Continúa el estado de emergencia y hay temor de una cacería de brujas. En dos meses renovarán la dirección de los colonizadores.
Abucheado: Fidel Surco dirige, ayer, en la sede de la Federación Gráfica de Bolivia, el ampliado de los colonizadores. Recibió insultos y críticas, pero seguirá 60 días más al frente de la Confederación
Colonizadores censuran a Surco y en 2 meses habrá un congreso
Caranavi: El dirigente se mantendrá ese periodo más al frente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y en una reunión que tendrá lugar en Cochabamba se elegirá a nuevos dirigentes.
La Prensa. Como resultado de la movilización de Caranavi, el ampliado de emergencia de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) censuró ayer a su aún principal dirigente, Fidel Surco, y aunque no lo destituyó, decidió convocar a un congreso ordinario dentro de dos meses en Cochabamba.
Según los estatutos de la entidad, en el congreso ordinario se debe cambiar la composición del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Ésa fue la posición de 10 federaciones asistentes al evento, en tanto que tres apoyaron la realización de un congreso orgánico, en el que se evalúa la labor de cada integrante del CEN antes de ratificarlo o destituirlo.
Nueve organizaciones plantearon el reemplazo inmediato de Surco por Juan Barea, secretario general de la CSCIB, o algún otro integrante del directorio. Una dijo que apoyaría a la mayoría.
Sin embargo, a la hora de decidir la destitución de Surco, los asistentes consideraron una presunta intención de Barea de dividir a la Confederación a través de la creación de un partido político.
Los colonizadores se reunieron ayer para recibir un informe de actividades del Comité Ejecutivo y analizar el desarrollo de los sucesos de Caranavi.
El evento debió realizarse desde las 09.00, pero la falta de un local que pueda acoger a los delegados determinó que los debates comenzaran alrededor de las 15.15 en la Federac ión Gráfica Boliviana.
Surco llegó un cuarto de hora más tarde y fue insultado, pero la discusión comenzó alrededor de las 18.30, después de algunos incidentes a causa de la acreditación de los delegados.
Ante los cuestionamientos acerca de su fortuna personal, el aún secretario ejecutivo del organismo dijo que “delito había sido tener una mujer con plata (…) Que me investiguen, carajo”.
A lo largo del evento hubo gritos, incidentes, pedidos de que Surco renuncie, conatos de pugilato y tensión.
Por unas cinco horas, los delegados de distintas federaciones censuraron a Surco, le recriminaron la falta de coordinación y el abandono de sus funciones.
Surco admitió que había cometido errores y mientras escuchaba las críticas, se limitaba a fumar y mascar coca.
La decisión de que dentro de 90 días se convoque a congreso ordinario fue criticada por distintos asistentes al ampliado, aunque el aún principal dirigente de la CSCIB aseguró que “será saludable hacer un cambio y que, por el bien de la Confederación, los próximos dirigentes tendrán que ser representativos y contar con legitimidad”. Al final, Surco salió de la sede de los gráficos rodeado por su custodia personal.
Embajada de EEUU no comenta
La Embajada de Estados Unidos en Bolivia dijo que no hará comentarios por el momento en torno a las afirmaciones formuladas la semana pasada por el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, acerca de la labor del ex funcionario de la desaparecida Dirección General de la Coca (Digeco) y dirigente de los colonizadores de Caranavi, Luis Acho.
Las cuatro autoridades coincidieron en que esta persona recibió en el pasado bonos extraordinarios de esa representación diplomática a través dos agencias del Gobierno estadounidense que operan en Bolivia.
El lunes, Acho huyó a Perú, pero reapareció ayer en el ampliado de emergencia de los colonizadores por entender que al haberse suscrito un acuerdo cesó la persecución política, y pidió una profunda investigación de los hechos.
Caranaveño de 76 años está recluido
Víctor Pacheco Alarcón, de 76 años, está recluido preventivamente en el penal de San Pedro bajo la imputación de la presunta comisión de los delitos de tentativa de asesinato, atentado contra los medios públicos y contra los medios de transporte. Fue arrestado por la Policía el viernes en Turcokala, donde se produjeron fuertes enfrentamientos entre efectivos de las fuerzas del orden y pobladores de Caranavi.
En la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Gregorio Blanco presentó un cuchillo de cocina y un rifle de salón que fue encontrado en la vivienda del anciano, cuya propiedad se encuentra a un costado de la ruta. La Policía requisó ese inmueble durante el operativo, donde encontró el arma de fuego y el implemento de cocina.
El fiscal aseguró que el anciano pudo hacer uso de ese rifle de salón durante los disturbios con la finalidad de causar bajas mortales entre los uniformados, a grado tal que en esa jornada cuatro efectivos sufrieron heridas de bala.
El juez Álvaro Melgarejo valoró, el lunes, esas pruebas y concluyó en que el anciano es, con probabilidad, autor de los delitos que se le imputan y dispuso su reclusión.
Érick Rodríguez, abogado defensor del detendido, lamentó la situación de su representado, pues dadas las condiciones de esta persona de la tercera edad, difícilmente pudo haber tomado parte en los enfrentamientos.
“En Caranavi, como en muchas zonas tropicales del país, las personas tienen armas de bajo calibre que utilizan para cazar. Es una costumbre que data de hace muchos años en esta región. Y todas las familias, no sólo en Caranavi, tienen cuchillos de cocina, son instrumentos necesarios para cocinar, no para matar”.
Junto con Pacheco Alarcón, otros 14 imputados, 13 varones y una mujer, fueron llevados a la penitenciaría de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
Entretanto, ayer recuperó su libertad la última persona que permanecía en celdas de la Policía Judicial, Mary Mamani Callisaya, después de cumplir una serie de gestiones, pues la mujer no tiene cédula de identidad y es vendedora ambulante de fruta en esa capital provincial, por lo que no podía acreditar una fuente laboral.
Fue capturada por la Policía durante los disturbios del viernes y trasladada a La Paz. Al haber sido imputada de los supuestos delitos de atentado contra los medios públicos y contra los medios de transporte, fue beneficiada con medidas sustitutivas, junto a otros ocho aprehendidos, quienes ya regresaron a Caranavi.
Sin embargo, por su situación de indocumentada, el abogado Rodríguez debió realizar una serie de gestiones, tales como obtener un registro domiciliario certificado por el dueño de la casa en la que alquila una habitación y un certificado de trabajo de una pensión en la que era cocinera. Finalmente, al no tener cédula de identidad, no puede viajar al exterior, y se le levantó el arraigo.
En Caranavi hay disconformidad por lo que se obtuvo del Gobierno
EN APRONTE. Una imagen de los días de conflicto, cuando los pobladores de Caranavi se reunían en las calles para organizar los bloqueos.
La Razón. La población de Caranavi está disconforme con los resultados del diálogo con el Gobierno, porque no se liberó a los 14 detenidos, no se logró el resarcimiento económico por los dos fallecidos y otras demandas. A raíz de ello, se mantiene el estado de emergencia.
Un ampliado realizado ayer, desde las 17.00, en la plaza Bolívar de esa ciudad, recibió el informe de los miembros de la comisión que el martes participaron del diálogo con el presidente Evo Morales. Los resultados dejaron disconformes a las bases caranaveñas.
“Seguimos en estado de emergencia”, dijo a La Razón el representante de la Federación Agraria y Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCCA), Sinforiano Cusi.
“Habían dos demandas urgentes que estaban relacionadas con la libertad de los detenidos y el resarcimiento a las familias de los fallecidos que no se han cumplido, además, tenemos el temor de que se produzca una especie de cacería de brujas para detener a dirigentes”, declaró el representante de la colonia de Santa Ana, Rubén Ajata.
En el acta firmada, Caranavi sólo logró la concreción de la instalación de una planta procesadora de cítricos, sin embargo, por decisión de Morales también se construirá otra planta en la región de Alto Beni.
“Si bien hemos logrado un objetivo, todos los demás temas quedaron a medias. No puede ser que hayamos sacrificado vidas por nada, no hay nada sobre la carretera, la electricidad y el agua potable”, afirmó el dirigente de la Junta Vecinal de Santa Fe, Melcías Laruta.
Los dirigentes coinciden en que no será favorable para la provincia de Caranavi tener dos plantas, tanto en la ciudad como en Alto Beni. “Esto puede tener un efecto contrario hacia un futuro, porque es como competir entre hermanos dentro de una casa por un plato de comida”, reflexionó Laruta.
No obstante, Cusi señaló que en la reunión con el Gobierno hubo avances y que el proceso de negociación continuará con el trabajo de las comisiones. “Como dirigentes debemos ser responsables. En relación a los detenidos, queremos que no sólo participe, en la investigación, la Asamblea Legislativa, sino otras instancias imparciales como Derechos Humanos. Así, nuestros compañeros serán sometidos a procesos justos”, explicó el dirigente.
Pese a las observaciones, ayer se conformaron mesas de trabajo para sacar conclusiones que serán planteadas en las reuniones con los ministros de área el próximo martes.
Demandas de la región de Caranavi
Provisión de agua potable a la región las 24 horas del día.
Mejora de la red de electrificación para una veintena de colonias.
Mejoras en la carretera Quiquibey-Caranavi con el asfaltado y señalización.
Senado convoca a Llorenti
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, debe presentar un informe ante la Cámara de Senadores sobre el accionar de la Policía en el desbloqueo de la carretera a Caranavi, informó el senador Adolfo Mendoza (MAS).
La autoridad fue convocada, sin embargo, no confirmó ayer si asistirá o no a rendir el informe, pese a las consultas de los medios en un encuentro sobre seguridad ciudadana en El Alto. La convocatoria fue remitida ayer al Ministerio de Gobierno a las 10.00, a través de una minuta de comunicación.
Llorenti no participó de la reunión que sostuvo el presidente Evo Morales con los dirigentes de Caranavi, quienes lo acusaron de promover una acción represiva con excesos en el desbloqueo de la carretera. La intervención tuvo el saldo de dos muertos y más de 30 heridos.
Bancada respalda a Surco
La bancada de senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) expresó ayer su respaldo a Fidel Surco, quien fue blanco de críticas y ataques por parte de pobladores de Caranavi, que incluso demandaron su renuncia.
"Ofrecemos nuestra solidaridad a Fidel Surco, que es nuestro compañero y también dirigente de los colonizadores, él fue elegido como senador por el departamento de La Paz y no por Caranavi o por Alto Beni", manifestó a la agencia gubernamental ABI el senador Eugenio Rojas.
Con relación a los pedidos de renuncia de parte de grupos de Caranavi, el senador Adolfo Mendoza dijo que "la Constitución Política del Estado amerita un proceso de revocatoria de mandato y la misma se establece recién a mediados de una gestión (dos años y medio)”.
Comisión de Diputados investigará las muertes
La Cámara de Diputados investigará los recientes disturbios y las dos muertes ocurridas la semana pasada durante el desbloqueo de la carretera que comunica La Paz con la Amazonia, informó ayer la parlamentaria oficialista Marianela Paco.
Paco, que lidera la iniciativa, explicó a EFE que la indagación estará a cargo de 21 diputados, entre oficialistas y opositores, de las comisiones de Derechos Humanos y de Defensa, que en las próximas horas definirán un plan de trabajo. "El objetivo final de esta comisión integrada es establecer con claridad quiénes son los responsables de los acontecimientos que se han suscitado en Caranavi", afirmó.
Por su parte, el fiscal de Distrito de La Paz, Williams Dávila, indicó que el caso del comandante departamental de la Policía, coronel Ciro Farfán, quien recibió un disparo en el hombro derecho durante el conflicto, será investigado por otra comisión de fiscales.
“Existe el atentado contra el comandante y (será) tratado por Patricia Santos y Aldo Ortiz. El coronel sigue internado, entonces hay que esperar y después tendrá que declarar”, sostuvo Dávila.
El delito que ambos fiscales indagarán es tentativa de asesinato, dijo la autoridad.