En lo tocante al proyecto siderúrgico de Mutún, tal como se presentan hoy las cosas, encaja plenamente la grafía de un inminente naufragio. Dicho proyecto a cargo de una empresa hindú (Jindal) venía haciendo aguas desde hace tiempo. Todo, a causa de errores e imprudencias en el puente de mando de la entidad estatal que hacía seguimiento a la marcha de un emprendimiento que tantas esperanzas e ilusiones había promovido a las poblaciones aledañas al rico yacimiento de hierro.
Muchos consideran inevitable el desastre, tras el cual los inversores hindúes harán mutis por el foro, desbande al cual seguirían violentas reacciones en los municipios que veían en Mutún la apertura de un ciclo seguro de progreso, con mejores ingresos y niveles de empleo.
No se planificó adecuadamente el régimen de concesión de tierras para la ejecución del referido emprendimiento. Tanto en lo que respecta a términos como condiciones, se omitieron parámetros razonables que acortaran los plazos y facilitaran las respectivas negociaciones.
Resultado: se agotaron plazos temporales cruciales dentro de los cuales la Jindal debía concretar sus inversiones. El cobro de una millonaria suma por concepto de boletas de garantía, según ciertos analistas, podría operar efecto de pitazo de partida para que los inversionistas hindúes se vayan del país.
Es absolutamente necesario que el Gobierno haga todo cuanto le sea posible para que lo anteriormente dicho no acontezca. Si el caso exige flexibilizar exigencias y alargar plazos en cuanto se refiere a ejecución de inversiones, pues hay que hacerlo.
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Perder uno o dos años más es preferible a que el tan ansiado y tantas veces postergado despegue de Mutún se quede en punto muerto, que es lo que inexorablemente ocurrirá si las circunstancias obligan a una nueva convocatoria a propuestas para que la explotación de los referidos yacimientos de hierro recaiga en otra empresa.
Todos sabemos el tiempo que demanda este trámite. No se agota de la noche a la mañana, sino en un largo periodo, que inclusive puede ser de dos a tres años.
Otra dificultad es asociable a la imagen de inseguridad jurídica y desconfianza que hoy promueve Bolivia a potenciales inversionistas del exterior, lo cual hará mucho más difícil todavía que la explotación de las riquezas de Mutún salga adelante y no quede truncada una vez más en perjuicio de la región y del país.
Editorial – El Deber