas prevén su aplicación solamente en dos áreas del derecho: lo social y lo penal cuando favorece al delincuente”.
Además, dijo que el proyecto malinterpreta la figura de la malversación, pues es tan estricto que impide las transferencias presupuestarias, lo que puede derivar en conflictos sociales en municipios pequeños, que tienden a cambiar el destino de sus recursos a través de gestiones que eran perfectamente legales.
Empero, en su discurso, el Presidente lamentó que “algunos organismos internacionales cuestionen la retroactividad” de la aplicación, en alusión a las críticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Para gente que roba, ¿cómo puede no haber retroactividad? Está constitucionalizada y es la única forma de recuperar bienes del Estado”.
Ayer, el vicepresidente Álvaro García Linera calificó a esta norma como la “ley guillotina”, que servirá para encarcelar a los corruptos.
La Fiscalía General del Estado instruyó el martes evitar que los sospechosos de corrupción huyan del país.
El 2 de mayo de 2006, el Ejecutivo entregó al entonces Congreso de la República este proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara Baja, pero quedó archivado en el Senado hasta que el 2 de febrero reciente la Asamblea Legislativa Plurinacional lo recuperó de ese archivo y lo sancionó el 29 de marzo.
Morales reflexionó durante su discurso: “El peor enemigo del pueblo boliviano es la corrupción, al margen de las políticas de discriminación, de exclusión, de marginamiento, de saqueo de nuestros recursos naturales”.
Admitió, en todo caso, que niveles inferiores de su administración hay corruptos, “aunque por algunos malos compañeros, como Gobierno, quedamos mal”.
Sin un cambio de mentalidad, esta ley y la Constitución serán inútiles.
La norma recibe críticas y apoyo
Un parlamentario opositor criticó la ley; un dirigente sindical de Oruro exigió que la Ley Anticorrupción se aplique, en primer término, contra actuales autoridades del Órgano Ejecutivo y la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) aplaudió el contenido de la disposición.
El senador Germán Antelo, de Convergencia Nacional, dijo que, con esta ley, el Estado se arriesga a enfrentar una demanda ante organismos internacionales, porque viola principios y derechos contenidos en tratados de los cuales Bolivia es país signatario.
El ex secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Jaime Solares exigió: “Si queremos que se aplique esta ley, tiene que ser para todos y no para unos cuantos, porque aquí hay muchos que se han engordado con el dinero del pueblo y siguen hablando de los pobres”.
Enrique García, presidente de la FEPLP, sostuvo ayer que “el espíritu de la ley aprobada es un aspecto bueno, no puede quedar impune toda persona que ha cometido alguna irregularidad en el manejo económico con dinero del Estado, pues tiene que rendir cuentas y tiene que responder, de eso no hay duda. Ahora, hay algunos aspectos de orden jurídico y legal que deben ser reglamentados”.