El juez artífice de la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet fue separado de sus funciones por el juicio oral que se le sigue por investigar los crímenes del franquismo. También se le negó la posibilidad de ocupar el cargo de asesor en la Corte Internacional de La Haya.
Emocionado: Garzón saluda a las personas que se congregaron en la salida de la Audiencia Nacional para manifestarle apoyo
La Prensa. Madrid / EFE.- El juez español Baltasar Garzón, artífice de la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet, dejó ayer con lágrimas su puesto en la Audiencia Nacional tras ser suspendido cautelarmente en relación con el juicio oral que afronta por investigar los crímenes del franquismo.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces en España, aplazó también su decisión sobre el traslado temporal de Garzón a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, donde le ha sido ofrecido a éste un puesto de asesor del fiscal jefe de este tribunal, el argentino Luis Moreno Ocampo.
Entretanto, cientos de personas convocadas por la plataforma contra la impunidad del franquismo se concentraron frente a la Audiencia, en la capital Madrid, para expresar su apoyo al conocido juez.
El CGPJ acordó la suspensión cautelar de Garzón porque aparece imputado en tres querellas ante la Justicia española, una de ellas la de presunta prevaricación al ordenar investigar los crímenes cometidos por el franquismo (1936-1975) ignorando la Ley de Amnistía de 1977 que se declaró sobre ésos y otros delitos de origen político al retornar España a la democracia.
Según explicó ayer en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, la decisión fue adoptada por unanimidad de los 17 vocales y el presidente del CGPJ, Carlos Dívar. Durante la celebración del pleno que decidía sobre la suerte del controvertido magistrado, familiares de víctimas del franquismo se concentraron frente a las puertas del CGPJ en apoyo de Garzón.
El mismo apoyo lo tuvo el juez cuando, tras conocerse la noticia de la suspensión cautelar, abandonaba entre lágrimas (las suyas también), vítores y aplausos de sus compañeros la Audiencia Nacional veintidós años después de cruzar sus puertas por primera vez como magistrado.
El miércoles pasado, el magistrado del Tribunal Supremo de España que instruye la querella contra Garzón sobre los desaparecidos del franquismo, Luciano Varela, ordenó la apertura de juicio oral contra el juez sobre este caso. Un día antes, el martes, Garzón había solicitado al Consejo General del Poder Judicial su traslado temporal a la Corte Penal Internacional de La Haya.
El CGPJ admitió a trámite la solicitud de Garzón de que el Consejo le declare en situación de servicios especiales para trasladarse a la CPI como “consultor externo” de la Fiscalía de ese tribunal durante siete meses.
Al ser ayer suspendido por el CGPJ, no podría en principio marchar a La Haya en situación de servicios especiales, lo que no impediría, sin embargo, que pudiera ir a título particular, según fuentes jurídicas. A la par, el encausamiento de Baltasar Garzón, de 54 años, ha desatado una gran polémica entre sus partidarios y detractores en España.
Garzón tiene dos causas más abiertas en su contra, una de ellas relacionada con el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.
La tercera causa se refiere a su orden de intervenir las comunicaciones en prisión entre imputados del “caso Gürtel” y sus abogados defensores, uno de los mayores escándalos de corrupción política de la historia democrática española, que implica a dirigentes del Partido Popular (PP), principal fuerza de la oposición.
En rueda de prensa, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró el respeto del Ejecutivo a las decisiones del CGPJ y también reclamó que se respete la presunción de inocencia de Garzón. “El procedimiento no ha concluido”, afirmó.
El ultraderechista Manos Limpias, uno de los acusadores de Garzón, tildó de “triunfo de la ley” la suspensión de éste y recordó que no tiene la categoría moral de los jueces antimafia italianos, pues éstos “jamás utilizaron la Justicia en beneficio propio ni se dejaron utilizar por el poder político de turno”.
El magistrado español tiene dos causas más abiertas en su contra.
Llueve el apoyo al juez español
Organizaciones, cineastas, escritores y una multitud salieron ayer en defensa del juez Baltasar Garzón. La plataforma de artistas contra la impunidad del franquismo consideró el procedimiento contra Garzón como un “proceso contra las víctimas”. También se expresaron organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, que lamentó la suspensión y afirmó que Garzón convirtió a España “en un símbolo de justicia para las víctimas de todo el mundo”. En ese sentido, habló también el premio Nobel de Literatura José Saramago, quien aseguró que la suspensión de Garzón es una de las noticias “más tristes” que recibió jamás. Con este juez “sabíamos que las leyes y su espíritu estaban vivos porque le veíamos actuar”.