Marco Aurelio García, asesor en política internacional del presidente brasileño, Lula da Silva, estuvo nuevamente en el país. Esta vez no vino por cuestiones de la política interna boliviana, sino por asuntos que son mucho más importantes: el análisis de la probable llegada de inversiones en sectores estratégicos de la economía nacional.
La visita de García estaba prevista desde hace algunas semanas para los primeros días de abril y no coincidió con la última etapa de la campaña electoral, lo que, de haber ocurrido, pudo haber sido interpretado como una innecesaria y molestosa inducción oficialista al voto del ciudadano.
No vino solo. García dirigió una importante misión brasileña conformada por funcionarios de gobierno y representantes de destacadas empresas, que vinieron a conocer posibilidades de acuerdos, revisar proyectos o escuchar sugerencias y pedidos de sus pares bolivianos en materia económica. Acostumbrados a una prolongada etapa de sequía de inversiones, que supera el tiempo de la gestión del Gobierno de Evo Morales, hubo que preguntarse si aquella delegación estaba en condiciones de firmar medidas concretas. Pero aún no hay nada concreto.
Entre los gobiernos de Brasil y Bolivia hay grandes diferencias, pero también enormes coincidencias que deben ser analizadas con la mayor objetividad para que las afinidades se traduzcan en medidas importantes antes de que concluya la gestión del presidente Lula. Las más relevantes sintonías entre Evo Morales y Lula da Silva son las proximidades ideológicas, la cuna de ambos líderes y las similitudes en las carreras presidenciales. Y, claro, es importante destacar la alianza estratégica que ambos países supieron desarrollar históricamente, gracias a su extensa frontera común, a las necesidades energéticas del Coloso del Sur y al enorme mercado que tiene ese país.
Sin embargo, las diferencias son estructurales. Brasil tiene una sólida y eficiente política para atraer inversiones; Bolivia no. Aquel país cuenta con poderosas empresas estatales, como Petrobras, que se abren a un modelo de gestión y economía mixtas; el Gobierno de Morales apuesta al poco explicado socialismo comunitario. La política económica de Lula tiene definidas las cuestiones impositivas y otras reglas de juego; al país aún le falta resolver esos asuntos para ofrecer seguridad jurídica. Está visto, entonces, que aquí tenemos mucho que hacer.
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Además, está claro que debemos mejorar la lucha contra el narcotráfico antes de que sea tarde para Bolivia, y Brasil ha expresado ese mensaje muy nítidamente.
Ahora ambos gobiernos deben multiplicar sus esfuerzos para que los proyectos de carácter económico tomen cuerpo y, además, sean oportunos. La mayor importancia de la actual agenda es que ha empezado a discutirse sobre la industrialización de los recursos naturales, el aprovechamiento de la mano de obra boliviana y la puesta en marcha de proyectos centrales para la infraestructura boliviana.
El Gobierno de Lula ha demostrado, reiteradamente y en los momentos de mayor crisis, su respaldo político al presidente Morales. Y fue discreto pero preciso en sus observaciones públicas. Sin embargo, esa afinidad aún no se expresa en medidas de mayor beneficio para el pueblo boliviano. Hoy Brasil es el socio energético más importante de Bolivia, pero su mercado aún no está abierto para los bolivianos.
Editorial – La Prensa