Ejecutivo convoca a una elaboración conjunta. También alista proyecto de ley de la Procuraduría General para defender al Estado.
Anuncio: el vicepresidente Álvaro García Linera, ayer, en el Palacio Quemado
La Prensa
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Evo desecha anteproyectos de ley del Trabajo y del Servidor
Un paso atrás: Ante el rechazo de sectores laborales y profesionales a esos proyectos normativos, el Gobierno los elimina y convoca a una elaboración conjunta.
El presidente Evo Morales desautorizó al Ministerio de Trabajo y descartó los anteproyectos de ley del Servidor Público y del Código de Trabajo elaborados por esa repartición estatal y que fueron objeto de rechazo por distintos sectores laborales y sociales que la semana pasada asumieron medidas de protesta y anunciaron otras más para los siguientes días.
El vicepresidente Álvaro García Linera, en conferencia de prensa en el Palacio Quemado, aseveró que ni el Jefe de Estado ni el gabinete ministerial tenían conocimiento del contenido de esos borradores de proyectos de ley y, por tanto, no son oficiales ni válidos y no tienen su autorización ni aprobación.
“El Presidente ha decidido que estos documentos, objeto de observaciones, no son documentos oficiales, no tienen reconocimiento oficial; por el contrario, el Presidente ha instruido que sean retirados de cualquier diálogo o debate”.
El Ministerio de Trabajo socializó el borrador del Código de Trabajo y el del Servidor Público con organizaciones sociales, pero ambas normas fueron rechazadas por sectores tales como los fabriles y maestros por considerar que vulneran los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, como la huelga, y que (el Código del Trabajo) además reglamenta el preaviso en el tema de despidos y disminuye el descanso prenatal de las embarazadas asalariadas.
La semana pasada, trabajadores en salud y médicos de Santa Cruz, y funcionarios y estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de esa ciudad se movilizaron en contra del proyecto de Ley de la Servidora y Servidor Público porque según dijeron, reduce la carrera administrativa de los funcionarios y trabajadores.
Es más, esta norma plantea regir no sólo a la administración pública central, que incluye al Legislativo, sino a las empresas públicas descentralizadas, a los gobiernos departamentales, municipales e indígenas, y a otras instancias estatales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado (CGE).
Ayer, el Vicepresidente adelantó que en siete días se conformará una comisión y se convocará a la Central Obrera Boliviana (COB), fabriles y otros sectores sociales para trabajar artículo por artículo esas normativas.
“Iniciar este trabajo artículo por artículo de lo que debería ser una nueva Ley General del Trabajo, el nuevo Código de Trabajo, y por supuesto la Ley del Servicio Civil (Servidor Público). En siete días estas comisiones se conformarán para dar lugar al diálogo”.
El sábado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Ortiz, y el vicepresidente de la Federación de Asociaciones Municipales, además del alcalde electo de La Paz, Luis Revilla, manifestaron la necesidad de debatir esos documentos para evitar problemas posteriores.
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, anunció el viernes pasado que el próximo jueves está prevista una marcha de protesta de su sector para exigir su exclusión del proyecto de Ley del Servidor Público.
El directivo de los galenos calificó ayer de “muy positivo” el anuncio del Vicepresidente, ya que ese sector, dijo, esperaba un pronunciamiento oficial del Gobierno. Adelantó que convocará una reunión de emergencia para hoy, martes, a fin de analizar la suspensión de la mencionada marcha de protesta.
Para el dirigente fabril Wilson Mamani, la declaración de García Linera es fruto del encuentro que los representantes de su sector mantuvieron con el Mandatario en horas de la tarde en el Palacio de Gobierno.
En esa reunión, refirió, le hicieron conocer sus observaciones al proyecto de Código de Trabajo y las incongruencias que presentaba. Dijo que esta última determinación del Ejecutivo se la hará conocer en el ampliado organizado para hoy y que será esa instancia la que tome la decisión definitiva. En todo caso, Mamani anticipó que los fabriles ya tienen un proyecto de Ley del Trabajo alternativo.
El Presidente instruyó conformar un comisión para trabajar las leyes.
Para destacar
El Ministerio de Trabajo elaboró el proyecto de Ley de la Servidora y el Servidor Público y el Código del Trabajo.
Estos documentos son rechazados por los sectores laborales y profesionales que ya comenzaron sus actos de protesta.
El Presidente desechó ayer los proyectos y anunció que se los elaborará en consenso con los sectores laborales.
Los médicos paceños anunciaron una marcha para este jueves; hoy definirán si mantienen o no en pie la medida.
Gobierno plantea una estructura jurídica para defender al Estado
Procuraduría: Es la primera vez que el Estado boliviano contará con una institución que defenderá sus intereses. Acompañarán su trabajo un Cuerpo de Abogados de las instituciones estatales y una escuela de formación de juristas.
La Prensa.- El Gobierno plantea levantar una estructura jurídica para la defensa legal del Estado. La Procuraduría General, según el proyecto de ley, tendrá el apoyo de un Cuerpo de Abogados exclusivos y una escuela de formación de juristas con especialidad en defensa estatal.
Según el inciso 2) del artículo 6 del proyecto de ley al que tuvo acceso La Prensa, la Procuraduría “representará al Estado ya sea en conflicto entre Estados o entre el Estado y personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que demanden al Estado (plurinacional)”.
El documento, que es analizado por la Comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados, prevé que el organismo sea encabezado por un Procurador General del Estado, que tendrá a su cargo subprocuradurías y direcciones, un Cuerpo de Abogados y una escuela de juristas del Estado (ver cuadro).
El Ministerio de Defensa Legal, que desaparecerá con la creación de la Procuraduría, se ha encargado de abogar por el Estado en al menos tres procesos. El primer pleito está relacionado con la italiana ETI sobre la nacionalización de Entel en 2007. El segundo proceso tiene que ver con la empresa chilena Quiborax, que demandó a Bolivia por la anulación en 2004 de una concesión minera en el Salar de Uyuni.
También se encuentra la demanda por la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB), en 2008, que estaba controlada por Oiltanking GmbH, Graña & Montero SAA y Graña y Montero Petrolera. Las tres inversionistas presentaron notificación de arbitraje el 12 de enero reciente. A ella se podría sumar el proceso de la empresa Jindal, por el lío del Mutún.
Entre las atribuciones que tiene la Procuraduría, según el artículo 6 del proyecto de ley, se cuentan el convocar al Ministerio Público y a los organismos jurisdiccionales a emprender acciones diligentes en procesos que son de su competencia, y asesorar al Presidente y al consejo de ministros en materia constitucional y técnico legal. Además tiene la obligación de coordinar acciones con la Contraloría y la Fiscalía para la defensa de los intereses del Estado.
Otro de los puntos destacados que tiene el proyecto de ley se encuentra en sus artículos 9 y 12, que señalan que el Presidente es quien nombra al titular de ese despacho, a quien sólo se puede revocar el mandato con dos tercios de votos de la Asamblea Plurinacional. Los subprocuradores también son nombrados por el Presidente, mientras que los directores, por el Procurador General.
La presidenta de la Comisión Integrada, Cecilia Ayllón, informó a La Prensa que la norma final está basada en el proyecto de ley que remitió Arce cuando era Ministro de Defensa Legal (ahora es presidente de la Cámara de Diputados). Este documento fue sometido a un análisis por parte de los ministerios de Transparencia y Justicia. “Ya nos han hecho llegar sus informes y una vez que se compatibilice se debatirá primero en la comisión para que luego sea remitido a Diputados, estimamos que eso se dé esta semana”. El oficialismo busca tener aprobada la ley final los primeros días de mayo.
Los parlamentarios opositores desconocen el trabajo que se realiza. El diputado Carlos Eduardo Subirana, de Convergencia Nacional (CN), dijo: “Ni siquiera me llegó un borrador”. Norma Piérola, también de CN, sostuvo que apenas consiguió una copia del documento y tiene sus observaciones, que todavía no fueron tomadas en cuenta. “Esta ley debe enmarcar sus atribuciones en la Ley del Órgano Judicial que todavía no se ha trabajado. Llama la atención que el oficialismo trate esto primero”.
Según el proyecto, el Procurador es nombrado por el Jefe de Estado.
Otros datos
Sobre el personal administrativo, la norma señala que la designación del personal le corresponde al Procurador.
La primera disposición transitoria señala que, luego de aprobada la ley, hay 60 días para dictar los decretos de reglamento.
La segunda disposición transitoria dice que el Gobierno definirá los procedimientos internos para la Procuraduría.
Los edificios sede de la Procuraduría General y de la escuela de abogados del Estado se erigirán en la Ceja de El Alto.
Hasta que se cree la Procuraduría, la Fiscalía General seguirá defendiendo los intereses de la sociedad y del Estado.