Con el pretexto de que finalizó el cuarto intermedio para la respuesta de los propietarios del predio de más de 900 ha, el autodenominado ‘movimiento social revolucionario Los Chuturubises’ se instaló con carpas y niños. Frente a estos asentamientos sigue la vigilia de los trabajadores y la fuerza policial para evitar otra invasión como la del 23 de abril, cuando destrozaron el laboratorio y quemaron bienes.
Se violan al menos seis artículos del Código Penal.
Encubrimiento y pasos legales lentos fortalecen a loteadores.
Invasión. Poco a poco regresó la gente que en días pasados salió de los cañaverales. Ahora dicen que no saldrán
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Igor Ruiz | EL DEBER
Regresan para asentarse en predios de San Aurelio
Avasallamiento. El autodenominado ‘movimiento Los Chuturubises’ busca negociar los lotes con los propietarios del ingenio. Jaime Choque fue a parar a Palmasola. Liberaron al alcalde de La Guardia
Luego de participar en una marcha por la avenida El Mechero, las personas que en días pasados habían abandonado las plantaciones de caña del ingenio azucarero San Aurelio regresaron al lugar, pero ahora dicen que no se moverán hasta negociar con los propietarios. Mientras, la parte legal de la factoría sólo espera que la demanda de amparo constitucional les sea favorable para sacar a los ocupantes por invadir esta propiedad privada de más de 900 hectáreas.
El representante de la gente asentada en este predio, que se autodenomina ‘movimiento social revolucionario Los Chuturubises’, José Luis Guachalla, dijo que el viernes por la noche acabó el cuarto intermedio que se dieron para ver si alguno de los dueños los contactaba e iniciaban la negociación.
“Queremos pagar por esta tierra, pero ninguno de los propietarios se apersonó, por lo que no nos moveremos y pelearemos los lotes hasta en los estrados judiciales”, expresó Guachalla.
“Se trata de una eclosión social integrada por más de 13.000 personas que de verdad no tienen vivienda. Aclaro también que no estamos afiliados al partido de Gobierno ni tenemos relación con dirigentes como Jaime Choque o Diego Roca”, acotó Guachalla.
Mientras eso ocurría en la parte cercana a la curva de El Mechero, en la zona aledaña a la vía abierta para unir los distritos 8 y 9 por el sexto anillo, donde está en construcción un mercado, la gente asentada dijo que son ex trabajadores de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y que no saldrán de los lotes.
“Sabemos que un diputado oficialista está tramitando un proyecto de ley para expropiar esos terrenos y entregarlos a la gente que ahora los ocupa”, agregó Guachalla.
Enfrente de estos terrenos hay un campamento donde los propios trabajadores del ingenio montan guardia para evitar otra invasión como la sucedida el 23 de abril, cuando destrozaron el laboratorio.
“La Policía reforzó la guardia para evitar cualquier ingreso que perjudique más a la fábrica, que deja de producir 10.000 quintales de azúcar por día”, reveló Címar Guzmán, encargado de producción del ingenio.
Ante esta nueva invasión el abogado de San Aurelio, Osvaldo Martorell, dijo que esperan el resultado de la audiencia de amparo constitucional que se llevará a cabo el lunes, a las 10:00, donde espera que la justicia falle a favor.
“La gente que invade un terreno privado sabe que comete delito y al final terminará detenido como sucedió con Jaime Choque, porque además hemos presentado una querella por los destrozos de las instalaciones del ingenio”, agregó Martorell.
Por su parte, el diputado por PPB-CN, Carlos Subirana Gianella, hizo conocer que ante la Asamblea Legislativa Plurinacional está presentando un proyecto de ley de protección a la propiedad privada para que el despojo deje de ser delito de acción privada y se aumente la pena de cárcel para los que incurran en la invasión de terrenos entre cuatro y diez años.
Para conocer
– Loteo. El viernes 23 de abril comenzó el avasallamiento de los cañaverales del ingenio azucarero San Aurelio, situado en la zona sudeste de la ciudad.
– Retiro. Ante las críticas y acusaciones de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) estaba detrás del loteo, el vicepresidente Álvaro García Linera pidió públicamente que desalojen el área. Los invasores salieron.
– Dirigente. El ex dirigente del Comité Cívico Popular afín al MAS, Jaime Choque, fue entregado por los mismos loteadores.
– Marcha. Después de un compás de espera que terminó el 30 de abril por la noche, ayer hubo una marcha que partió de la rotonda del Plan Tres Mil. Luego los participantes volvieron a ingresar al cañaveral.
– Sin lote. Ahora ya no se llaman ‘sin lote’ o ‘sin techo’, sino movimiento social revolucionario Los Chuturubises.
Alcalde de La Guardia, libre, y Choque, a la cárcel
El alcalde de La Guardia, Luis Adolfo Parra, fue liberado de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde estuvo detenido acusado por el Ministerio Público de homicidio, asociación delictuosa y lesiones graves durante la desocupación de un terreno en el kilómetro 9 de la antigua ruta a Cochabamba.
Fuentes de la comuna de La Guardia informaron de que el alcalde Parra fue liberado junto con Mario Gil, propietario del terreno, y Marcia Zambrana de Paredes, de quien se dijo que no es funcionaria edil y, según la Alcaldía, trabaja como comercializadora de terrenos.
Ante la evidencia de que Gil es propietario legal del terreno loteado, la mayoría de los que avasallaron ese predio empezaron a retirarse; no obstante, quedan alrededor de 50 personas que se resisten a abandonar el lugar.
Por otra parte, el viernes fue enviado preventivamente al penal de Palmasola Jaime Choque Apaza, uno de los dirigentes del ‘movimiento sin lote’ que avasalló los predios de San Aurelio.
La jueza Miriam Durán tomó la determinación de que Choque no se defienda en libertad, argumentando que de no ser encarcelado podría influir negativamente en las investigaciones.
Durante la audiencia, el ex líder del Comité Cívico Popular mostró documentos que certifican que él es miembro del MAS y no como lo negaron algunos dirigentes de esta tienda política. Además, rompió estos papeles y dijo que renunciaba a ser masista y que de hoy en más se convertía en ‘evista’, acusando a la gente del vicepresidente Álvaro García Linera de ser quienes le dieron la espalda y quitaron el respaldo político.
Se violan al menos seis artículos del Código Penal
Avasallamiento. Los juristas creen que no se hizo cumplir la ley en los últimos conflictos por la tenencia de tierra en zona urbana. Hay vías legales aplicables que no se cumplen
Organización. Intentaron apoderarse de más de 900 ha del ingenio San Aurelio (foto)
En el caso de la toma de tierras del ingenio azucarero San Aurelio, al menos seis artículos del Código Penal fueron violados, aseguran expertos en temas legales. Consideran que al no actuar en su debido momento para poner freno a los loteadores, la Policía y el Ministerio Público se aplazaron en sus funciones.
Ley en mano, los juristas fundamentaron su parecer al analizar el incidente que comenzó el jueves pasado, cuando cientos de familias iniciaron la ocupación de un predio de más de 900 hectáreas, una propiedad privada que quedó librada a su suerte porque varias instituciones que estaban llamadas a velar por la paz social se excusaron, simplemente no llegaron al lugar del conflicto, o lo hicieron tarde.
El abogado Darwin Prado Paz explicó que el artículo 351 en el que se amparó la fiscal Arminda Méndez, quien primero dijo que el Ministerio Público no intervendrá en asuntos de despojo porque se trata de un delito de orden privado, se trata de un fundamento que es relativamente verdad, puesto que la Fiscalía representa al Estado y a la sociedad, y por tanto no puede hacerse de la vista gorda.
Poco después, la fiscal Méndez cambió su posición con relación a la investigación sobre los loteamientos de tierras en los predios del ingenio azucarero San Aurelio. Anunció que una comisión de fiscales investigará por los delitos de allanamiento que se ocasionaron en la industria.
Prado considera que los artículos 206 y 332 también han sido vulnerados porque el sábado en la noche se registró robo agravado en las instalaciones de San Aurelio. Además se propició un incendio en la fábrica, fuego que pudo extenderse y poner en riesgo incluso a la población en general, ya que en las proximidades existe un surtidor de combustible. En este caso que para los juristas revista mucha gravedad, tanto la Policía como la Fiscalía tardaron en actuar, siendo que las normas ordenan que debían intervención de oficio y de inmediato. En tal sentido, indicó que la autoridad que no cumpla la ley comete el delito de complicidad, tal como lo establece el artículo 23 del Código Penal.
El jurista dijo que si no se toman las previsiones que en cada caso las leyes disponen, hay el riesgo de que Santa Cruz de la Sierra se vuelva una ciudad sin Dios ni ley.
Para el abogado Gerardo Tordoya, cuando hay destrucción de la propiedad privada, aunque sea un alambrado, el Ministerio Público no necesita que los propietarios les soliciten la intervención, debe actuar de oficio.
En lo que respecta al proceso que puede iniciar una persona que se considere víctima de los loteadores, dijo que la vía más rápida es remitir un amparo constitucional, que de ser favorable procede la orden de desalojo que debe cumplir la Policía. Hay otro recurso por la vía penal que abre una querella por el delito de despojo, pero éste es mucho más prolongado y necesita datos de los infractores, pero en muchas ocasiones los avasalladores se protegen y esconden su identidad.
El constitucionalista Wilman Durán señala que la ley es clara cuando establece que la autoridad que no actúa conforme mandan las normas, asume el resultado de la situación. En el caso de lo ocurrido en el ingenio San Aurelio, indica que es probable que sean varios artículos los que se hayan incumplido, pero el primer en ser violado es el artículo 13 del Código Penal. “Cuando una autoridad incumple lo establecido, la consecuencia de esa omisión lo hace responsable”, dijo. Durán considera que es la Policía la llamada a prevenir los delitos y la alteración del orden público y que el Ministerio Público, ante un caso flagrante, está obligado a actuar.
La migración suma la necesidad
La mitad de las familias bolivianas vive en un cuarto alquilado, prestado por parientes o amigos, o en contrato de anticrético. De acuerdo con los datos del censo 2001, en Santa Cruz, 241.227 familias contaban con casa propia, 90.297 tenían cuarto en alquiler, 26.915 dependían de un contrato de anticrético, y 35.139 de ambientes prestados por parientes y amigos.
En las ciudades del eje central del país es donde la cifra de inquilinos es mucho mayor, dado que La Paz registró 97.806 en alquiler y Cochabamba 58.508.
Estas cifras van en ascenso, dado que el departamento cruceño es uno de los que más migración recibe. La mayoría llega en busca de una fuente laboral y con la esperanza de consolidar un nuevo hogar.
Hasta 2001, cerca del 15% de la población boliviana, 1,2 millones de personas, había cambiado de residencia dentro del país y fue Santa Cruz el departamento que recibió a la mayor proporción de los emigrantes.
Según datos del INE para ese año, la migración hacia Santa Cruz alcanzó al 40,2%.
Código penal
– Art. 13. (Comisión por omisión) Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado, por la infracción de un especial deber jurídico del autor que lo coloca en posición de garante, equivalga, según el sentido de la ley, a su causación.
– Art. 351. (Despojo). El que en beneficio propio o de tercero, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio, despojare a otro de la posesión o tenencia de un inmueble, o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes, incurrirá en privación de libertad de seis meses a cuatro años.
– Artículo 206. (Incendio).- El que mediante incendio creare un peligro común para los bienes o las personas, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años.
– Art. 332. La pena será de presidio de tres a diez años si el robo fuere cometido con armas o encubriendo la identidad del agente, si fuere cometido por dos o más autores, si fuere cometido en lugar despoblado.
– Art. 23. Es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aun sin esa ayuda se habría cometido; y el que en virtud de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho.
– Art. 5. La ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio personal, pero sus disposiciones se aplicarán a las personas que en el momento del hecho fueren mayores de diez y seis años.
Encubrimiento y pasos legales lentos fortalecen a loteadores
Avasallamiento. Los propietarios se sienten desamparados. Los avasalladores buscan tener una organización impenetrable. Aprovechan la demora en los trámites de desalojo
Apoderamiento. Muchos vecinos del barrio Pantanal han logrado parcelas a través del recurso de usucapión. Otros aguardan lograr acuerdos con los propietarios
C.Delgado – R. Navia, El Deber
Las personas que se animan a lotear terrenos urbanos mantienen un código de silencio para evitar que se filtre información de cómo operan para consolidar la toma de los predios. La mayoría se escuda en la pobreza para justificar el asentamiento y se esmera por mostrar la intervención como un acto espontáneo de un gran sector de la población que tiene necesidades insatisfechas. Sin embargo, basta acercarse a estos grupos para conocer que se trata de movimientos organizados, que para parcelar tierras manejan planos de ubicación reales.
EL DEBER estuvo en cuatro puntos distintos de la ciudad que fueron tomados por grupos de personas en los últimos nueve meses. Tres de estos casos ya tienen orden de desalojo emitida por un juez, pero ésta no ha sido ejecutada por la Policía, sin que los uniformados expliquen la razón.
De acuerdo con relatos de los mismos involucrados, la primer tarea de los líderes es ubicar el terreno que quieren tomar y luego reunir a un grupo de personas que esté buscando un pedazo de tierra y esté dispuesto a hacer resistencia ante la presión del desalojo. Para asegurarse que el movimiento no se debilite, se pasa lista tres veces durante el día y otro tanto por la noche. Además, cada familia debe munirse de dos paquetes de petardos para usar ante cualquier amenaza.
Se dan modos para obtener información del lugar que van a invadir. Por ejemplo, en la urbanización San Silvestre, ubicada entre el sexto y séptimo anillo de la avenida Santos Dumont, distribuyeron los terrenos con unos planos que lograron de ese predio que está urbanizado. Ahí hay 370 familias asentadas y han instalado hasta un generador de luz.
Los que ahora ocupan ese lugar, justifican dicha acción en la necesidad que tienen de contar con una vivienda y que esas seis hectáreas estaban abandonadas y que se habían convertido en un nido de malvivientes donde se registraban atracos y violaciones.
El avasallamiento se produjo en enero y los dueños de estos predios han presentado tres amparos constitucionales. Han sido favorecidos con una orden de desapoderamiento, pero la Policía hasta ahora no ha podido hacerlo efectivo. “Ni la Policía, ni el Ministerio Público actúan, estamos viviendo una etapa de caos, pero consideramos que tiene que imperar la ley”, sostuvo Reynaldo Irahola Oblitas, uno de los herederos de los terrenos.
La misma situación ocurre en el barrio Totora, ubicado a orillas del canal Guapilo, donde alrededor de 200 lotes han sido ocupados. Allí hay nueve propietarios que intentan lograr acuerdo. La gente se resiste a pagar $us 50 el metro cuadrado, argumentando que cuando ingresaron, hace nueve meses, todo era monte y curichi. Los dueños lograron desalojarlos una vez, pero pronto volvieron a asentarse.
En los predios que fueron tomados en San Aurelio, los ocupantes se mantenían atentos. Se reunían en grupos para organizar la alimentación, el control y la autodefensa. Durante la primera toma del terreno pusieron en marcha su esquema. Manejaron las listas de los miembros como si se tratara de un secreto de Estado. Sólo algunos líderes se identificaron. Extraoficialmente se sabe que son aproximadamente 15 los que encabezaron la primera toma.
En el lugar se podía ver a gente que a menudo habla por teléfono celular: ¿No has venido a registrarte para que te den un lote?, decía una mujer y más allá, un hombre le contaba a otro que se había agarrado cuatro lotes y que por cada uno le habían cobrado $us 100.
Pero también hay quienes decidieron bajar los brazos. David desistió del loteamiento después de que el vicepresidente, A. García Linera, declaró que la toma de San Aurelio no tenía futuro. Eso no le gustó, pero lo que más le molestó fue que los dirigentes hayan optado por tomar listas seis veces al día a los futuros beneficiarios.
Los que ya fueron apresados
Choque, el más visible de los loteadores
Jaime Choque fue el líder más visible en las tomas del terreno de San Aurelio y en la quema de la industria azucarera. También es conocido como dirigente en el Plan 3.000.
Choque dijo que desde hace tiempo apoya el proceso de cambio. Fue detenido y enviado a audiencia, donde se determinó prisión preventiva por el caso San Aurelio, acusado por delitos de allanamiento, incendio y robo agravado, hechos dque tienen entre dos y diez años de privación de libertad.
Valerio Queso fue fichado por la justicia
En mayo del 2009 Valerio Queso, dirigente del Movimiento Sin Techo (MST), ya fue acusado por el Ministerio Público de allanamiento, asociación delictuosa, lesiones y robo agravado por la toma de terrenos en la zona sur de la ciudad de Santa Cruz. EL DEBER intentó entrevistarlo, pero no fue posible.
Moisés Tórrez, del Movimiento Sin Tierra, señaló que el Movimiento Sin Techo está dividido. Por un lado, está el grupo de los traficantes de tierra, que avasallan, y por el otro, se encuentra la gente que necesita.
A la fuerza, algunos logran apoderarse
Los asentamientos no son nuevos en la ciudad, porque la misma municipalidad reconoce que menos de la mitad de los procesos de urbanización que se registran en Santa Cruz de la Sierra están enmarcados en las normas establecidas y que el 60% es producto del avasallamiento.
En el barrio Pantanal hay un grupo de personas que de a poco ha logrado apoderarse de los lotes. Mirtha Ramos, que habita esta zona, indica que allí muchos vecinos se han acogido al proceso de usucapión que permite la ley para los que habiten sus inmuebles por más de diez años. Tiene un familiar que está moviendo sus trámites para lograr este beneficio, ya que vive en ese predio desde hace más de 12 años. Ella no ha logrado una vivienda, porque en el interior de los asentamientos existen conflictos internos. “Hay personas que tienen casas en otro lado y se agarran lotes, pero no viven; en cambio, uno que no tiene y quiere vivir en el lugar, no lo dejan”, enfatizó.
Los que saben que no tienen la posibilidad de tramitar por usucapión, aseguran que quieren pagar por el metro cuadrado que ocupan, pero exigen que se negocie un monto acorde a sus posibilidades. “El dueño nos pedía $us 900 juntos para dejarnos los lotes, pero ¿de dónde vamos a sacar esa plata, si no tenemos ni para alquiler?”, pregunta otra de las personas que está en el intento de conseguir un espacio.
La inseguridad la viven tanto los propietarios de los predios y los mismos loteadores, porque deben vivir en la incertidumbre de saber si la Policía se animará o no a ejecutar el desalojo. Los dueños tienen que peregrinar para que se cumpla dicha orden, mientras los otros se preparan para hacer frente.