Lo peor que puede sucederle a Bolivia es que sus valores se prostituyan, cuando se da por «buenos» delitos cometidos por indígenas y que por consideraciones políticas y de raza quedan en la impunidad.
El cabildo público de los cinco ayllus de Uncía en la plaza principal de la población. Foto: Radio Pio XII – Erbol.
Una de las más nefastas consecuencias de la política prebendal del gobierno de Evo Morales es el surgimiento de una “moral”, si el término cabe, en la que no se hace una distinción entre lo que es lícito y lo que es ilícito, entre lo que es legal y lo que es ilegal o delincuencial.
Hoy en día vemos que algunas comunidades indígenas reclaman su supuesto “derecho” a vivir del contrabando y del narcotráfico y se escudan para ello en un concepto de autonomías que puede resultar hasta capcioso.
Hace unos días el país se vió conmocionado por la muerte de 4 policías a manos de una comunidad indígena. Se dijo que estos policías extorsionaban a los habitantes de la zona y que en consecuencia se había decidido aplicarles la justicia comunitaria o lo que ellos entienden por ella.
Pero no se quedaron en eso. En realidad fueron mucho más lejos ya que exigían que se les reconozca el derecho de comerciar con vehículos “chutos”, es decir, que fueron introducidos al país por la vía del contrabando. En buenas cuentas lo que pedían era que se los deje practicar con total impunidad una actividad ilícita. Se sabe también que los pobladores del lugar no son ajenos al narcotráfico y su pedido para declarar “zona roja” al norte de Potosí significaría dar carta blanca a este grave delito.
Y esto ocurre no solo en el paupérrimo norte potosino, sino también en varias poblaciones próximas al Chapare cochabambino que, pese a tener mejores condiciones de vida, sus habitantes decidieron cerrar algunas comunidades y dedicarse a fabricar cocaína aprovechando los cursos de aguas de los ríos y la abundante materia prima, hoja de coca.
Si nos trasladamos hacia la región fronteriza con el Perú veremos también que poblaciones enteras se dedican al contrabando y está actividad está prácticamente institucionalizada. Poblaciones como Desaguadero y Achacachi han hecho del contrabando de combustibles su actividad primordial, todo ello a vista y paciencia de la directora de la Aduana Nacional y del gobierno de Evo que por consideraciones políticas no se atreve a ponerle el cascabel al gato.
Es sabido que tanto el contrabando como el narcotráfico generan corrupción; sin ella no podrían subsistir. Solo la compra de conciencias posibilita que continúe existiendo ese submundo en el que se han instalado.
El gobierno del MAS de manera permanente se llena la boca mencionando sus supuestos logros en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo la realidad que vivimos es muy diferente. No solo el contrabando y el narcotráfico se han incrementado en los últimos años, también se ha instalado una actitud permisiva hacia ambas actividades delincuenciales y se las ve como una especie de mal necesario, al extremo que el vicepresidente García Linera justifica los asesinatos de policías y toda suerte de excesos de algunas comunidades campesinas, señalando que hasta en EEUU ocurren estas cosas en barrios marginales.
Lo peor que puede sucederle a un país es que sus valores se resquebrajen y prostituyan, cuando damos por buenas a las actividades delincuenciales que por ser cometidos por «indígenas» quedan en la impunidad, por intereses políticos y la demagogia del actual gobierno.
Recordemos que durante la dictadura de Luis García Meza, Bolivia fue estigmatizada como país de narcotraficantes. Ahora estamos cerca de volver a ser calificados con el mismo rótulo, con el aditamento de contrabandistas y linchadores de seres humanos.
